Costa Rica mantiene puntuación media y sigue sin regresar a la obtenida en 2017.

El día de ayer se presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para el año 2023, donde se destacó que Costa Rica obtuvo 55 puntos de 100, que la mantienen estancada en un desempeño deficiente y la ubican en la posición #45 en el ranking de 180 países.

Dato D+: El Índice de Percepción de la Corrupción califica de 0 (muy corruptos) a 100 (muy limpios) el nivel de percepción sobre corrupción en 180 países y territorios en base a la percepción de su nivel de corrupción en el sector público según consultas a personas expertas y del sector empresarial.

Para la calificación de este año el país aumentó un punto, sin embargo, se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.

El IPC está alimentado con varias fuentes internacionales, en el caso de Costa Rica se utilizan siete fuentes de indicadores relacionados con corrupción, clima de negocios y gobernabilidad. Con respecto al 2023, dos de estas fuentes mejoraron la calificación lo cual permitió el leve aumento:

  • el Índice de Estado de Derecho (World Justice Project), el cual se enfoca en el área de independencia entre poderes; y
  • el Índice de Competitividad (Foro Económico Mundial que mide la percepción del sector empresarial en cuanto al pago de sobornos para realizar).
    El resto de los indicadores se mantuvo sin cambio.

Para la Asociación Costa Íntegra (ACI), capítulo de Transparencia Internacional en el país, el estancamiento de nuestra calificación en este índice refleja la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción.

Desde ACI destacaron que “en especial preocupa que el país se encuentra muy alejado del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional”.

Los resultados mantienen a Costa Rica alejada de los países con mejor puntaje; a nivel global el índice lo encabezan Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85), estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe Democracy Index.

La presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, Juany Guzmán León, señaló:

los esfuerzos para salir de este estancamiento y retomar decisivamente medidas anticorrupción pasan por el fortalecimiento de la democracia, la defensa de las libertades de prensa y expresión, de la independencia y financiamiento adecuado de los órganos de control, y fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

El informe global del IPC se dedica este año a la problemática de la impunidad, que es una de las causas por las cuales no hay avances sustantivos en los países, señalando que hay una tendencia global a debilitar los poderes judiciales, disminuir sus capacidades, atacarlos para debilitar su imagen y cooptarlos, con lo cual se impide que se juzguen y sancionen efectivamente los casos de corrupción. Costa Rica no está exenta de este problema.

Adicionalmente, para el caso de Costa Rica se destacó que “el Poder Judicial ha visto disminuido su presupuesto en el último quinquenio. La capacidad de sanción judicial es baja y los megacasos de corrupción tardan más de una década en resolverse, cuando el castigo ya no es relevante como medida disuasoria. Las limitaciones de sanción también se encuentran en el régimen administrativo”.

Al respecto, Guzmán añadió:

Es necesario que se le de prioridad a los procesos de investigación en megacasos de corrupción, siempre esta acción sancionatoria debería de estar acompañada de esfuerzos preventivos, especialmente en el sistema educativo. Pese a que el país cuenta con una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) y una ruta acordada entre Poderes de la República contra el crimen organizado, no terminan de materializarse los resultados”

Financiamiento de partidos políticos y los orígenes de la corrupción

Para la presentación de los resultados la organización Costa Rica Íntegra realizó un conversatorio público con distintos expertos, dedicado a un tema central en la lucha contra la corrupción en una democracia: el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas.

La organización señaló que “cuando una persona o grupo de personas aspiran a dirigir los destinos de un país o un municipio y no tienen escrúpulo en saltarse las leyes de financiamiento político, no hay duda que si logran alcanzar el poder tampoco tendrán escrúpulo para respetar el ordenamiento jurídico y existirá un gran peligro de gestionar los asuntos públicos de acuerdo a los intereses de sus financistas”.

El panel de discusión contó con los expertos Ronald Chacón Vargas, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Alexander Valverde Peña, fiscal de la Fiscalía General de la República; Carolina Ovares Sánchez, profesora de Ciencias Políticas de la UCR y Bernán Salazar Ureña, abogado penalista experto en cumplimiento normativo, quienes se refirieron a las reformas legales que amerita el tema del financiamiento político, incluyendo las propuestas de reforma normativa realizadas por el TSE el 9 de marzo de 2023.

Entre esas propuestas destaca la reforma al artículo 96 de la Constitución para bajar el monto de dinero público destinado a los partidos y campañas políticas de un 0,19% PIB a un 0,11% PIB, que hasta el momento ninguno de los seis partidos representados en la Asamblea Legislativa ha acogido para su trámite, incluyendo el financiamiento no solo de elecciones nacionales sino también municipales.

Los restantes proyectos de reforma legislativa planteados por el TSE sí han entrado a la corriente legislativa bajos los expedientes 23.883 (Ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos; 23.884 (Ley para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos) y el 23.885 (Ley para regular las nuevas formas de propaganda en plataformas digitales).

Desde Costa Rica Íntegra señalaron que estas reformas son urgentes para que haya más equidad, transparencia, democracia interna y control en las estructuras políticas y en las campañas electorales, pero lamentaron que la actual Asamblea Legislativa no ha mostrado estar comprometida en estos esfuerzos que el país demanda para revitalizar nuestra debilitada democracia representativa y partidaria.

La presentación de resultados y el conversatorio pueden ser vistos en el siguiente video: