Defensoría advirtió que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justicia es limitada.

La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a la institucionalidad pública para enfrentar con mayores herramientas la violencia hacia las mujeres.

Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas, así como indolencia ante el impacto en sus familias y sus propios hijos e hijas.

Para la Defensoría esta situación advierte que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justicia es limitada. En comunicado a la prensa el ente defensor indicó:

Toda esa violencia hacia las mujeres, así como hacia las niñas y adolescentes es prevenible y, por ende, demanda la ejecución de los mayores esfuerzos para evitarla”.

Agregaron que, pese a la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan insuficientes en relación con la dimensión de la problemática. Además indicó que  el alcance es limitado y resulta insuficiente n lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.

La Defensoría ejemplificó que el decreto N° 41240-MP-MCM, se estableció bajo el liderazgo del INAMU, la Estrategia de Atención Itinerante para llevar servicios de atención especializados a las mujeres afectadas por violencia en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, acceso a la justicia, atención en salud y la atención psicosocial. Ello como una extensión de los Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS).

No obstante, estrategias tan pertinentes en lo técnico, se sustentan en la capacidad y disposición personalísima de funcionarias y funcionarios, que requieren ser dotadas con urgencia de los recursos presupuestarios necesarios, compartieron.

La Defensoría destacó el llamado de un grupo de diputadas de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo en procura de la dotación de recursos para la atención de esta problemática. Además solicitaron que el Gobierno explore todas las alternativas posibles, para la consecución del aumento de la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Consideró oportuno que se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar,  particularmente las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal.

Ante este panorama, la Defensoría solicitó al presidente de la República enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para la dotación de los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de esta inversión social y de seguridad y los mecanismos para su pronta ejecución.