Investigación periodística afirma que el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba directamente involucrado.
Una investigación conjunta del diario británico The Guardian y las revistas israelíes +972 y Local Call reveló que Israel ha llevado a cabo una operación secreta durante casi una década para sabotear las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes de guerra en Gaza con una campaña que incluye espionaje, hackeo, presión y amenazas contra altos funcionarios de la CPI, según las fuentes de inteligencia y documentos revisados.
La publicación de esta investigación periodística surge días después de que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunciara que había solicitado se emitieran órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamás, y que advirtiera en su mensaje que cualquier intento de interferir en la labor de la corte sería tratado como un delito. Aunque Khan no especificó los detalles de la interferencia, la investigación de los medios ha arrojado luz sobre las tácticas empleadas por Israel.
De acuerdo con la investigación, los servicios de inteligencia israelíes interceptaron comunicaciones de funcionarios de la CPI, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos de Khan y su predecesora, Fatou Bensouda. Este espionaje permitió a Israel obtener información privilegiada sobre las intenciones y planes de la CPI, brindándoles una ventaja significativa para anticiparse a las acciones de la corte.
Estas acciones ilícitas continuaban incluso en meses recientes y de acuerdo con la investigación periodística, así fue como se filtró la intención del fiscal de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y otras personas.
De acuerdo con las revelaciones de los tres medios, el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba directamente involucrado en la supervisión de estas operaciones de espionaje. Netanyahu, junto con sus asesores de seguridad nacional, coordinó con agencias como el Shin Bet (Servicio de Seguridad Interna) y la Unidad 8200 (la unidad de inteligencia cibernética de las Fuerzas de Defensa de Israel) para llevar a cabo estas actividades encubiertas.
Netanyahu ha sido primer ministro de Israel de 1996 a 1999, de 2009 a 2021 y desde diciembre de 2022 a la fecha.
Netanyahu ha sido primer ministro de Israel de 1996 a 1999, de 2009 a 2021 y desde diciembre de 2022 a la fecha.
Además del espionaje, la investigación señaló que Yossi Cohen, exdirector del Mossad (el servicio de inteligencia exterior de Israel), dirigió una operación encubierta contra Fatou Bensouda, quien fue fiscal jefe de la CPI antes de Khan. Esa operación incluyó intentos de intimidación y amenazas para disuadir a la CPI de continuar con sus investigaciones sobre los actos de Israel en la Franja de Gaza.
Según revelaron los medios, la Corte Penal Internacional ha estado al tanto de los intentos de interferencia y espionaje y ha implementado diversas contramedidas para protegerse de estos ataques.
En respuesta a estas revelaciones, Karim Khan reiteró la determinación de la CPI de continuar con su trabajo sin dejarse intimidar por presiones externas y afirmó que las principales pruebas y documentos de sus investigaciones permanecen seguros y protegidos contra posibles intentos de sabotaje.
Desde que Palestina fue aceptada como miembro de la CPI en 2015, Israel ha visto la posible jurisdicción de la corte como una amenaza existencial, por lo que desató una campaña agresiva para socavar el trabajo de la CPI, que incluyó la vigilancia y espionaje de ONG palestinas que colaboraban con la corte y esfuerzos para influir directamente en las decisiones de los fiscales.
De acuerdo con The Guardian, la investigación periodística conjunta incluyó entrevistas con más de dos docenas de agentes de inteligencia y funcionarios de gobierno israelí pasados y actuales, altos cargos de la Corte Penal Internacional, diplomáticos y abogados familiarizados con el caso de la CPI y los esfuerzos de Israel para sabotearlo.
Un portavoz de la oficina del primer ministro de Israel dijo: "Las preguntas que se nos envían están repletas de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a dañar al Estado de Israel". Un portavoz militar agregó que: “Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] no realizaron ni realizan operaciones de vigilancia u otras operaciones de inteligencia contra la CPI”.
Desde su fundación en 2002 la CPI ha fungido como un tribunal de último recurso para perseguir a individuos acusados de las peores atrocidades cometidas en el mundo. Desde entonces, ha imputado al expresidente de Sudán, Omar al-Bashir; al expresidente Libia, Muammar Gaddafi y más recientemente, al presidente de Rusia, Vladimir Putin. La solicitud de órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, constituye la primera vez en que un fiscal de la CPI pide algo así contra el líder de un aliado de las naciones occidentales.
La CPI investiga las acciones de Israel contra Palestina desde enero de 2015, luego que el país aceptara la jurisdicción de ese tribunal, algo que pudo hacer luego que la Asamblea General de las Naciones Unidas le diera rango de observador permanente en 2012, un acto que funcionarios israelíes calificaron de "terrorismo diplomático".
Desde entonces, reveló un exfuncionario de inteligencia israelí entrevistado para la investigación, Israel ha llevado al "establishment militar y político" a considerar la contraofensiva contra la CPI "como una guerra que debía ser librada, y una en la que Israel necesitaba ser defendida".
Otro exfuncionario de defensa familiarizado con la operación israelí contra la CPI dijo que la decisión de Palestina de unirse al tribunal había sido "percibido como cruzar una línea roja" y "quizás el movimiento diplomático más agresivo" realizado por la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania.
El 16 de enero de 2015, pocas semanas después de que Palestina se uniera a la Corte, la entonces fiscal Fatou Bensouda abrió una investigación preliminar sobre lo que en la jerga legal del tribunal se llamaba "la situación en Palestina". Al mes siguiente, dos hombres que lograron obtener la dirección privada del fiscal aparecieron en su casa en La Haya, se negaron a identificarse y dijeron que querían entregarle una carta a Bensouda en nombre de una mujer alemana desconocida que quería agradecerle. El sobre contenía cientos de dólares en efectivo y una nota con un número de teléfono israelí.
The Guardian publicó los resultados de la investigación este 28 de mayo
Fuentes de The Guardian con conocimiento sobre la investigación que la CPI hizo sobre el incidente dijeron que, si bien no era posible identificar a los hombres ni establecer completamente sus motivos, se concluyó que Israel probablemente estaba haciéndole saber a la fiscal que sabían dónde vivía. La CPI informó del incidente a las autoridades neerlandesas y puso en marcha medidas de seguridad adicionales, instalando cámaras de seguridad.
Varias fuentes israelíes dijeron también, en el marco de la investigación periodística, que el liderazgo de las Fuerzas de Defensa de Israel quería que la inteligencia militar se uniera al esfuerzo de espionaje contra la CPI para asegurar que los altos mandos fueran protegidos de eventuales cargos criminales y para abordar las preocupaciones de funcionarios que se negaban a aceptar posiciones en Cisjordania por temor a ser procesados en La Haya.
Los medios también revelaron que al haberle impedido a la CPI visitar Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, Israel empujó a la corte a realizar sus investigaciones vía telefónica, lo que facilitó las labores de espionaje sin necesidad de instalar software alguno, dado el gran acceso y conocimiento que tienen de la infraestructura de telecomunicaciones de los palestinos.
Una de las fuentes que habló con estos medios reveló que el departamento de inteligencia israelí tenía los nombres de alrededor de 60 personas que estaban siendo espiadas, la mitad de ellos palestinos y la otra mitad de otros países, incluido personal de las Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional.
La investigación también reveló que el espionaje israelí llevó a que el gobierno de ese país designara tiempo atrás a algunas fuentes y potenciales testigos de la CPI como personas u organizaciones terroristas, incluida la ONG palestina Al-Haq en 2021. Esa movida fue rechazada por varios países europeos y aunque Israel compartió "su inteligencia" con la CIA de Estados Unidos para respaldar su acusación, dicha agencia señaló que no había evidencia creíble de que la organización fuera terrorista.
Según las revelaciones, Israel también empleó el espionaje para saber cuáles incidentes y casos estaba indagando la CPI, abrir retroactivamente expedientes de investigación a funcionarios presuntamente involucrados y así alegar que la Corte carecía de jurisdicción, pues la situación estaba siendo analizada localmente.
