El pasado domingo 2 de junio participé como persona visitante extranjera en los procesos electorales federales y locales de México, la elección más grande de su historia. En esta jornada se disputaron un total de 20.286 cargos, entre ellos la presidencia de la República, congreso, senado, nueve gobernaciones estatales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Una elección de dicha magnitud reviste de especial interés no sólo para el futuro del pueblo mexicano, sino de todo el mundo.

La defensa de la democracia constituye una tarea permanente, que no se circunscribe únicamente al período electoral. No obstante, sin elecciones libres y transparentes, no hay democracia. México acudió a unos comicios en los que 99 millones de personas fueron convocadas a las urnas, en medio de un ambiente de incertidumbre marcado por la violencia política, pero al mismo tiempo con un sentido de esperanza de elegir un gobierno que represente las aspiraciones de una sociedad aún golpeada por la inseguridad, migración forzosa, desigualdad y violencia de género.

En México la responsabilidad del crecimiento y consolidación democrática recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), que a partir de una reforma constitucional de 2014 se convirtió en la institución encargada de unificar criterios para la organización de comicios. Hablar de una autoridad nacional para garantizar la democracia, en un país como México, no es una cuestión menor si se considera que por 71 años consecutivos gobernó un único partido y que su pueblo se ha visto afectado por el crimen organizado, así como por la violencia institucional. Por esta razón, es preciso y justo reconocer que el INE, aún con espacios de mejora, tiene el mérito de llevar a cabo la logística y organización de un proceso electoral de grandes dimensiones.

Durante la experiencia de los días previos y el propio día de los comicios, pude constatar que, en conjunto con las tareas propias de garantizar la plena instalación, apertura y uso de las casillas electorales, el INE promueve una agenda sustantiva de interés para la ciudadanía. Por ejemplo, la institución tiene un importante protagonismo en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la política, uno de los flagelos que más amenaza el ejercicio de derechos político-electorales en la actualidad. Asimismo, percibimos una preocupación genuina de la institución por proteger los derechos de las poblaciones vulnerables durante el proceso electoral, las personas mayores de 65 años tienen prioridad para ingresar a las casillas de votación (aunque aún deben adoptar mecanismos para agilizar su acceso a las mismas), existe la posibilidad de voto anticipado y desde el domicilio para personas con dificultades de movilidad, y existe una promoción de los derechos de la niñez en el marco de las actividades proselitistas.

La ejecución y sostenibilidad de la elección durante la jornada, con una duración de 10 horas, requiere de un recurso humano amplio. Las personas funcionarias de las casillas electorales son elegidas al azar y posteriormente citadas por el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de colaborar en los comicios. Una característica particular, ajena a lo que se acostumbra en Costa Rica, es que las personas representantes de las agrupaciones ingresan únicamente para fiscalizar el escrutinio al cierre de las mesas de votación.

México es un país maravilloso, con la alegría y calor humano que le caracteriza, cuya democracia se encuentra en constante crecimiento, pero también existen espacios de mejora para avanzar en proteger su cultura democrática. En las visitas a casillas de votación, se pudo observar desconcierto y estrés (absolutamente esperable), por filas de hasta más de una hora para votar. En este proceso se aprovecharon al máximo los espacios para instalar casillas de votación, en museos, mercados, canchas de fútbol, parqueos públicos, y hasta en los garajes de casas.

Después de esta retadora experiencia de observar el proceso electoral en México, son muchos los aprendizajes para defender la democracia, resaltos algunos. El primero de ellos es nunca dar la democracia por sentada. Costa Rica fue el primer país en recibir una misión de observación electoral, en 1962, y desde entonces, esta práctica ha sido fundamental en América Latina para garantizar la transparencia de las elecciones. Asegurar la presencia de prácticas saludables en democracia no es una tarea individual de cada país, sino conjunta de toda la región para proteger a las nuevas generaciones del flagelo del autoritarismo.

Los tiempos que nos corresponde vivir son complejos. La desigualdad y violencia erosionan cada vez más la confianza en el sistema democrático. De ahí que la participación ciudadana y la democracia directa deben ser nuestras mejores aliadas para consolidar derechos sociales y promover economías equitativas, en la que todos los sectores puedan sentirse representados.

México da una muestra para América Latina de que la democracia es un sistema capaz de fortalecerse, pero mantener dicha fortaleza depende de sus sociedades y sus actores políticos.

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