De acuerdo con el BID, hasta 2030 América Latina y el Caribe (ALC) necesita invertir 2.220.736 millones de dólares en infraestructura para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la ONU. De ese total, un 59% deberá destinarse a inversiones en infraestructura nueva y un 41% a inversiones de mantenimiento y reposición de activos que llegan al final de su vida útil y son indispensables para que los servicios de infraestructura se provean con estándares adecuados de calidad.
Esto obligaría a la región a incrementar en un 73% la inversión anual en infraestructura, de 1,8% del PIB a 3,12% del PIB. Pero el alto déficit fiscal y endeudamiento de muchas de las economías de la región, hace que sea difícil aumentar los recursos públicos a invertir en infraestructura. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) podrían financiar con recursos del sector privado una parte importante de la brecha, pero el estado de desarrollo de la mayoría de los mercados de APP en la región no permite aún que el sector privado pueda invertir sistemáticamente en infraestructura.
En la década anterior el 80% de las inversiones en infraestructura en ALC se desarrollan por medio de Contratación Tradicional de Obra Pública (CTOP) y solo el 20% se desarrolla por medio de Asociaciones Público-Privadas (APP). La mayoría de los países de ALC dependen de la CTOP para desarrollar infraestructura. Solo 6 países atraen el 90% de los recursos del sector privado para el financiamiento de infraestructura por medio de APP: Chile, Perú, Colombia, Panamá, Brasil y México. Los dos últimos acaparan el 57% de las inversiones del sector privado (BID).
La brecha tan grande en infraestructura de ALC afecta seriamente la calidad de vida de la población y la competitividad de sus países. Aunque se han hecho esfuerzos significativos para reducir esta brecha, es evidente que los mismos no han sido suficientes para hacer un cambio importante, y la región necesita con urgencia una mejora en la calidad de su infraestructura para poder desarrollarse y reducir la pobreza.
De acuerdo con la OCDE, globalmente el principal obstáculo para la creación de infraestructura de calidad no es la falta de financiamiento, sino los “problemas de gobernanza” en la provisión de infraestructura. Según el FMI, los países pierden entre un 30% y 50% de los beneficios potenciales de la inversión en infraestructura debido a las ineficiencias en la planificación y gestión de proyectos.
A pesar de su vital importancia, se le ha prestado muy poca atención a la necesidad de mejorar la gobernanza de las entidades públicas a cargo de planificar y administrar la infraestructura de los países de LAC. Esto afecta seriamente la calidad de la infraestructura en la región. La falta de inversión privada en infraestructura en economías en desarrollo se debe en gran parte a la necesidad de una mayor capacidad institucional para planificar y entregar una cartera de proyectos de calidad que pueda ser financiada por el sector privado por medio de las APP.
Para poder hacer un cambio significativo y reducir la brecha de infraestructura debemos hacer dos importantes cambios:
- Enfocarnos en “Inversión en Infraestructura de Calidad” (QII).
- Fortalecer la Gobernanza de la Infraestructura de las instituciones estatales encargadas del suministro de infraestructura, tanto en la CTOP como en las APP.
En el 2019, el Grupo G20 definió los Principios de la Inversión en Infraestructura de Calidad (QII):
- Maximizar el impacto positivo de la infraestructura para lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible.
- Aumentar la eficiencia económica en vista del costo del ciclo de vida.
- Integración de consideraciones medioambientales en la infraestructura.
- Creación de resiliencia frente a los desastres naturales.
- Integración de las consideraciones sociales en la inversión en infraestructura.
- Fortalecimiento de la gobernanza de la infraestructura.
Para lograr Inversión en Infraestructura de Calidad y una fuerte gobernanza de la provisión de infraestructura, nuestros países deben enfocarse en tres grandes áreas:
Desarrollar una fuerte y eficiente institucionalidad
Creación de entidades técnicas a cargo de la planificación y gestión de la infraestructura, sacando el ciclo político de la planeación de infraestructura y obligando a planificar a largo plazo.
Es vital que comprendamos que “las obras públicas son obras del Estado, y trascienden a los gobiernos”.
Las entidades a cargo de la planificación y administración de la infraestructura tienen que ser órganos autónomos, independientes, técnicos, con visión de largo plazo, con personal permanente escogido por medio de un proceso competitivo y bien remunerado para conservar el conocimiento, y con fuertes controles para combatir la corrupción. Para evitar que el ciclo político y las malas prácticas políticas afecten la planificación y ejecución de proyectos, se debe de dar participación al sector privado y ciudadanía en su junta directiva, y por medio de un “Comité de Expertos Independiente” que revise la eficiencia con que gestionan los proyectos y la institución.
Es vital que se cuente con un sistema de gestión para la administración de infraestructura existente y desarrollo de nuevos proyectos, que de transparencia y permita que la población y autoridades reguladoras puedan ejercer un adecuado control a la eficiencia con que se invierten los recursos públicos en infraestructura, poniendo énfasis en la calidad del servicio, tiempos de ejecución de proyectos, costos razonables, adecuados planes de mantenimiento y transparencia.
Debe contarse con un ciclo de desarrollo de proyectos bajo las mejores prácticas y establecer como obligatorio su seguimiento.
Desarrollo de infraestructura ambientalmente sostenible y resiliente.
Integrar las consideraciones sociales en la inversión en infraestructura desde la planificación hasta la implementación.
Garantizar a la población vulnerable acceso a la infraestructura en igualdad de dotación, cobertura y calidad.
Desarrollar una lista de proyectos prioritarios a desarrollar a largo plazo (por lo menos 20 años) por medio de CTOP y APP, que sean asequibles fiscalmente y, viables: técnica, legal, comercial, financiera, social y ambientalmente.
Empoderar a la población educándola de que tiene el derecho y el deber de velar por la calidad de la infraestructura de sus países, exigiendo servicios de calidad y velando por la eficiencia con que se invierten los recursos en infraestructura.
Despolitizar la planificación de infraestructura por medio de un “Comité de Expertos Independiente”, que garantice objetividad, calidad, razonabilidad de costos, eficiencia y transparencia en la elección y estructuración de proyectos.
Desarrollo de un sistema de monitoreo de la relación calidad/precio durante el ciclo de vida de los proyectos.
Cambiar a una “cultura de servicio” donde lo más importante no es la obra civil que se construye sino el servicio que se presta a la comunidad con esta. Esto requiere establecer estándares de servicio a cumplir y monitorear su desempeño durante toda la vida de los activos.
Transparentar la información de los proyectos a través de plataformas digitales haciendo que la población, puedan ejercer un mejor control y participación en la provisión de infraestructura. Es vital implementar una política de “gobierno abierto” en la gestión de la infraestructura para promover un espíritu de transparencia, rendición de cuentas, inclusión y colaboración.
Las Contralorías de los países deben dar un mejor seguimiento a la eficiencia con que se invierten los recursos en infraestructura.
Desarrollo de sistemas de transporte eficientes, integrados y con visión de largo plazo
Planificación de las ciudades integrando el uso del suelo con estrategias de transporte a largo plazo para personas y carga. Planear el ordenamiento territorial de acuerdo con un plan de transporte de largo plazo que tenga como objetivo mejorar la movilidad: ciudades densas, desarrollos multiusos, eficiente trasporte público y uso de tecnología para gestionar la movilidad.
Desarrollar centros de monitoreo y de gestión la movilidad. La tecnología disponible permite monitorear y controlar los flujos de vehículos, nivel de ocupación de carriles y semaforización. Una eficiente movilidad de las ciudades requiere desarrollar sistemas integrados de gestión de la movilidad.
Desarrollo de sistemas de transporte público masivos eficientes e interconectados (trenes eléctricos, autobuses de tránsito rápido y autobuses). El futuro de la movilidad de nuestras ciudades depende de desarrollar eficientes sistemas de transporte público masivos que reemplacen la mayoría de los vehículos particulares. Los intereses y necesidades de los usuarios debe ser la prioridad para la modernización del transporte público. La calidad del servicio debe transformarse en el objetivo central de las políticas públicas urbanas y la asignación de recursos.
Desarrollo de corredores logísticos intermodales para el transporte de carga para mejorar la competitividad del comercio exterior, considerando la conectividad hasta el “último kilómetro” a las aduanas terrestres, puertos y aeropuertos.
Potenciar el uso de los Ferrocarriles de Carga y el Transporte Marítimo Intrarregional como medios de transporte alternativos al trasporte automotor, buscando reducir la congestión vehicular en carreteras.
Incrementar los recursos para el financiamiento y fondeo de infraestructura
Promover una adecuada planificación a largo plazo de las modalidades de contratación de infraestructura (CTOP y APP) y fuentes de financiamiento que se utilizarán para el mantenimiento de los activos existentes y la construcción de nuevos proyectos.
Eficientizar el gasto de los recursos públicos invertidos en infraestructura asegurando costos razonables y obras de calidad.
Atraer el sector privado al financiamiento de infraestructura por medio del desarrollo de programas de APP eficientes.
Aumentar la cantidad de recursos para financiar infraestructura atrayendo a los inversionistas institucionales al financiamiento de infraestructura.
Uso de mecanismos alternativos para el fondeo de infraestructura: Captura de Plusvalías, Reciclaje de Activos y Titularización de Flujos Futuros.
Las necesidades de inversión en infraestructura de la región son tan grandes que difícilmente los sistemas bancarios y las multilaterales tienen la capacidad para financiarlas, por temas de suficiencia patrimonial, descalce de plazos y concentraciones de riesgo. Por esto la Banca Multilateral y Comercial para lograr un mayor apalancamiento de su capital, deberían utilizar la venta de cartera de crédito de infraestructura en el mercado de capitales para aumentar la cantidad de recursos para financiar infraestructura (titularización y fondos de infraestructura).
Solo cambiando la forma en que conceptualizamos la provisión de infraestructura, enfocándonos en el desarrollo de “Infraestructura de Calidad” y “fortaleciendo su gobernanza” podremos dotar a la región de la infraestructura de primer mundo que esta requiere para respaldar su crecimiento y el futuro de las nuevas generaciones.
Este artículo se basa en el estudio: Los retos de la Infraestructura en Costa Rica de cara al siglo XXI. Puede leer el estudio completo en este enlace o un resumen acá.
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