Encuesta realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la UCR abarcó un total de ocho temáticas.

Al menos 7 de cada 10 personas consideran que el Gobierno hace poco o nada para proteger la biodiversidad. Así lo reveló la Encuesta Actualidades 2023, realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

A las personas se les preguntó si percibían que el Gobierno actual se preocupa mucho, poco o ningún nada por la biodiversidad. El 26,4% opinó que el gobierno actual se preocupa mucho, el 50,8% opinó que se preocupa poco y el restante 22,8% cree que no se preocupa nada.

Dato D+: La encuesta fue realizada del 1 al 31 de octubre de 2023 a personas mayores de edad con teléfono celular y la muestra fue de 630 personas. El margen de error de este trabajo se calculó en ± 1,9 puntos porcentuales.

Las personas entre 18 y 29 años fueron menos severas en esta evaluación. Así, 14,9% de aquellos entre 18 y 29 años opinó que el gobierno no hace nada, en comparación con un 23,9% y el 25,9% de quienes tienen entre 30 a 49 años y 50 o más años respectivamente.

A pesar de que la mayoría de encuestados considera que el Gobierno hace poco o nada para proteger la biodiversidad, existe conciencia sobre la riqueza natural del país. El 85,2% afirmó que Costa Rica tiene más biodiversidad que otros países de tamaño similar. En este ámbito resaltó el consenso de la población sobre la importancia de la protección del ambiente.

Específicamente, una amplia mayoría de la población opinó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la protección de plantas, animales y microorganismos permite:

  • Desarrollar la economía (95,1%).
  •  Asegurar que haya alimentos (95,2%).
  • Proteger a las personas de los desastres naturales
    (92,1%).
  • Desarrollar nuevas medicinas (96,1%).

Se indagó además la percepción de las personas sobre las acciones que toma la sociedad costarricense para la protección de la biodiversidad y la autopercepción de las acciones individuales realizadas con el mismo objetivo. Entre los resultados destaca que un 51,8% cree que la sociedad costarricense hace más que otros países para la protección de las especies.

Respecto a la autoevaluación de las acciones individuales, el 40,2% dijo que hace más que el resto de los costarricenses y el 47,0% dijo que hace menos.

El estudio sintetizó:

Las percepciones de los costarricenses sobre la biodiversidad indican un consenso a nivel nacional sobre la importancia de proteger la biodiversidad y sobre la efectividad de las medidas de protección. A su vez, se destaca que la mayoría de los costarricenses considera crucial la protección de las especies, pero el 73,2% cree que el gobierno hace poco o nada al respecto”.

Percepción de que menores de edad están expuestos a violencia psicológica y sexual

La encuesta abarcó un total de ocho temáticas. Las preguntas para cada temática fueron desarrolladas por un grupo de estudiantes con el acompañamiento de una persona experta en el área.

Otro resultado que destacó es que más de la mitad de la población costarricense considera que los dos tipos de violencia, que son altamente probables que les ocurran a las niñas y los niños en el país son la violencia psicológica y la sexual. 

En el trabajo se se exploró la percepción de las personas sobre la probabilidad de que las niñas y niños experimenten distintas formas de violencia, como lo son: el abandono y negligencia por parte de una persona adulta, violencia física, violencia psicológica, y violencia sexual.

Los resultados de este estudio determinaron que, las formas de violencia infantil que los ticos consideraron más probables que ocurran, fueron la violencia psicológica o emocional y la violencia sexual, con un porcentaje del 53,7% de la población encuestada para ambas formas de abuso.

Además, un 47.3% de los costarricenses considera altamente probable que los menores de edad sufran violencia física, y un 43.3 abandono o negligencia por parte de la persona encargada.

En cuanto a las consecuencias de la violencia infantil, el 74,3% de las personas considera que el estrés y la ansiedad son la repercusión más probable que sufrirán los menores de edad que experimenten cualquier tipo de violencia en sus hogares.

Mientras que un 69% considera que la consecuencia más probable es el uso de drogas y la tenencia de armas.

La UCR detalló que estas percepciones coinciden con la realidad nacional. El país atraviesa una problemática social en donde, cada año, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en conjunto con el 9-1-1 recibe miles de denuncias sobre situaciones que violentan los derechos de las personas de edad.

Por ejemplo, en el 2022 el PANI atendió 81.644 situaciones violatorias a los derechos de las personas de edad. De ellas un total de 3 418 están relacionadas a abuso sexual; 11 667 a violencia física; 7 192 a violencia psicológica; 17 065 por negligencia en materia de salud, y 2227 por casos de negligencia por personas menores de edad solos en casa.

En ese mismo periodo el PANI atendió un total de 2533 casos por situaciones violatorias relacionadas con conflictos vecinales, un total de 15 995 casos relacionados a conflictos familiares, un total de 5746 denuncias por menores que estuvieron expuestos a drogas, 201 casos por explotación y un total de 4904 por consumo de drogas.

Por otra parte, el Hospital Nacional de Niños, confirmó que 254 menores fueron referidos al PANI, en el año 2022, luego de que los análisis médicos determinaran que sufrieron violencia física o sexual, mientras que para el año 2023 esa cifra aumentó a 315 menores.

En cuanto a la problemática de la violencia infantil, la investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), Laura Rivera Alfaro, manifestó que la desigualdad social que atraviesa el país contribuye que este fenómeno se fortalezca. Recordó que en Costa Rica alrededor del 40% de las personas menores de edad están en condición de pobreza y hay desigualdad social.

Ahí hay una forma de violencia establecida que es la carencia y la falta de oportunidades que tienen estas personas para resolver sus derechos básicos, y esa es una violencia que como sociedad perpetuamos, que no es solamente intrafamiliar".

Y continuó:

Sabemos que hay violencia infantil en todos los niveles socioeconómicos, pero es en los entornos familiares más desfavorecidos en donde es más probable que se violente el derecho a la educación, o que las personas menores de edad estén más expuestos a otras situaciones de violencia física, sexual o psicológica”.

En su opinión, la pandemia también pudo haber influido en que se diera un subregistro en las estadísticas nacionales sobre los casos de violencia infantil en los últimos años, debido a que los centros educativos (uno de los principales lugares donde se detectan las situaciones de violencia) al estar en modalidad virtual probablemente no pudieron determinar ni denunciar algunas situaciones que violentaron los derechos de las personas menores de edad.

Con respecto al tema de la violencia psicológica, la experta de la UCR afirmó, que en los últimos meses se han venido legitimando discursos en contra de la población menor de edad, por parte de algunos jerarcas, en donde se hace referencia a una generación de cristal. Desde su perspectiva este tipo de mensajes contribuyen a que se desvaloricen las emociones de las personas adolescentes y en cierta forma esto influye en que se normalice el abuso psicológico y emocional.

La encuesta también determinó que el nivel de confianza de los costarricenses con respecto a la labor que ejerce el PANI para atender la violencia hacia los menores de edad en Costa Rica es bajo.

En general, los resultados demuestran que el 32,9% de las personas encuestadas no confían en el PANI, el 40,4% confía poco, el 20,1% confía algo y solo el 6,5% confía mucho.

Sobre esta percepción, Rivera comentó que es importante vislumbrar que, con las políticas de reducción del gasto público, también ha disminuido la inversión del país en programas y acciones para resguardar los derechos de las personas menores de edad.

En su opinión, las instituciones y organizaciones a cargo del resguardo de derechos fundamentales deben seguir resistiendo y buscando otras formas de incidencia política, mediante la cual logren conseguir los recursos necesarios para seguir amparando a estas poblaciones vulnerabilizadas.