Magistradas objetaron el lunes transmitir las sesiones de Corte Plena por YouTube.
Diputaciones de casi todas las bancadas políticas rechazaron la idea surgida en la sesión de Corte Plena el lunes pasado por parte de un grupo de magistradas, para dar marcha atrás con la transmisión de las sesiones de Corte Plena mediante Internet, argumentando razones de "seguridad".
Tal y como publicó Delfino.cr el pasado 21 de mayo, un grupo de juezas encabezadas por Iris Rocío Rojas de la Sala Primera cuestionó que la administración decidiera actualizar los equipos para transmitir en vivo las sesiones de Corte y pasar de transmitir desde la plataforma Vimeo/Livestream a YouTube, tal y como lo hacen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral.
Además de razones de seguridad, las magistradas señalaron que la publicidad de las sesiones de Corte puede cumplirse permitiendo que la gente asista presencialmente en el auditorio donde se realizan, así como leyendo las actas de dichas sesiones.
La posición no encontró eco positivo dentro de la mayoría de las bancadas legislativas.
Johana Obando Bonilla, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) recordó que el artículo 230 del Código Penal ya prevé situaciones donde se utiliza una imagen, un audio o un video de una persona para fines que no son los correctos o sin autorización de esa persona. "Sí se constituye un delito que es perseguido en instancia penal bajo la pena de tres a seis años. Es decir, ya el Estado costarricense cuenta con los medios penales necesarios para la persecución de este tipo de delito", dijo ante consulta de este medio.
Dato D+: Un deepfake es una técnica de inteligencia artificial que permite crear videos, imágenes o audios falsos que parecen reales. Se utiliza aprendizaje profundo (deep learning) y redes neuronales para manipular o generar contenido visual o auditivo de manera muy convincente. Los deepfakes pueden cambiar la apariencia de una persona, poner palabras en su boca que nunca dijo, o hacer que parezca estar en situaciones en las que nunca estuvo.
Uno entiende el malestar de los magistrados o las magistradas porque es el mismo malestar que han sentido todas las personas, funcionarios públicos. Sin embargo, aquí nos encontramos ante el derecho individual de estas personas como funcionarios públicos y ante el derecho colectivo de todos los costarricenses de tener acceso fehaciente y real y en tiempo a lo que dice un magistrado, una magistrada o un mismo diputado o una diputada".
Obando agregó que ante la necesidad del colectivo de tener acceso a información que es pública, no puede privar un interés particular y que así como la Asamblea Legislativa no podía suprimir las transmisiones en vivo de sus sesiones, el Poder Judicial no debía ser excluido de esa norma. "Se tienen que seguir publicando, se tienen que seguir transmitiendo estas audiencias o estas sesiones que ellos realizan para que el público costarricense tenga acceso libre a ellos", agregó.
Lo que sí se debería mejorar es la persecución de los delitos informáticos, ahí nosotros como país tenemos un gran faltante. Es decir, tenemos un Poder Judicial que está atado de manos ante la investigación de estos delitos porque no tenemos ni el personal capacitado adecuadamente y sobre todo no tenemos el recurso económico necesario para darle persecución. Ahí está el verdadero problema, pero no podemos obstruir el acceso al pueblo costarricense porque se está cometiendo este delito".
Leslye Bojorges León, subjefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) afirmó que algunos magistrados "se creen dioses del Olimpo".
"No sé qué esconden al no querer que las transmisiones se hagan públicas y abiertas a la ciudadanía", dijo el legislador ante consulta de Delfino.cr. También recordó que en la Asamblea Legislativa todos los órganos son transmitidos por las diferentes plataformas y que era una práctica que debía de ser regla en las instituciones del Estado costarricense, promoviendo la transparencia y el buen uso de las plataformas de comunicación.
Este diputado Bojorges siempre será un abanderado de hacer las cosas frente a los ciudadanos. Así fue como promovimos el voto público en esta Asamblea Legislativa que hoy es una realidad, y el voto público del fiscal general, no es posible que los señores magistrados busquen prácticas que atentan contra la transparencia".
Antonio Ortega Gutiérrez, jefe de bancada del Frente Amplio calificó de "desafortunadas" las manifestaciones de las magistraturas de la Corte y afirmó que la transparencia tenía que estar en todos los órganos de los poderes de la República: "Así como le hemos exigido al presidente de la República, que cumpla su promesa de que las transmisiones del Consejo de Gobierno iban a ser públicas y transmitidas en vivo, nos parece que el Poder Judicial no debería retroceder", declaró.
Ortega recordó que la propia dinámica de los órganos colegiados, entre ellos la Asamblea Legislativa, permite que si se van a tocar temas delicados o catalogados como "secreto de Estado" se puedan realizar sesiones privadas o se pause la transmisión, por lo que no era "de recibo" que se propusiera dejar de transmitir las reuniones.
Obviamente cualquier jerarca, cualquier persona pública estamos propensos a que se usen nuestras voces y nuestros perfiles para fake news y para la posverdad, sin embargo, creo que ese es un riesgo que siempre existe y la mejor manera de combatir las fake news y la posverdad es publicitando lo que sí es cierto y publicitando lo que sí sucede, porque si no, lo que existe es la opacidad y cuando existe la opacidad es donde crece de mejor manera la posverdad y las fake news".
Oscar Izquierdo Sandí, jefe de Liberación Nacional adoptó una posición más reservada y afirmó que como bancada siempre han sido respetuosos de la transparencia que debe involucrar el proceso de formación de la ley, y que contaban con una serie de canales que llevaban a la ciudadanía el acontecer legislativo en vivo, pero que al mismo tiempo, "esas plataformas también nos exponen al constante acoso digital, amenazas, faltas de respeto y agresiones que incluso tocan a nuestras familias".
En el marco absoluto del respeto a la división de Poderes, nos parece importante considerar que el Poder Judicial es quien aplica la ley y en ese sentido se deben tomar en cuenta estos argumentos al momento de tomar una decisión como esta. Particularmente creemos que es importante tener un balance entre el compromiso con la transparencia y la seguridad de quienes hacemos u aplicamos las leyes".
Delfino.cr también requirió reacción a la bancada de Nueva República pero tras dos días de espera no se recibió respuesta.