El auge desmedido de la criminalidad organizada en América Latina y con evidentes consecuencias en Costa Rica en términos de pluralidad de manifestaciones y gravedad del impacto de las mismas, ha traído una singular erosión de la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar social, al tiempo que se agrietan los principios de la democracia, así como los derechos fundamentales y se produce el contagio criminal del sistema económico y financiero.
Ante esta situación de extrema gravedad, muchos gobiernos latinoamericanos han recurrido al empleo de sus fuerzas armadas para contrarrestar la amenaza criminal, ¿pero y Costa Rica sin ejército desde hace más de 7 décadas? ¿Han funcionado los ejércitos ante esta creciente criminalidad? Y, es que, dentro de sus novedosas atribuciones, esos ejércitos han apostado por el empleo estratégico de las capacidades de inteligencia en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero entonces, ¿es que carece nuestra fuerza policial de estrategia en su capacidad de inteligencia operacional?
Esto abre el debate sobre la adecuación, no solo del recurso policial, sino además de personal con titulación profesional en Ciencias Criminológicas, Ciencias Policiales, Investigación Criminal, Prevención del Delito, carreras que son impartidas en universidades costarricenses, esto debido a lo delicado de implicar a personal policial en labores de inteligencia dentro del territorio nacional desligados de todo conocimiento por tener si acaso sólo educación media, con todos los inconvenientes y carencias que se pueda tener en términos operativos y de respeto al Estado constitucional, social y democrático de derecho.
A grandes rasgos, la delincuencia organizada constituye un problema de seguridad, a nivel nacional, regional e internacional, por eso se requiere de mucho conocimiento geopolítico, de estrategia y defensa para abordar este dilema, habida cuenta de su creciente transnacionalidad, que puede llegar a sobrepasar (si no es que ya lo sobrepasó), los esquemas ordinarios de respuesta requiriendo medidas excepcionales.
Y de cómo se gestione dicha excepcionalidad, la democracia y el Estado de derecho resultarán fortalecidos o, por el contrario, se abrirán espacios de incertidumbre que el Estado deberá afrontar (mientras la ciudadanía lo padece), no ya en el plano de la lucha contra la delincuencia organizada, sino en la esfera de los derechos, libertades y garantías constitucionales que cada habitante está viendo lesionados, estos derechos y libertades imprimen el carácter constitucional a las democracias y a sus sistemas de inteligencia en América Latina, y Costa Rica no debe ser la excepción, en especial por su larga y antigua democracia.
La realidad criminal en la que está sumido nuestro país trasluce el cúmulo de fracasos derivados de una deficiente gestión de la amenaza. Las respuestas operadas se manifiestan inefectivas y el recurso humano, arroja un balance estratégico negativo, en especial cuando hay renuncias en masa en los cuerpos policiales y de investigación judicial, así como también la división suscitada desde octubre pasado cuando el Colegio de Profesionales en Criminología desincorporó a profesionales en Ciencias Criminológicas, Ciencias Policiales e Investigación Criminal sólo porque sus títulos universitarios no indican expresamente la nomenclatura "Criminología", siendo la mayoría de las personas fundadoras e incorporadas de ese colegio profesional, precisamente profesionales en Investigación Criminal y Ciencias Criminológicas, historia que se puede contar en una segunda parte.
Retomando. No sólo no se ha logrado reconducir la situación estratégica y de inteligencia operacional, sino que se ha empeorado, contribuyendo al descrédito de los mismos cuerpos policiales y de la democracia, al teñirse de corrupción y estar ya infiltrados elementos a combatir dentro de la misma institucionalidad, llevando con ello a la vulneración de derechos, la erosión del Estado de derecho y al incremento de la debilidad de un Estado disfuncional, cuya clase dirigente parece que no termina de interiorizar, que la opción de la inyección presupuestaria al recurso a las fuerzas policiales y de seguridad, bajo el estandarte del combate al crimen organizado y la defensa de los derechos civiles de la ciudadanía honrada, así como la reforma inmediata de la legislación nacional en el tema, es la urgencia, la premisa, esta legislación obsoleta y su pobre interpretación da pie a la impunidad al tener que dejar en libertad personas que amenazan en vía pública y a la luz del día con armas de fuego de grueso calibre, y menos, en los términos planteados hasta el momento de esa legislación, es que la estrategia planteada apenas combate los síntomas, pero no las causas de la delincuencia y sus consecuencias.
Ha llegado el momento de redefinir los términos de la confrontación contra la delincuencia organizada, adecuándolos a las transformaciones experimentadas en el escenario estratégico y acordes al nuevo paradigma de seguridad, que tiende a implantarse con rapidez, donde debe primar la prevención, pero, en paralelo mejorar las iniciativas reactivas, se desea tener una mega cárcel para llenarla lo más pronto posible, sin mediar de por medio verdaderos planes de rehabilitación y socialización de esta población.
Sentar las bases que configuren los principales lineamientos de las futuras estrategias de seguridad y defensa frente a la criminalidad organizada y hacerlas Política de Estado para que perduren no sólo cada cuatro años, sino un buen periodo de tiempo.
La perspectiva novedosa que conforma la denominada “seguridad inteligente”, hace hincapié en la importancia de articular la seguridad con base en las capacidades en inteligencia (Pulido y Sansó-Rubert 2016), especialmente, en su vertiente prospectiva, como uno de los principales recursos para enfrentar con éxito las manifestaciones de criminalidad organizada de mayor intensidad (Sansó-Rubert y Blanco 2015); desarrollar estrategias y capacidades fundadas en inteligencia criminal para reducir a la mínima expresión la delincuencia organizada que está por materializarse, incubándose en algún lugar o impedir que llegue siquiera a eclosionar, intentando atisbar los derroteros por los que el crimen organizado evolucionará en las próximas décadas, identificando posibles tendencias y nuevas estrategias criminales, quienes siempre nos llevaban dos pasos adelante y ahora nos llevan media maratón de ventaja.
Reitero, la legislación actual se caracteriza por ser una normativa legal extraordinariamente básica, en cuanto a contenido y extensión, supeditada a un desarrollo reglamentario que no ha terminado de producirse en plenitud ni en prontitud, y más cuando hay luchas de egos en los poderes del Estado.
Cuestiones cruciales como los principios y límites jurídico-constitucionales orientadores de su acción y el funcionamiento del sistema de controles -internos y externos-, aplicable, deben de modernizarse de acuerdo con las necesidades de un servicio democrático propio del siglo XXI.
La mayoría de los países latinoamericanos han quedado “atrapados” en esta fase de desarrollo institucional, que no acaba de cerrarse, lo que podría constituir un elemento relevante para entender cómo es posible que, en países con un elevado nivel de desarrollo, sus servicios de inteligencia adolezcan del homogéneo fortalecimiento institucional, y por eso es que el problema es idéntico en todos los países de la región, aún teniendo cuerpos policiales y militares, reflejándose eso en las constantes migraciones no sólo de personas en busca de un mejor lugar donde vivir, sino también migración de las células criminales en busca de la expansión de su territorio.
Dicha legislación sobre los servicios de inteligencia, defensa y seguridad, debe comprender a la criminalidad organizada como objetivo de los mismos en aras a defender y preservar la democracia y el Estado social de derecho, mandato constitucional que no ha quedado más que en la teoría ya que las capacidades al respecto no han sido objeto real de desarrollo e implementación en la mayoría de los supuestos, o han sido formalizadas precariamente, improvisando; lo cual es aún más grave, exponiendo a los agentes y a la comunidad, a una situación de máximo peligro al quedar indefensos, al no disponer de la capacitación y los medios acordes para operar con seguridad, ya no decimos con éxito, ante las abrumadoras capacidades de contrainteligencia y penetración de las que disponen las manifestaciones más relevantes y por extensión peligrosas de la criminalidad organizada cuyos brazos se están extendiendo por todo el territorio nacional.
Todavía no han querido darse cuenta de que gran parte del éxito de la lucha contra la criminalidad organizada reside en las capacidades de inteligencia que no resulta una opción barata y que requiere de mucho tiempo para que arroje resultados fructíferos. Hay que ser muy crítico al respecto, porque el panorama vigente y su proyección futura, no resulta precisamente tranquilizador.
En consecuencia, el hecho de que el proceso de reforma legislativa penal esté inmerso en un proceso lento de maduración, hace complicado que se inviertan medios y atención al desarrollo de una doctrina de inteligencia criminal, cuando la institucionalización misma que estudia este fenómeno (colegio profesional), divide a sus agremiados y al mismo tiempo, la institucionalidad estatal no toma en cuenta dentro de su personal a las personas profesionales y expertas en la materia para la toma de decisiones, es decir, a las personas profesionales en Investigación Criminal, Prevención del Delito, Ciencias Criminológicas y Policiales, no aprovecha el Estado la oferta y demanda de esta gama de profesiones tan necesarias para afrontar este tsunami criminal. Y es que es muy necesario para un buen funcionamiento de la seguridad nacional que quienes forman parte de los servicios de inteligencia requieren contar con una carrera funcionarial, una permanente actualización y capacitación, un sistema de reclutamiento público y transparente, un control de las actividades que realizan, en especial las relacionadas con el acceso a información privada y un permanente reforzamiento ético durante la carrera laboral pues el objetivo es que quienes realizan la función de Inteligencia en el Estado sean profesionales en el desarrollo de su trabajo y no personas susceptibles a renunciar por no sentirse valorados profesionalmente, o peor, que se corrompan y pasen a formar filas en el bando contrario.
Encontramos servicios con un elevado porcentaje de personal laboral contratado en unidades especializadas y gestionando información de alta sensibilidad para la seguridad del Estado que, debido a su contratación discrecional, cesa en el servicio, dejando diezmado el mismo pues se debe iniciar un nuevo proceso de contratación y tener que ofrecer pésimos sueldos a pesar de lo especializado y peligroso del trabajo.
La reforma de los sistemas de inteligencia, seguridad y defensa representa uno de los retos para el país, estos servicios requieren de una adecuación sustancial al objeto de enfrentar la criminalidad organizada y superar, al unísono, el lastre de las falencias del pasado que limitan su modernización y consolidación democrática.
El debate está abierto y Costa Rica se sitúa en una delicada encrucijada entre el deber ser y el ser, en la que las decisiones que se adopten en el ámbito de la inteligencia y defensa, redundará en el futuro de la seguridad, el fortalecimiento de su democracia, la solidez del Estado social de derecho y el éxito ante el desafío de la criminalidad organizada. Dada la trascendencia y la relevancia de lo que está en juego, este debate no se puede postergar más.
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