En el marco de la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha evidenciado un compromiso por adherirse a estándares y directrices que fomenten el desarrollo socioeconómico. No obstante, el examen de las políticas del Poder Ejecutivo revela una tendencia hacia una interpretación y aplicación selectiva de estos compromisos, suscitando dudas sobre la autenticidad y la integridad de la adhesión del país a los valores de la OCDE.

Recientemente, he sido blanco de un artículo por parte de un medio de una universidad pública, a la que no tuve la gentileza de ser invitado para dar mi versión de los hechos, debido al apoyo a una moción dentro de un proyecto de ley que restringiría el acceso de la Administración Tributaria a datos bancarios sin una orden judicial. Este episodio subraya la manipulación de la OCDE como herramienta política.

En este caso en particular, la actuación del Ejecutivo y su bancada revela una falta de interés por el diálogo y la búsqueda de consensos, optando en su lugar por sembrar temor sobre las implicaciones de ciertas decisiones ante la OCDE. Esta inconsistencia es patente en múltiples áreas, como la gestión del endeudamiento, la protección al consumidor financiero, la transparencia fiscal y la competencia económica, donde los compromisos adquiridos con la OCDE permanecen sin cumplirse.

El informe de la OCDE de 2023 sobre Costa Rica destaca la necesidad de fortalecer el registro de créditos y la protección al consumidor financiero, áreas en las que el Ejecutivo ha fallado en tomar acción.  Lo tuvimos que hacer un grupo de diputados de distintas bancadas —quienes si nos tomamos en serio los compromisos con este organismo— presentando un proyecto de ley (expediente 24.136) para la protección del consumidor de productos y servicios financieros.

Además, enfrentamos la inacción respecto a compromisos fundamentales, como la operatividad efectiva de un consejo fiscal autónomo, esencial para elevar la transparencia y la rendición de cuentas fiscales. A pesar de que la ley para establecer dicho consejo fue aprobada en marzo de 2020, y sus integrantes designados, las acciones subsiguientes necesarias para su funcionamiento óptimo han sido insuficientes. Este organismo enfrenta desafíos críticos, incluyendo ambigüedades sobre sus responsabilidades específicas y la ausencia de un soporte técnico adecuado, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia y propósito real

Del mismo modo, el Ejecutivo ha desatendido sus deberes en el ámbito de la competencia económica. A pesar de contar con una legislación de estándar internacional que estipula financiamiento para la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), el Ministerio de Hacienda ha omitido la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento efectivo. Los costarricenses expresan su descontento frecuentemente respecto al alto costo de los medicamentos y la existencia de prácticas monopolísticas en las licitaciones públicas. No obstante, la institución encargada por ley de investigar y penalizar acciones contrarias al interés público se ve obstaculizada por la falta de financiamiento. Este descuido también constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos ante la OCDE.

Respecto al desafío de mitigar la informalidad laboral, el referido análisis económico de 2023 resalta una notable falta de acción en este ámbito. Se subraya la necesidad de adoptar un enfoque holístico que abarque múltiples frentes políticos, tales como la disminución de las cargas laborales indirectas, la simplificación del proceso para establecer negocios formales reduciendo tanto las barreras burocráticas como financieras, el fomento del desarrollo de competencias en la población para incrementar su empleabilidad en el sector formal, la simplificación tributaria y la mejora en la ejecución de las normativas vigentes. La carga impositiva sobre la nómina en Costa Rica supera el promedio de la OCDE, lo cual representa un obstáculo significativo para la formalización de empleos. Experiencias internacionales, como la de Colombia dentro de la OCDE, demuestran que minimizar los costos laborales no salariales puede ser efectivo en la reducción de la informalidad. Desafortunadamente, el informe destaca la ausencia de medidas concretas durante el periodo evaluado para atender estas recomendaciones, lo que plantea interrogantes críticos sobre el compromiso y las prioridades del país en este aspecto crucial.

En materia de digitalización, Costa Rica sigue rezagada, incumpliendo con las recomendaciones de la OCDE para promover la inclusión digital. A esto se suman otros compromisos pendientes, como la colaboración entre universidades y el sector empresarial, la simplificación del proceso de creación de empresas, y la reforma del sistema de financiamiento de la seguridad social.

Estos ejemplos evidencian una utilización oportunista y selectiva de la membresía en la OCDE, siguiendo recomendaciones únicamente cuando al Poder Ejecutivo le da la gana. Esta postura no solo cuestiona la voluntad política para implementar reformas significativas, sino que también limita las posibilidades de desarrollo sostenible e inclusivo del país.

Es imperativo que Costa Rica demuestre un compromiso genuino con los principios de la OCDE, no solo en el discurso sino a través de acciones concretas y coherentes. La adhesión a esta organización debe ser vista como una oportunidad para impulsar reformas estructurales que fortalezcan las instituciones, promuevan la transparencia y fomenten un desarrollo sostenible e inclusivo.

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