En un sistema político sano y democrático como el costarricense, el ejercicio del control político no sólo es un derecho, sino que también es necesario, a través del mismo se establecen límites al ejercicio de funciones públicas y también se señalan actuaciones políticas de funcionarios del Gobierno, que no necesariamente van acorde con los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia del Estado.

Aclaro que bajo ninguna circunstancia la presente reflexión pretenda que diversos actores políticos renuncien o dejen de ejercer su derecho constitucional al control político que consideren más oportuno y relevante, lo que si pretende, es hacer un llamado de atención para que la gestión política a nivel nacional se equilibre entre ese ejercicio del control político y la discusión o avance de propuestas para acercarse a las soluciones de fondo que requiere el país en diversas áreas fundamentales para el desarrollo nacional.

Aquí la preocupación radica en que por lo menos para el cierre del 2023, la mayor cantidad de tiempo de la gestión política fue invertida en temas de control político, lo cual, reitero, no pretendo bajo ninguna circunstancia que se deje de hacer dicho control, pero considero que tenemos un desbalance, pues poco es el tiempo que se le dedica a temas país.

Las elecciones pasan, pero el país, su institucionalidad y sus necesidades permanecen, si no tomamos conciencia de ese desequilibrio en la discusión política, podríamos dejar pasar la oportunidad de que en este Gobierno se avance. A veces lo que pareciera es que nos consume la inmediatez y simplemente se administra una coyuntura política en particular.

Sin embargo, requerimos realmente pensar y actuar por el futuro del país. Uno de los principales mensajes del último informe del Estado de la Nación, es el siguiente:

durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible… Esta cosecha de resultados negativos acumulados, un nuevo paso en el progresivo abandono del contrato social costarricense, tiene como principal consecuencia un debilitamiento en la capacidad previsora; es decir, la posibilidad de anticipar los problemas, acometer lo necesario para solventarlos y sentar las bases de un futuro compartido de más bienestar para el mayor número de habitantes”.

En este sentido son muchos los temas que el país debe resolver, muchos urgentes y otros importantes, sin embargo, me permito señalar tres que, a modo general, considero deben ser una prioridad:

  1. Educación: los efectos de las huelgas en el sector educativo y de la pandemia entre el 2018 y el 2021 nos tienen a las puertas de una catástrofe educativa, sólo por dar un ejemplo, en el 2023, de 1874 alumnos de primer ingreso que realizaron la prueba de diagnóstico de matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), solo el 5% obtuvo una nota mayor a 70 y, por otro lado, tenemos niños en sexto grado con altas deficiencias en lectoescritura. De no tomar medidas urgentes y concretas, la educación en Costa Rica nos puede dejar como resultado en el corto plazo un recurso humano altamente no calificado, lo cual incide directamente en la falta de oportunidades para obtener un empleo formal y genera mayor desigualdad.
  2. Informalidad: aproximadamente un millón de personas trabajan en el sector informal de la economía nacional, a nivel país esto significa que este grupo de personas no contribuyen con el fisco, tampoco cotizan para una pensión y muchos se encuentran sin acceso a la seguridad social, es decir, crece la desigualdad social y por tanto, se hace necesario tomar medidas disruptivas, combatir el exceso de trámites, las altas cargas tributarias y la incompatibilidad entre la oferta y la demanda de empleos formales nos están ahogando y limitando el crecimiento de la economía.
  3. Seguridad: estamos viviendo una crisis de inseguridad, cerramos con más de mil asesinatos el 2023, en muchos cantones de nuestro país se presenta como única opción para salir adelante el narcotráfico y la delincuencia organizada, entonces, pareciera urgente definir una política con ejes represivos, pero también preventivos, leyes más fuertes, más tecnología y menos portillos legales pueden ayudar a combatir este flagelo, pero también es absolutamente necesario impulsar las oportunidades de empleo, deporte, cultura y educación, como elementos que a largo plazo pueden sacar a muchos jóvenes de las garras de la delincuencia.

En conclusión, sí al control político, que se investigue lo que se tenga que investigar y que cada palo aguante su vela, pero no sacrifiquemos la posibilidad de avanzar en temas de fondo, de interés nacional que requieren de una gran colaboración entre los Poderes de la República y sus instituciones para que las cosas fluyan y se lleguen a tomar decisiones pensadas en las presentes y futuras generaciones.

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