La frase “debemos buscar que quienes más tienen, paguen más”, tan manoseada y ambigua en el interlocutor inadecuado, no merece tal instrumentalización; en realidad comporta un significado muy concreto y tiene que ver con el objeto mismo del Estado Social de Derecho.

No merece convertirse en un lugar común y en un término tal luido y prostituido como lo es actualmente. En nuestra Constitución Política, en su artículo 50, está claro: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes [a través del] más adecuado reparto de la riqueza”.

Pero ¿qué sucede en nuestro país? Pues que está deviniendo en letra muerta, veamos: en Costa Rica el 50% de la población de menores ingresos ostenta apenas el 4.5% del ingreso disponible, por otro lado, el 10% más rico tiene el 57.5% del ingreso e hilando más fino, el 1% de ingresos más altos acumula el 20.9%; según datos de la Base de datos Mundial sobre la Desigualdad (WID).

Lo anterior, antes de la aplicación de la totalidad de la carga tributaria. El acervo fiscal es importante en este sentido, si le quitamos un poco el estigma y la carga moral que tiene, los impuestos podrían ser un elemento redistributivo de capital importancia. Sin embargo, en nuestro país, la aplicación de la carga tributaria resulta desfasada y es bastante infructuosa para servir a su propósito redistributivo.

Cuando en países como Bélgica, Alemania o Francia se aplica la carga tributaria, la distribución del ingreso mejora sustancialmente (0.23, 0.21 y 0.23 puntos respectivamente), mientras que su aplicación, en nuestro entorno es insignificante para tal propósito (pasando de 0.53 a 0.49, apenas 0.04 puntos).

La aspiración de que cada quien pague conforme a su capacidad económica no es solamente una comezón temporal, es uno de los principios fundamentales de la democracia. Doctrinariamente, es un principio de carácter constitucional en materia tributaria, es decir, la capacidad económica, de cuyo tronco se deriva el principio de “isonomía de las cargas públicas”, según los cuales todos debemos aportar proporcional y equitativamente al sostenimiento de lo común y ambos dan origen al concepto de progresividad tributaria.

Recientemente la aspiración de este principio ha sido constantemente amenazada, actualmente la discusión acerca de las posibilidades de nuestro país de la infame “lista gris” de la Unión Europea, se pervirtió en una discusión acerca de la razonabilidad de mantener el “refuerzo” sobre la territorialidad del Impuesto sobre la Renta.

Antes del resultado de dicha ley, en nuestro país, existía la posibilidad de tasar los ingresos colocados en el exterior, con afán elusivo, esto porque por más que insistiesen (quienes tenía la práctica de poner la plata “afuera” para evitar el pago de impuestos) que, haciéndolo, no incurrían en ninguna actividad reprochable, en realidad (y según los criterios de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Primera), por tratarse de ingresos de fuente costarricense, sí que debería tributar, como el resto de mortales.

En palabras más simples: quienes pretendían evitar el pago de impuestos, poniendo ciertas fuentes en cuentas en el exterior, infringían el deber de tributar. Y con la aprobación de las reformas producto de la discusión del incumplimiento ante la UE, nuestro país deja de percibir cerca de 65 mil millones de colones.

Y ese es un problema mundial, tan es así que la Unión Europea —basándose en los estudios del Grupo para la Fiscalidad Internacional y de los economistas Anthony Atkinson y Thomas Piketty— optó por allanar las condiciones en el mundo, estableciendo un Impuesto Mínimo Global Corporativo del 15%. Justamente para evitar la erosión de la base tributaria.

Pero nuestro país retrocede firmemente en este aspecto. Tanto que los instrumentos que utilizamos para conocer el nivel de ingreso de la población, estarán siempre infraestimados en tanto, usualmente, los estratos de mayores ingresos (y mayor riqueza) reportan mínimamente, las encuestas fallan en captar la información de capitales y patrimonios en sus más amplias dimensiones.

Eso me lleva al inicio: decir que “debemos buscar que quienes más tienen, paguen más” e inmediatamente sugerir que Costa Rica debe migrar hacia un impuesto plano (flat tax) como lo sugirió el ministro Acosta la semana anterior en la Comisión Especial sobre Renta y Ganancia de Capital, es un contrasentido, por decir lo menos.

Quienes impulsan un impuesto de este tipo, creen que lo que se gana en facilidades para la Administración Tributaria y simplificación del pago de impuestos, redunda en menos incumplimiento fiscal, lo cual es una conclusión equivocada. Por el contrario, diversos estudios demuestran que la aplicación de un impuesto como el que sugirió el señor ministro, aumentarían significativamente la desigualdad; por ejemplo, el índice de Gini (medida usual para determinar la distribución del ingreso, entre más alto, más desigual) para los salarios aumentaría de 0,31 a 0,35, y el índice de Gini para los ingresos aumentaría de 0,34 a 0,37, en el caso del estudio Mihaescu y Voinea.

De forma simplificada, es posible afirmar que las esperadas ganancias en recaudación por el efecto de la simplificación, no son superiores a las pérdidas producto del aumento en la desigualdad y la pérdida evidente en progresividad tributaria. Con un “flat tax” se pierde en progresividad. Esto ensancharía la brecha ya de por si palmaria en la distribución.

Esto es peligroso, no en vano hemos visto como nuestra sociedad ha debido enfrentarse a disyuntivas (que no deberían ser) muy complejas, preguntas como si es mejor prevenir o sancionar una muerte, invertir en salud y educación o en seguridad, recortar programas sociales, becas y servicios de alimentación y subsidios para mejorar las condiciones de las personas en vulnerabilidad económica.

La ruta hacia la resolución del aparente nudo gordiano del financiamiento del Estado de derecho, no pasa por razones y resoluciones de folletín, tampoco por pruritos dogmáticos, como los que han dado origen a la austeridad recalcitrante, al monetarismo desbordado y a la retrógrada fiscalista y en este último estadio, está el “flat tax”.

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