Aprovechando la actual campaña para las elecciones locales, los partidos políticos que compiten y la ciudadanía tienen en sus manos —literalmente— una valiosa oportunidad para enmendar uno de los problemas más graves de la gestión municipal: la corrupción. Para eso, los programas de gobierno deben priorizar en un conjunto pequeño de medidas pero de alto impacto y medibles. La reducción de la corrupción es un paso indispensable para aumentar la calidad de vida de los y las habitantes.

Es bien conocido que los permisos de construcción, el otorgamiento de patentes y la contratación de obra pública son áreas de alto riesgo para la corrupción en el ámbito local. En el 2021, el Caso Diamante descubrió una red de corrupción municipal por presuntos sobornos en contratos de empresas constructoras a funcionarios locales. El alcance de la operación del Ministerio Público y el OIJ, los montos y los seis alcaldes implicados generaron un enorme escándalo mediático, pero francamente no sorprendió a nadie.

Según el índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) la gran mayoría de municipalidades estaba en números rojos, no lograban una nota superior a 70. En el más reciente índice de gestión de servicios municipales (IGSM, 2022) de la Contraloría General de la República, ninguna municipalidad logró el nivel avanzado de gestión. En la Procuraduría de la Ética Pública y en la Contraloría General, las municipalidades son las instituciones más denunciadas por irregularidades.

Ante este desafiante diagnóstico, el combate a la corrupción desde los gobiernos locales pasa por activar un círculo virtuoso que incluye tres etapas que se fortalecen y se refuerzan una a la otra simultáneamente: 1) la prevención, 2) la detección e investigación y 3) la sanción. En cada etapa, las municipalidades se deben enfocar en un conjunto pequeño de temas clave y metas medibles, que puedan ir escalando con el tiempo hacia mejores prácticas.

De la revisión de evidencias disponibles, se identifican cuatro temas prioritarios:

Blindar las compras públicas municipales

Las personas que ocupan cargos en la proveeduría institucional tienen una responsabilidad especial para la detección de actos de corrupción, por eso su capacitación, perfil profesional y credenciales éticas son importantes de verificar continuamente.

En Costa Rica ya existen el Observatorio de Compras Públicas, estándares de transparencia para el sector construcción (CoST) y el Mapainversiones, además se pueden utilizar los instrumentos de la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP). Como parte de la prevención, se destaca el impacto que tienen las veedurías ciudadanas de contratos públicos de alto perfil y los pactos de integridad entre proveedores con un árbitro neutral de la ciudadanía.

Garantizar un amplio y oportuno acceso al información y una verdadera rendición de cuentas

A manera de ejemplos, el Índice de Transparencia del Sector Público establece unos criterios mínimos para las páginas web, y el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) ha desarrollado una guía de implementación y autodiagnóstico. La transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Municipal es una buena práctica que es viable sin altos costos y transparenta la toma de decisiones.

Promover la participación ciudadana efectiva en los asuntos municipales

Se requiere capacitación del personal al mismo tiempo que de la ciudadanía para que se haga un uso efectivo de los variados espacios de participación que ya existen a nivel municipal. Una prioridad sería mejorar los canales de denuncia ciudadana, su difusión y seguimiento de resultados. También puede aplicarse periódicamente una herramienta llamada CLEAR que hace un diagnóstico de los mecanismos de participación existentes.

Mejorar la capacidad e independencia de los controles y gestionar los riesgos interna

El fortalecimiento e independencia de los controles internos pasa por un aumento de sus capacidades humanas y financieras, pero también de la comprensión de la función que cumplen. Por ejemplo, el Consejo Municipal podría recibir al contralor de servicios y al auditor interno cada tres meses en sesión municipal pública ampliamente difundida, o tener en su web los informes de auditoría. La Procuraduría de la Ética Pública y el Sistema Nacional de Ética y Valores cuentan con herramientas para crear o actualizar códigos de ética y guías para la identificación y gestión de conflictos de intereses, entre otros.

No hay que inventar el agua tibia. Para cada tema existen herramientas, estándares y buenas prácticas a nivel nacional e internacional de la que los partidos políticos y las futuras autoridades locales pueden echar mano, sin necesidad de reformas legales. La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) priorizó cinco ejes de trabajo que son totalmente adaptables a las municipalidades.

Las organizaciones de la sociedad civil especializadas y la academia son buenos aliados para su implementación. Por ejemplo Transparencia Internacional elaboró un documento llamado “99 maneras de transparentar el gobierno local” y una “Guía para evitar la corrupción en el planeamiento urbano”; por su parte Habitat de Naciones Unidas tiene publicación sobre “Herramientas para apoyar la transparencia en el gobierno local”, entre otras diversas ayudas disponibles de manera gratuita.

Las soluciones y modelos están, las y los electores son los llamados a exigir la voluntad política necesaria en las candidaturas locales para implementar mejoras sustantivas en la lucha contra la corrupción dentro de las municipalidades.

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