Junta Directiva volverá a conocer el tema el próximo miércoles.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no logró definir este jueves el futuro del nuevo Hospital de Cartago tras varias horas de sesionar, y en su lugar aprobó requerir nuevos criterios e informes para volver a analizar el asunto la próxima semana.

El máximo órgano de decisión institucional empezó a sesionar este 16 de mayo en horas de la mañana con dos puntos de agenda, siendo el primero el tema del hospital de Cartago y el otro temas referentes al EDUS.

Por horas y antes del almuerzo, la Junta Directiva escuchó los criterios de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y de la Dirección Jurídica, las cuales chocaron respecto a la posibilidad de adjudicar a la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. (PRODEMEX), que recibió la calificación más alta entre precio y plazo con un 98.22% de un 100% posible, versus la Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A. que obtuvo un 83,01%, el Consorcio Edica HMPJ que obtuvo un 79.90% y el Consorcio Edificar-Estructuras 2022 que obtuvo un 74.09%.

Dato D+: La empresa mexicana obtuvo la nota máxima en el rubro de precio (80%) pues ofertó el precio mínimo. El resto de empresas obtuvieron la nota máxima en el rubro de plazo (20%) pues ofertaron completar la obras en el plazo más corto.

La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías recomendó adjudicar a la empresa PRODEMEX por 314.18 millones de dólares y un cronograma de 264 semanas (cinco años), desglosado en 213.25 millones de dólares para el diseño y construcción, y 100.93 millones de dólares para el equipo médico, mantenimiento y el edificio de estacionamientos complementarios y área familiar.

Sin embargo, la Dirección Jurídica objetó la recomendación que hizo la GIT a favor de PRODEMEX exponiendo a los directivos dos razones que considera "insubsanables". La primera, es que la empresa mexicana no estaba inscrita de previo ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA); la segunda, que su apoderado especial en Costa Rica estaba moroso con la Seguridad Social, lo que hacía inaceptable su oferta.

La GIT objetó el criterio de la Dirección Jurídica indicando que según pronunciamientos previos de la Contraloría General de la República, sustentados estos a su vez por criterios vinculantes de la Procuraduría General de la República y el propio CFIA, la inscripción previa no es requerida para la fase de participación y presentación de ofertas; mientras que sobre el segundo punto, la empresa PRODEMEX cambió su apoderado especial en Costa Rica y éste sí estaba al día con la Caja.

Los directivos no entraron a discutir sobre por cuál criterio jurídico decantarse pues Jorge Luis Araya Chaves, a nombre de los representantes de la Uccaep en la junta, planteó una moción requiriendo a la GIT que emitiera un informe técnico donde ampliara, explicara, justificara y fundamentara las razones por las cuales se consideraba que el precio ofertado por PRODEMEX no era "ruinoso", así como un informe técnico que ampliara, explicara, justificara y fundamentara las razones por las cuales era válido y procedente asumir la experiencia reportada por la empresa mexicana. 

Dato D+: Se define como "precio ruinoso" o no remunerativo para el oferente aquel que haga presumir que el precio ofertado es insuficiente para cumplir las obligaciones contractuales adquiridas por insuficiente retribución.

Aunque la moción fue aprobada y daba un plazo de una semana para rendir esos informes, la junta requirió que los mismos sean presentados el miércoles de la próxima semana pues la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez dijo que estaría de vacaciones el martes, mientras que la directiva representante de los trabajadores, Martha Rodríguez González dijo que el jueves tenía audiencia ante el órgano director de un procedimiento en su contra por parte del Consejo de Gobierno.

Funcionarios de la GIT y de la Dirección Jurídica presentes en la sesión acordaron, además, reunirse de nuevo para intentar consensuar sus criterios jurídicos y no dejar en una encrucijada a la Junta Directiva respecto a si el oferente mejor calificado puede ser adjudicado o no.

En caso de que la oferta de la empresa mexicana no sea adjudicada la segunda mejor evaluada era la de la empresa Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A., aunque el directivo representante de los trabajadores, José Luis Loría advirtió que el costo era $80 millones superior al de la oferta más barata.

Respecto a la conveniencia de construir o no en el terreno que la Caja compró en El Guarco, los directivos representantes del sector patronal y del sector de los trabajadores rechazaron una moción de los representantes del Estado para requerir al Ministerio de Salud que se pronunciara sobre la viabilidad de construir el nuevo hospital en dicho terreno.

Patronos y trabajadores se unieron para rechazar la moción por considerar que tal requerimiento es prematuro, pues el permiso de funcionamiento (por las características de lo que se evalúa en él) se pide al Ministerio de Salud hasta que el hospital está construido y no antes, por lo que adelantar el trámite podía sentar un precedente negativo para futuras obras de infraestructura.

La postergación de la decisión se tomó mientras un grupo de personas protestó a las afueras del Oficentro Don Bosco, donde sesionaba la Junta Directiva, exigiendo que se defina ya la construcción del nuevo centro hospitalario, pues el actual está colapsado y obsoleto tras 130 años de funcionamiento.

La diputada cartaginesa por Liberación Nacional, Paulina Ramírez Portuguez lamentó el nuevo atraso en la toma de decisión por parte de la Junta Directiva.

"Teníamos la esperanza de que esta decisión se diera, pero bueno, escuchamos nuevamente a la presidenta de la Caja con nuevas dudas, nuevas observaciones y nuevas excusas, cuando ya han sido temas que han sido zanjados, como por ejemplo el tema del Colegio de Ingenieros y Arquitectos", señaló.

No podemos esperar más, esta lucha la vamos a seguir dando, no vamos a claudicar hasta que tengamos la adjudicación del Hospital de Cartago y esperamos que este miércoles la Junta Directiva finalmente tome la decisión, se ponga la mano en el corazón porque tenemos muchas familias y muchas personas, más de 600 mil cartagineses, que tenemos en riesgo nuestra salud y la vida.