Gobierno insiste en que proyecto no disminuye competencias de la Contraloría, pese a que el texto sí lo hace.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives arremetió contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga horas después de que la jerarca del ente auxiliar del Congreso expusiera los riesgos asociados al proyecto de Ley Jaguar que el Poder Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa llevar a referéndum.

En un audio de menos de un minuto enviado por el departamento de prensa de Casa Presidencial, Rodríguez señaló que Acosta "leyó otro proyecto de ley" porque, según él, la iniciativa que presentó el gobierno "no tiene ninguna tentativa para disminuir las competencias de la Contraloría", a pesar de que la literalidad del texto de la iniciativa despoja al ente auxiliar del Congreso de instrumentos con los que cuenta actualmente para realizar controles previos. 

Parece que doña Marta leyó otro proyecto de ley, el proyecto Ley Jaguar que presentó el gobierno a consideración de la Asamblea para poder ir a referendo y al Tribunal Supremo de Elecciones para poder recoger firmas, no tiene ninguna tentativa para disminuir las competencias de la Contraloría, más bien queremos fortalecerlas justamente para que no tenga discrecionalidad de escoger qué casos sí y qué casos no investiga, sino que tenga que investigar todos los casos porque queremos que haya compromiso con el uso de los recursos públicos".

El Ejecutivo y su bancada legislativa han sostenido un discurso de justificación del proyecto criticando que, según ellos, la Contraloría no actuó a tiempo en sonados casos de corrupción.

Este martes durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios la jefa del oficialismo Pilar Cisneros Gallo, cuestionó por qué los controles previos "fallan" en casos como "La Trocha, Soresco, Hidrotárcoles, OAS, Yamber, Cementazo, Diquís, hueco fiscal, Cochinilla, Diamante, Azteca, etc", ante lo cual Acosta le recordó a la legisladora que el Cementazo y Yamber están fuera del ámbito de la institución pues fue en el campo privado; en el caso de La Trocha Fronteriza lo ocurrido se enmarcó en un decreto de emergencia nacional donde, según la ley actual, la Contraloría no puede ejercer controles previos; y en el caso Cochinilla habían enviado a Conavi y a la Asamblea Legislativa un informe sobre contratación vial sobre el cual el Congreso abrió un expediente de investigación pero mandó al archivo un mes antes de que estallara el caso públicamente.


El ministro de Comunicación agregó en su ataque a Acosta acusaciones de que ella estaba mintiendo sobre los efectos de la Ley Jaguar y que la funcionaria estaba "enquistada en la institucionalidad costarricense". 

Ella miente descaradamente porque di, está acostumbrada a que ha venido tratando de hacer lo que ha querido. Esto tiene una razón muy simple de ser, la Ley Jaguar viene a clarificar las competencias para que la Contraloría no pueda administrar y eso es lo que posiblemente incomoda a doña Marta Acosta después de tantos años de estar enquistada en la institucionalidad costarricense".

La contralora general señaló este martes que el análisis hecho al proyecto de Ley Jaguar arrojó que tiene el objetivo de desmantelar el actual sistema de control de los fondos públicos, lo que podría debilitar significativamente la supervisión financiera en el país; y que pretende eliminar competencias esenciales que la Constitución otorga a la Contraloría General, así como a las auditorías internas y a la misma Asamblea Legislativa.

Acosta indicó que la propuesta afecta más allá de la contratación de obra pública, ya que la Asamblea Legislativa también perdería herramientas cruciales de control político proporcionadas actualmente por la institución; y que uno de los puntos críticos era la posible eliminación de la capacidad de la Contraloría para fiscalizar la legalidad y eficiencia del uso de los fondos públicos, incluida la supresión de instrumentos vinculantes, lo cual impediría tomar acciones preventivas o correctivas ante posibles irregularidades detectadas.

Además, subrayó que el proyecto podría eliminar los controles preventivos al tiempo que el Ejecutivo pretende contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público, limitando la transparencia y la participación de oferentes.