El subjefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliecer Feinzaig Mintz denunció este miércoles en el Plenario Legislativo que el Ministerio de Hacienda pretende solicitar de forma masiva datos personales a los colegios profesionales del país, en lo que calificó como una práctica arbitraria y similar a la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Durante su intervención, el legislador aseguró que se trata de un patrón de solicitudes de información a múltiples sectores, incluyendo hoteles, empresas de telecomunicaciones y distribuidoras eléctricas, con el objetivo —según dijo— de acceder a datos sensibles como números de teléfono, direcciones georreferenciadas y localización habitual mediante celdas celulares.

Feinzaig sostuvo que el 10 de marzo se publicó en La Gaceta un proyecto de reglamento que permitiría a Hacienda solicitar a todos los colegios profesionales del país la base de datos completa de sus agremiados. Afirmó que la información solicitada incluye no solo datos de identificación y colegiatura, sino también el grado académico, especialidad, condición laboral y estado de actividad profesional.

Dato D+: Según el documento, los colegios profesionales tendrían que suministrar: número de identificación, nombre completo, número de miembro o colegiado, estatus (“activo”, “inactivo” o “suspendido”), fecha de incorporación al Colegio Profesional, especialidad, subespecialidad, grado académico, tipo de registro, fecha del cambio de estatus, y condición laboral (“asalariado”, “independiente”, “inactivo” o “no disponible”).

"Si yo perteneciera a un colegio y me preguntan si estoy empleado o desempleado, en la respuesta pondría ‘¿a usted qué le importa?’", dijo el diputado.

Asimismo, el borrador señala que "todos los Colegios Profesionales sin necesidad de requerimiento o recordatorio previo por parte de la Dirección General de Tributación, deberán remitir trimestralmente la base completa de todos sus agremiados, incluyendo los que hayan sido reportados en declaraciones previas y cuando se trate de registros nuevos o de cambios sobre registros ya comunicados, se debe señalar esa condición".

Feinzaig señaló que Hacienda sí tiene facultades legales para solicitar información en el marco de una investigación tributaria específica o con orden judicial, pero no para requerirla de forma generalizada.

"La Dirección de Tributación tiene todo el derecho de solicitar información de cualquier persona sobre la cual exista una investigación. Lo que no puede hacer es una cacería indiscriminada", sostuvo.

El diputado calificó la medida como un uso abusivo de poder y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos. También vinculó la actuación actual con antecedentes del gobierno anterior, al recordar que tanto el presidente Rodrigo Chaves como el actual ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ocuparon cargos en la administración de Carlos Alvarado.

Las malas mañas, los nombres y las banderas cambiaron, pero las malas mañas ahí se quedaron".

Feinzaig destacó que el propio Procurador General de la República —nombrado durante la actual administración— emitió un criterio que respalda una interpretación restrictiva de la Ley de Protección de Datos Personales y desaconseja el uso indiscriminado de bases de datos por parte del Estado.

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El Ministerio de Hacienda no puede, arbitrariamente e indiscriminadamente, pedir la información de absolutamente todos los agremiados de un colegio profesional".

El legislador concluyó su intervención alertando que este tipo de actuaciones suelen hacerse de manera poco visible y que muchas veces solo salen a la luz gracias a denuncias individuales.

La propuesta de resolución, además, establece que el incumplimiento total o parcial en el suministro de información se castigará con una multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto a las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base.

Breves

Este miércoles continuó la discusión por el fondo de la fase de admisibilidad de la reforma constitucional para prohibir la doble postulación como presidente/vicepresidente de la República y diputado de la Asamblea Legislativa.

Proyectos dictaminados

— La Comisión Especial de Educación dictaminó afirmativamente el expediente 24.766 "Inclusión de la educación ambiental en la Ley Fundamental de Educación, Ley N°2160 del 25 de setiembre de 1957".

Cambios en la agenda de sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo desconvocó de la agenda el siguiente proyecto:

  • Expediente 23.089: "Reforma de la Ley 6683, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 14 de octubre de 1982, y de la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, del 12 de octubre de 2000"

En su lugar, convocó el siguiente proyecto:

  • Expediente 24.583: "Aprobación del contrato de préstamo N.° CCR 1037 01 P para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario Implementación de la Política Agroambiental y la Iniciativa Agropaisajes Sostenibles, suscrito entre la República de Costa Rica y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)".

Leyes publicadas

En La Gaceta N.º 106 del miércoles 11 de junio del 2025 se publicaron las siguientes leyes

— Ley 10.692 "Reforma a la Ley N° 10.647 "Amnistía para el registro de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria" que se tramitó bajo el expediente 24.830. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 8 de abril de 2025 por lo que transcurrieron 64 días para que fuera publicada en La Gaceta.

— Ley 10.695 "Financiamiento permanente para la organización y el desarrollo de las Olimpiadas Científicas Costarricenses" que se tramitó bajo el expediente 24.164. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Primera el 9 de abril de 2025 por lo que transcurrieron 63 días para que fuera publicada en La Gaceta.

— Ley 10.697 "Reforma parcial a los artículos 16, 23 y 39 de la Ley N° 6144 reformada mediante Ley N° 9572 del 4 de junio de 2018, Ley de Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y sus reformas" que se tramitó bajo el expediente 23.498. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Primera el 9 de abril de 2025 por lo que transcurrieron 63 días para que fuera publicada en La Gaceta.