1 de cada 3 personas trabaja más de 40 horas semanales, pero gana menos del salario mínimo.
Al menos seis de cada 10 (65%) trabajadores de plataformas de repartición laboran 60 horas semanales o más, según el estudio elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional llamado "Plataformas Digitales y Precariedad laboral en Costa Rica. El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM)".
El informe, que estimó que en la GAM hay al rededor de 15407 personas dedicadas a este empleo, resaltó que solo el 2% del total trabaja 40 horas a la semana. Las largas horas de empleo puede desembocar en la desatención de las necesidades personales, el tiempo en familia, así como falta de espacio para asumir responsabilidades de cuido.
Dato D+: La encuesta se realizó a una muestra probabilística de 375 personas repartidoras de plataformas digitales distribuidas en distintas zonas de la GAM en el segundo semestre del 2023. El estudio se diseño con un método de muestreo polietápico. La misma tiene un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%. En total se recopilaron datos de 6.691 puntos de ubicación, donde generalmente estos trabajadores suelen realizar sus labores.
"La desregulación de la jornada laboral tiene implicaciones trascendentales para la vida de las personas trabajadoras y, en ese sentido, se constituye en una de las dimensiones de la precariedad laboral", compartieron.
Incluso, una cuarta parte de la población encuestada indicó no tomar ningún día libre a la semana, mientras que el 62% dedica solo un día.
La jornadas exhaustivas, que por el tipo de empleo no se contemplan como pago extra por hora laborada, no tienen una correlación con salarios altos, según la encuesta casi 1 de cada 3 personas (30%), trabaja más de 40 horas semanales, pero gana menos del salario mínimo, es decir menos de 352.164,91 colones mensuales. Mientras que el 51% de las personas trabaja más de 40 horas semanales y percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir entre 352.164,91 y 704 329,82 colones mensuales.
Sin seguro y la peligrosidad
Para los investigadores, una de las conclusiones más relevantes del informe es que a un 68% de las personas repartidoras se les incumple la condición de aseguramiento, mientras que un 78% no cotiza para ningún régimen de pensiones.
Dicho grado de incumplimiento los coloca hasta 26 puntos por encima del porcentaje nacional. Incluso, un 94% de los trabajadores no asegurados manifiestan que poseen entre una y tres o más personas dependientes.
“Esto es lo que llamamos el efecto multiplicador de la inseguridad social, debido a que es muy probable que esas personas dependientes, tampoco tengan acceso a este derecho”, destacó el estudio.
No contar con la cobertura de un seguro de salud eleva el riesgo en caso de un accidente. Al respecto, un 57% dijo que existe una exposición de “regular” y “mucha” a accidentes viales, considerando que las carreteras son su espacio de trabajo.
Del total, un 75% utiliza motocicleta para prestar sus servicios, mientras que un 19% emplea una bicimoto, y el restante 6% lo hace en bicicleta.
Para más de una tercera parte de estos trabajadores su percepción sobre el cumplimiento de sus derechos relacionados con la seguridad social es “muy bajo o bajo”. Otro 40% opina que es “regular”.
El estudio resaltó un comentario publicado en una red social el 25 de diciembre del 2022, por una persona, quien escribió: “Hola hoy me accidenté en Ciudad Colón iba a dejar dos entradas de Uber y como el impacto fue muy fuerte estoy internado en el hospital y Uber me bloqueó que injustos” (sic).
El usuario hizo público un pantallazo donde la empresa indicó “la cuenta está bloqueada” porque la entrega del pedido no fue completada, sin verificar que este caso se trató de un accidente.
Al menos el 65 % indica conocer que pueden ser excluidos de la plataforma, y con ello de la posibilidad de trabajar en ellas, sin previo aviso. Para los encargados de la investigación esto representa una amenaza a la estabilidad laboral.
Asimismo, casi la totalidad de la muestra (96%), aseguró no haber firmado un contrato ni aceptado términos y condiciones para comenzar a realizar la actividad. Mientras que el 65% indica conocer que pueden ser excluidos de la plataforma sin previo aviso.
Al respecto, el informe critica que algunas empresas establecen que no existe relación laboral ni de subordinación con las personas trabajadoras, quienes son calificados como “terceros” que por su propia cuenta proveen servicios de entrega.
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"Aun cuando las personas repartidoras deben cumplir con una serie de requisitos para poder realizar las entregas, además de la mediación de la plataforma digital, se cuestiona la independencia a la que aluden. Sumado a lo anterior, pareciera que la reglamentación interna de este tipo de empresas tiene la capacidad de colocarse por encima de la legislación nacional”, ampliaron.
Las plataformas digitales de reparto han significado la oportunidad de generar ingresos para un 42% de la población entrevistada, que se hallaba sin empleo al momento de ingresar a esta modalidad. Otro 53% sí estaba ocupada.
La actividad ha significado una fuente de empleo para miles y una estrategia para complementar sus ingresos. Esto último se debe "al empeoramiento del poder adquisitivo de los hogares que resulta del deterioro de los salarios o de lo percibido por actividades por cuenta propia", agregaron.
Organizarse
En las conclusiones de la presentación del estudio, que se llevó a cabo en el Campus Omar Dengo de la UNA, los expertos coincidieron en la necesidad de reforzar la organización colectiva del sector.
En el país, se han establecido sindicatos de personas trabajadoras de plataformas digitales. El primer sindicato surgió en 2019 con repartidores de Glovo, y un segundo sindicato se formó un año después, uniendo a personas repartidoras de Uber Eats, Rappi y Glovo.
En 2021, estos sindicatos se consolidaron como la Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas (UNTP), con reconocimiento formal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
"Es crucial proporcionar apoyo a las personas repartidoras de plataformas por medio de diversas organizaciones, con un énfasis especial en la colaboración con sindicatos, cooperativas, asociaciones y aportes desde la academia", finalizaron.
Este trabajo fue elaborado por las investigadoras María Artavia Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campo Lizano y María José Herrera Madrigal. El estudio contó con el apoyo de la organización no gubernamental alemana Friedrich Ebert-Stifung (FES).