MEP podría sufrir una reducción de ₡65.199 millones para el 2025.

La Defensoría de los Habitantes ve con preocupación la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal.

La semana anterior el diario La Nación dio a conocer que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2025 disminuiría aún más en relación con el producto interno bruto (PIB), situándose en un 4,8%. Este recorte implicará una reducción de ¢65.199 millones para la cartera. 

La información que también fue compartida por el semanario Universidad se desprende del el oficio MH-DM-OF-0388-2024, enviado el pasado 4 de abril por el jerarca de Hacienda Nogui Acosta Jaén a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro.

Para 2024 la Contraloría General de la República compartió que el presupuesto asignado a la educación pública corresponde a ₡2.601.664,0 millones, esto significa un 5,2% respecto al Producto PIB, que es el más bajo de los últimos diez años.

La Defensoría compartió que según la OCDE, se invierte $9.923 por persona estudiante en primaria y $11.400 dólares por persona estudiante en secundaria. En el país para el año 2022 el MEP invirtió aproximadamente $3.126 por persona estudiante anualmente, lo que significa que el país está muy por debajo de la media.

No desconoce esta Defensoría, que además del tema presupuestario, se requieren de profundas transformaciones de la estructura administrativa que brinda soporte a la educación del país, con el fin de garantizar, en el marco del buen gobierno, principios como el de racionalidad, eficacia, eficiencia y transparencia".

El ente defensor recordó que un aspecto sobre el que se suele hacer mención es que la disminución presupuestaria es el impacto que la reducción en la natalidad está generando a la inversión en educación, lo que más que verse como un ahorro, debe verse como la oportunidad para alcanzar niveles de mayor cobertura a programas, reforzaron.

Para la atención de poblaciones hoy no cubiertas o desatendidas, por ejemplo, atención de estudiantes con ayudas técnicas, aumento de la cobertura de tiempos de comida en escuelas, mejores becas o atención de nuevas rutas de transporte estudiantil".

La Defensoría también llamó a prestar atención a la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en relación con los motivos de no asistencia a la educación formal de las personas de 5 a 18 años, que si bien disminuyeron a partir del año 2018, se registra un repunte en el 2022 en donde se observa un aumento de habitantes que dejaron de asistir a los centros educativos.

Puntualizaron que en el año 2023 registró un aumento de alrededor de 20%, en relación con el 2022, y según la información de la defensoría, a partir de los datos del INEC, entre las principales situaciones un crecimiento de quienes señalaron que trabajan (38%), que prefieren trabajar (20%), que deben ayudar en oficios domésticos (224%), problemas en el acceso al sistema escolar (102%) y no está interesado en el aprendizaje formal (63%).

A ello se suman la disminución significativa que el país ha experimentado en los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional realizadas por la OCDE, en temas como matemáticas, lectura y ciencias, sin dejar de lado la lamentable condición de la infraestructura educativa, agregó la institución.

Lea: Costa Rica dejó de informar sobre factores asociados en pruebas educativas internacionales

Además, según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el 2023 disminuyó aproximadamente un 30% las personas beneficiadas.

La afectación a la educación, resultado de la rebaja en la inversión, producto de reducción del presupuesto así como de la aplicación de la regla fiscal, limita al Estado para brindar las condiciones y las herramientas, para mantener inmersos dentro de las aulas a las niños, niñas y personas adolescentes".

Ante esta situación, la Defensora, Angie Cruickshank Lambert, hizo un vehemente llamado al Poder Ejecutivo, para que el ejercicio presupuestario 2025, incorpore los recursos suficientes y necesarios para alcanzar los máximos históricos invertidos en educación. Igualmente hace un solicitó al MEP y demás instituciones que ejecutan recursos para la Educación, a adoptar las medidas administrativas necesarias, para modernizar sus estructuras y ejercer el cumplimiento constitucional de una educación gratuita y costeada por el Estado.