El pasado 2 de mayo, el presidente de la República anunció la convocatoria del expediente legislativo 23.760 denominado “Ley de impuesto sobre la renta”, el cual tiene casi un año en el congreso. Es importante recordar que las sesiones extraordinarias son aquellas en las cuales el Poder Ejecutivo domina qué proyectos de ley discuten en la Asamblea, y este primer periodo extraordinario que abarcará los meses de mayo, junio y julio, por lo que es de esperar que estos meses estén cargados de discusión tributaria.

Ahora bien, a diferencia de la reforma fiscal aprobada en 2019, este proyecto de ley plantea la derogatoria total de la Ley 7092, vigente desde 1988, para dar paso a una reforma completa de nuestro sistema tributario, específicamente en cuanto a gravar el ingreso de las contribuyentes. Bajo este entendido, el proyecto separa la tributación en tres tipos de contribuyente:

  • El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • El Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas.
  • El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.

En cuanto a la tributación de las personas físicas, la principal variación es que se eliminaría el sistema cedular, es decir, un tratamiento tributario distinto dependiendo del tipo de la renta (salario, dietas, servicios), para migrar a un sistema de renta global dual, donde se propone separar la base imponible de las personas físicas en dos:

  • Una base general, en la cual se integrarán las rentas del trabajo personal dependiente, jubilaciones y pensiones, las rentas derivadas del desarrollo de una actividad económica y los rendimientos del capital inmobiliario.
  • Una base especial, en la que se agruparán las rentas del capital mobiliario y las ganancias del capital.

Resulta muy interesante, y equitativo, que el proyecto propone un ingreso mínimo vital, el cual se establece en la suma de 10.104.000 colones anuales, con lo cual se elimina la distorsión existente actualmente entre asalariados y profesionales independientes, donde la base exenta de éstos últimos es menor. Ahora bien, en cuanto a la base general, se propone una tarifa progresiva que va desde 10% hasta 30%, dependiendo del tramo en que se ubique la persona física. El cálculo de la base imponible especial se realizará integrando las rentas del capital mobiliario, sobre las cuales se pueden deducir ciertos gastos, y las ganancias y pérdidas del capital del periodo, aplicando una tarifa del 15%.

En cuanto a las sociedades, el impuesto recae sobre las rentas de fuente costarricense que perciban las personas jurídicas, incluyendo aquellas derivadas del ejercicio de una actividad económica, así como las rentas de capital y ganancias de capital, las cuales, por tratarse de rentas pasivas, se gravarían también las generadas en el exterior sin excepción alguna, a diferencia de la normativa vigente que solo grava las rentas extraterritoriales en casos puntuales.

Cómo aspecto más llamativo y de evidente mayor impacto, el proyecto plantea que las sociedades tengan una tarifa única del 30%, con independencia de los ingresos brutos que haya tenido la persona jurídica durante el ejercicio fiscal. Es decir, se abandona la progresividad del tributo para las sociedades. Cómo novedad positiva, se permitiría la deducción de impuestos pagados en el exterior, con el fin de evitar la doble tributación y evitar la pérdida de competitividad.

Es necesario apuntar que se mantiene el tratamiento tributario preferencial para las micro y pequeñas empresas inscritas ante el MEIC o ante el MAG, pero se reduce el plazo actual de periodos con beneficio y el tamaño del incentivo fiscal.

Con respecto a los no residentes, sean personas físicas o jurídicas, se establece un tipo proporcional único del 15% que aplicará sobre el monto bruto correspondiente a la respectiva renta, con lo cual se elimina la diversidad de tarifas que existe en la actualidad, simplificándose el sistema tributario.

Es importante apuntar que el proyecto también plantea una reforma para los contribuyentes del régimen simplificado.

El proyecto plantea muchos más cambios y regulaciones específicas que deberán analizarse y que, sin duda, tendrán amplia discusión en la Asamblea Legislativa en los siguientes meses, donde esperamos que el norte sea la técnica legislativa, el bien común y mantener el dinamismo económico con la creación de empleo.

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