MEP no demostró que cambio de modelo proteja derechos de los afectados
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) condenó al Estado luego que el Ministerio de Educación Pública (MEP) cerrara el programa de Servicio Educativo de Adultos Sordos (SESA).
Según informó la oficina de prensa del alto tribunal, los magistrados acogieron el recurso de amparo presentado por el presidente de la Asociación Pro Defensa Derechos Sordos CR que se tramitó en el expediente 23-026015-0007-CO, y en el cual se argumentó que el MEP cerró el SESA y trasladó a los estudiantes sordos a aulas regulares, sin considerar adecuadamente sus necesidades y derechos.
Aunque las partes afectadas y el MEP sostuvieron reuniones en octubre de 2023, el presidente de la Asociación señaló a los magistrados que el modelo propuesto por el ministerio para sustituir el SESA no satisface las necesidades educativas de la población sorda.
Mediante la sentencia 2023-033148 los magistrados constitucionales ordenaron a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro asegurar plenamente y de manera continua el derecho a la educación de calidad, en igualdad e inclusión, para las personas actualmente cubiertas por el programa SESA y la población sorda en general.
Además, la Sala señaló que aunque es responsabilidad del ministerio y sus instancias técnicas determinar el modelo educativo más adecuado, en el expediente no se demostró de manera concluyente que el cambio de modelo protegiera plenamente los derechos de los amparados ni que la transición a otro modelo educativo se hubiera consolidado antes de cesar el sistema actual.
La decisión de la Sala se basó en el derecho a la educación en condiciones de igualdad, especialmente para aquellos en situación de discapacidad, demandando la creación, conservación y desarrollo de programas de enseñanza especiales e inclusivos.
La forma intempestiva en que las autoridades del MEP clausuraron el SESA y dispusieron el traslado de los estudiantes activos -así como la matrícula de estudiantes nuevos al CINDEA de Montes de Oca, violentó el derecho a la educación de la población estudiantil sorda.
