El derecho de las mujeres a la participación política y a la representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisión es reconocido por numerosos instrumentos internacionales, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Declaración Universal sobre Democracia.

Este reconocimiento se basa en la premisa de que, para alcanzar la igualdad real, las mujeres deben tener acceso a oportunidades igualitarias a la vida política y pública, que supone no solo el derecho al voto sino también el derecho a postularse y ejercer cargos públicos libres de violencia y discriminación.

La participación política de las mujeres es también un requisito fundamental para el desarrollo sostenible, la paz y la democracia genuina pues facilita la implicación de las mujeres y la consideración de la perspectiva de género en la formulación de políticas más representativas, equitativas e inclusivas.

Sin embargo, las mujeres todavía están sub-representadas en la toma de decisiones en el gobierno, el sector privado y la academia en la mayoría de países alrededor del mundo.  De acuerdo con datos de ONU Mujeres, tomaría alrededor de 130 años alcanzar una gobernanza inclusiva al ritmo de progreso actual. Asimismo, la paridad de género en las posiciones ministeriales alrededor del mundo no se alcanzaría hasta en el 2077.

Los números no son más optimistas a nivel de parlamentos y gobiernos locales. Las mujeres representan solo el 26% de los escaños parlamentarios, según la Unión Inter-Parlamentaria, y no se espera que la paridad parlamentaria sea alcanzada hasta el 2063. De forma similar, las mujeres constituyen solo el 36% de los miembros electos de gobiernos locales en 133 países.

Esta marginalización de la política es con frecuencia el resultado de prácticas y actitudes discriminatorias, así como de estereotipos de género. La CEDAW y la Plataforma de Beijing llaman a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, así como para eliminar las barreras que impiden su participación igualitaria.

Como mujeres embajadoras, saludamos la decisión de la institucionalidad costarricense de implementar plenamente la paridad horizontal en los puestos uninominales en las próximas elecciones municipales como un paso para aumentar la participación política de las mujeres en los gobiernos locales. Asimismo, reconocemos sus esfuerzos para responder a las situaciones de violencia política que intentan disuadir o impedir el ejercicio de los derechos políticos de candidatas y mujeres políticas.

Celebramos el importante liderazgo de Costa Rica a nivel latinoamericano en temas de gobernanza democrática y animamos al país a redoblar esfuerzos para progresar significativa y sistemáticamente hacia una representación más igualitaria e inclusiva.

Desde nuestro grupo de embajadoras por la Democracia, continuaremos apoyando a nuestros socios de la sociedad civil y del gobierno para fortalecer el acceso de las mujeres a información, oportunidades de formación y mentoría que les permitan ejercer efectivamente sus derechos.

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