Mandatario afirma que analistas hicieron esos comentarios por leer "La Nación".
Pese a que fue la misma entidad que creó el concepto de "economía jaguar" que su gobierno ha adoptado como lema, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles desacreditó este miércoles los señalamientos que el Bank of America hizo sobre la "Ley Jaguar" que su administración pretende llevar a referéndum, y que debilitaría el sistema de controles previos que ejerce la Contraloría General de la República (CGR).
Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, la periodista Paula Ruiz de El Observador le consultó al mandatario quién se equivocaba y quién no decía la verdad respecto a los efectos de la "Ley Jaguar", si el gobierno o el Bank of America:
— Periodista: Don Rodrigo, recordará usted que en febrero se bautizó el término "economía jaguar" por parte del Bank of America, que usted lo utilizó en varias ocasiones. Ahora, ellos mismos, sabrá usted que dicen sobre la ley Jaguar, que usted presentó un proyecto de ley y dice específicamente: que puede debilitar la Contraloría y afectar los controles y contrapesos del sistema político. Esto es contrario a lo que ustedes defienden. Entonces, le consulto ¿Quién se equivoca? ¿Quién no dice la verdad? ¿Ustedes como gobierno o el Bank of America?
— Chaves: Obviamente nosotros como gobierno.
Posterior a ese lapsus, Chaves procedió a hacer una traducción al aire del contenido del reporte del Bank of America, destacando los comentarios de los analistas sobre el crecimiento económico, la consolidación fiscal, los aumentos en la nota crediticia por parte de agencias calificadoras de riesgo, así como los resultados de atracción de inversión extranjera directa y exportación. Sin embargo, de seguido, acusó que el comentario que hicieron los analistas del banco sobre la Ley Jaguar estaban basado en lo que ellos habían leído en La Nación:
Luego dicen los analistas del Banco de América, que lo que hacen es leer La Nación, cuatro o cinco editoriales que ha tirado La Nación contra la Ley Jaguar porque ellos no han venido a hablar con nosotros ni con la señora ministra [de la Presidencia] y no han leído el texto, oyen las entrevistas de Marta Acosta que anda en su tour de medios en campaña de descrédito y dice: "el presidente Chaves le presentó al Congreso una ley referendo que podría", repito, "podría", no dice puede, no dice va, debilitar a la Contraloría. "Podría". No dice va, no dice debilitará, no dice aumentará, dice "podría".
En el informe "LatAm de un vistazo. Informe de mitad de año", la empresa de servicios financieros consignó que el "referéndum podría debilitar los controles y equilibrios en la contratación pública".
"El presidente Chaves presentó al Congreso un proyecto de ley de referéndum que podría debilitar la agencia de la Contraloría General y afectar los controles y equilibrios en el sistema político", señala el documento firmado por Alexander Müller y Pedro Díaz.
Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no con despojar a la Contraloría General de la facultad de revisar la legalidad de los contratos de contratación pública antes de que se ejecuten. Así, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos después de que ocurrieran. Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas. Pero si el referéndum se aprueba, necesitará una orden judicial".
De acuerdo con el documento, el gobierno de Chaves está proponiendo "un intercambio entre agilidad y controles y equilibrios", sin embargo, el criterio de los analistas de esa entidad internacional es que "la economía costarricense se beneficia de fuertes controles y equilibrios".
Eso también es uno de los atributos que hace a Costa Rica claramente diferente de sus pares en América Latina y la coloca en un nivel superior en materia de ESG [Environmental, Social, and Governance, (Medioambiental, Social y Gobernanza), criterios utilizados para medir la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión en una empresa o negocio].
Chaves calificó de "falso" el señalamiento de que quieran hacer un "intercambio" entre agilidad y los pesos y contrapesos.
"Eso es falso. El gobierno lo que dice es que no hay que debilitar los cheques (sic.), los pesos y contrapesos ni la verificación, no hay que debilitarlo, de hecho esto es fortalecimiento a la Contraloría para que no nos venga con el "no vio" en el caso de Recope, e interpreto como me da la gana cuando se trata de los recursos de las municipalidades, y tercero, a mis amigos todos, a mis enemigos la ley en el caso de Ciudad Gobierno. Nosotros nunca hemos dicho que exista ese costo en términos del otro", agregó.
La administración Chaves Robles ha calificado como "mentiras" los señalamientos de que el proyecto de "Ley Jaguar" despojaría a la Contraloría General de la República de su capacidad de realizar controles previos sobre las actuaciones gubernamentales, a pesar de la literalidad del texto presentado y de las alertas dadas por la jerarca del ente auxiliar del congreso, Marta Acosta Zúñiga.
La contralora general ha dicho que del análisis hecho al proyecto de Ley Jaguar, lograron determinar que este tiene el objetivo de desmantelar el actual sistema de control de los fondos públicos, lo que podría debilitar significativamente la supervisión financiera en el país; y que pretende eliminar competencias esenciales que la Constitución otorga a la Contraloría General, así como a las auditorías internas y a la misma Asamblea Legislativa.
Acosta agregó que la propuesta afecta más allá de la contratación de obra pública, ya que la Asamblea Legislativa también perdería herramientas cruciales de control político proporcionadas actualmente por la institución; y que uno de los puntos críticos era la posible eliminación de la capacidad de la Contraloría para fiscalizar la legalidad y eficiencia del uso de los fondos públicos, incluida la supresión de instrumentos vinculantes, lo cual impediría tomar acciones preventivas o correctivas ante posibles irregularidades detectadas.
Además, subrayó que el proyecto podría eliminar los controles preventivos al tiempo que el Ejecutivo pretende contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público, limitando la transparencia y la participación de oferentes.