La Asamblea Legislativa salió este jueves a su receso de medio año sin haber votado la solicitud de llevar a referéndum la Ley Jaguar, al tiempo que la Sala Constitucional tiene ahora en sus manos la consulta que sobre ese proyecto hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y una nueva suscrita por once congresistas del Liberal Progresista, Liberación Nacional e independientes.

Pese a que el miércoles por la tarde la oficina de prensa del TSE informó que los magistrados electorales acordaron enviar a consulta constitucional el proyecto de Ley Jaguar, que se tramita bajo el expediente 24.364 y sobre el cual dos ciudadanos pidieron autorización para recolectar firmas para impulsar un referéndum por la vía ciudadana, el oficialismo y la presidenta interina de la Asamblea, Rosalía Brown Young sostuvieron la posición de someter a votación el acuerdo de convocatoria este jueves.

El oficialismo y sus aliados en Nueva República no solo estaban dispuestos a no esperar la resolución de la Sala sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, pese a que el tribunal constitucional dio curso a la consulta y mandó a requerirle al Congreso el expediente certificado de la iniciativa, sino que además insistieron en que la votación se hiciera pese a que había 17 ausencias previstas tanto por permisos previos, como por incapacidades médicas, lo que dejaba apenas 40 potenciales presentes en un día jueves donde, por naturaleza, el quórum de las sesiones es ajustado.

María Marta Carballo, jefa de la Unidad Social Cristiana señaló en la reunión de jefaturas de fracción que votarían a favor de llamar a referéndum, pero cuestionó a Pilar Cisneros Gallo por insistir en que se votara este jueves a sabiendas del quórum ajustado, y de que no tendrían los 29 votos requeridos para lograr pasar el decreto, por lo que cuestionó si la verdadera intención del oficialismo era darle voz a la ciudadanía o simplemente hacer una pose politiquera.

Oscar Izquierdo Sandí, jefe del PLN señaló inicialmente en la reunión que su bancada era respetuosa de lo resuelto por la Sala Constitucional, que el viernes de la semana pasada por mayoría rechazó la consulta legislativa firmada por 22 congresistas, por considerar que no era el momento procesal oportuno, pero más adelante planteó que el proyecto de ley fuera dispensado de trámites y votado en primer debate para darle paso a una nueva consulta legislativa.

El oficialismo ha sostenido que la votación del Congreso no genera la convocatoria a referéndum, pues, según su tesis, una vez aprobado el decreto este se pasa al Tribunal Supremo de Elecciones quien tiene "la última palabra". Esa posición contradice abiertamente la Ley del Referéndum que en su artículo 3, que lista las modalidades de consulta ciudadana que existe, señala que el mancomunado es "convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa", así como el artículo 16 que señala que "la convocatoria a referéndum, acompañada del texto del proyecto, será presentada ante el TSE por quienes tienen legitimación para convocar...".

Llegadas las 3 de la tarde Brown dio por abierta la sesión al señalar que había 39 presentes, anunció que se pasaría a ver la solicitud de convocatoria a referéndum, que no daría recesos en esa sesión, e instruyó a Luz Mary Alpízar, quien estaba fungiendo como secretaria, que diera lectura de la propuesta. Sin embargo, Luis Diego Vargas, jefe del PLP pidió la palabra para indicarle a Brown que habían entregado "un documento" para su consideración.

Ese documento, se informó minutos después, era el recibido de la Sala a la nueva consulta de constitucionalidad impulsada por el PLP, por lo que Brown declaró un receso inicial de 10 minutos que se prolongó varias veces hasta que anunció su decisión: en apego a la resolución de Rodrigo Arias para el trámite de la solicitud de referéndum, la votación quedaba suspendida hasta la resolución de la Sala Constitucional. 

Tras esa decisión se decretaron otros recesos en los cuales las distintas bancadas dieron declaraciones a la prensa.

El grupo oficialista encabezado por Cisneros (quien justo este jueves cumplía 70 años de edad), acusó a los firmantes de la consulta de "patear la bola" y "traicionar" a los costarricenses.

Los liberales se defendieron en una conferencia posterior señalando que desde hace más o menos 15 días habían advertido que iban a proceder con una nueva consulta y que muchos costarricenses que han leído el proyecto tienen serias dudas sobre su constitucionalidad. Vargas dijo:

Es irresponsable hoy darle curso a algo que esté mal hecho. ¿Quién nos va a decir que está mal hecho o no está mal hecho? Nos lo va a decir la Sala Constitucional. Ustedes posiblemente se van a preguntar, si ya presentaron uno, y por qué no le dieron el curso: dijeron que el momento procesal no era el correcto. Nosotros, en esta presentación, en más de 70 páginas, estamos aclarándole a, y con jurisprudencia asociada, le estamos aclarando a la Sala, respetuosamente de que el proyecto tiene las condiciones, el momento procesal, consideramos que es el correcto y así una serie de detalles de fondo. Nosotros no podemos ser irresponsables, nosotros no podemos aprobar para que elijan sí o no sobre algo que en el fondo pueda tener vicios legales, vicios de constitucionalidad".

Por su parte Eli Feinzaig señaló que irresponsable era pretender atropellar la votación sin análisis del proyecto de fondo y sin la oportunidad de que la Sala Constitucional se pronuncie, y que estaban convencidos de que los argumentos que presentaron al tribunal eran importantes.

Oscar Izquierdo Sandí, jefe del PLN dijo que se mantenían en la posición de querer que los costarricenses fueran a referéndum, pero sabiendo que no había vicios de constitucionalidad en esa consulta, por lo que era necesario tener certeza jurídica.

Lo que más nos interesa es saber por el fondo si es inconstitucional o no, para evitar que los costarricenses vayan a un referéndum donde se gasten más de 3 mil millones de colones y que al final de cuentas se decrete que es inconstitucional".

Izquierdo calificó además de "extraña" la insistencia de pedir que se votara este jueves a sabiendas de que iban a perder la votación, y confirmó que cada miembro de su bancada tendrá la libertad de decidir si vota a favor o en contra del llamado a referéndum una vez llegue el momento de decidir al respecto.

Por su parte Antonio Ortega Gutiérrez del Frente Amplio dijo que al gobierno le interesaba más el relato que el dato y que era evidente que a ellos les interesaba poco el fondo, sino que lo que querían era una narración para conseguir algo de gasolina para la campaña electoral, "porque ya el gobierno, por lo menos como estrategia, como programa, ya acabó, se quedaron sin nada".

"El país está peor que nunca en materia de seguridad, en materia de salud pública, en materia de educación y el gobierno nos habla de la Ley Jaguar, Ley Jaguar, que al final como lo escuché a un colega terminó siendo un tigrillo, chimuelo y sin uñas", agregó.

Ortega dijo que votarán como bloque, pero que como cada día pasa algo nuevo, están valorando las circunstancias, pero que coincidían en que era necesario esperar el criterio de la Sala Constitucional, al tiempo que calificó de "restrictivo" el primer pronunciamiento del tribunal.

La Asamblea volverá del receso el lunes 8 de julio.

Qué dice la consulta del PLP

La consulta planteada a la Sala fue trabajada, en palabras de Eli Feinzaig, con cinco abogados diferentes y destina sus primeras 17 páginas a exponerle a los magistrados por qué este es el momento procesal oportuno para someter a revisión del tribunal la constitucionalidad del proyecto de ley.

En ese sentido los legisladores recordaron que la decisión de convocar o no al referéndum es un acuerdo legislativo, que tiene una única votación y en consonancia con basta jurisprudencia de ese tribunal, los acuerdos legislativos pueden someterse a consulta legislativa antes de esa votación.

"Esta modalidad [de referéndum] se refiere al acto legislativo denominado acuerdo, y por tanto, se debe considerar en armonía con el artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional analizado anteriormente, por lo que la consulta legislativa de los legisladores se debe aplicar de conformidad con el procedimiento reglamentario, para este caso el correspondiente a los actos de única votación", dice el documento.

Asimismo los consultantes señalan que si la Sala insiste en denegarle a los diputados la potestad de consultar en este momento, estarían obligando a votar un proyecto que tiene evidentes vicios de constitucionalidad.

Respecto al fondo de la propuesta, los consultantes señalan que la reforma que suprime la fiscalización de la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos violenta los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los principios de eficiencia y eficacia administrativa.

Respecto a la reforma que le prohibiría a la Contraloría evaluar de manera preventiva la gestión de la administración pública, la consulta indica que esa medida trasgrede los artículos 7, 11, 45, 183 en relación con el artículo 184 de la Constitución; el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; los artículos 8 y 21 de la Ley de Control Interno, así como los principios de transparencia administrativa, responsabilidad de los funcionarios públicos, rendición de cuentas, progresividad en la normativa de los fondos públicos y el buen servicio de la administración pública.

Además, se indica que prohibirle a la Contraloría suspender la ejecución de actos o contratos en su potestad de investigación, violenta los artículos 183 y 184 de la Constitución, así como los principios de eficiencia y eficacia.

Sobre la reforma pretendida a la Ley de Contratación Pública que el gobierno afirma es necesaria para construir Ciudad Gobierno, los diputados señalan que violenta los artículos 9, 11, 46, 182, 121 inciso 15, 140 inciso 8 de la Constitución, y los principios de libre concurrencia y libertad de empresa, al convertir un procedimiento excepcional de contratación en la regla, lo que llevaría a un uso indiscriminado del mismo.

Respecto a la reforma a la Ley de Control Interno para eliminar los controles preventivos, incluidos los previos, la consulta señala que tal medida trasgrede los artículos 183 y 184 de la Constitución, así como los principios de eficiencia y eficacia.

Finalmente, respecto a la reforma a la Ley de Japdeva que el gobierno afirma es necesaria para construir la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la consulta señala que la medida pretende eliminarle a Japdeva la necesidad de hacer procesos de licitación previos a la escogencia de sus socios estratégicos, lo que trasgrede los numerales 46, 140 inciso 8, 182 y 191 de la Constitución, así como los principios de eficiencia y eficacia.