Hoy celebramos una victoria trascendental para la comunidad sorda en Costa Rica. Una victoria que destapa la dolorosa realidad que enfrentamos día a día: la imposibilidad de acceder a la información como cualquier otro ciudadano. Me encuentro frente a la pantalla, escribiendo estas palabras con un nudo en la garganta y un corazón lleno de esperanza, pero también de frustración.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite al recurso de amparo, que presenté como presidente de la "Asociación Pro Defensa Derechos de Sordos Costa Rica" y esperamos que pronto falle a favor de la comunidad sorda.
Este recurso denuncia la falta de un intérprete de Lengua de Señas Costarricense (Lesco) durante una conferencia de prensa crucial, en que el medio de comunicación de nuestra organización único medio de comunicación de la comunidad sorda en Costa Rica participó y como periodista ciudadano no entendí nada, por lo que no puede transmitir la información. Este recurso de amparo es un grito desesperado por igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de nuestros derechos.
La escena que desencadenó esta lucha por justicia ocurrió el pasado 30 de noviembre de 2023, en la conferencia "El fortalecimiento en los procesos de donación y trasplante". La vicepresidenta de la República y ministra de salud, la doctora Mary Munive, lideraba este evento trascendental. Pero para mí, y para la comunidad sorda en general, vivimos en un mundo paralelo del cual estábamos excluidos. Un mundo donde las palabras son sonidos incomprensibles, y la información es una muralla impenetrable.
La decisión de la Sala Constitucional de avalar nuestro amparo no solo sería una victoria legal; es un grito resonante que debería sacudir la conciencia de un gobierno que, hasta ahora, ha ignorado nuestras necesidades. Esta falta de consideración no es simplemente una infracción a la Ley de Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO), Ley 9822; es una afrenta a los principios fundamentales del Gobierno abierto.
La falta de un intérprete en la conferencia es una violación flagrante de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Es como vivir en un mundo donde todos entienden y yo, por ser una persona sorda, me veo excluido. Es una impotencia que arde en lo más profundo de mi ser.
La Sala Constitucional ha dado un paso audaz al aceptar estudiar el recurso de amparo y exigir al Ministerio de la Presidencia rendir informe en tres días hábiles. Esta decisión representa un faro de esperanza para la comunidad sorda en Costa Rica, pero también un recordatorio amargo de cuánto trabajo queda por hacer.
La implementación de la Lesco y el reconocimiento de la necesidad de intérpretes en todas las instancias gubernamentales son pasos cruciales hacia un gobierno inclusivo.
Espero que este fallo sea el comienzo de un cambio real, para que se respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su capacidad auditiva. La Asociación Pro Defensa Derechos de Sordos Costa Rica espera que esta victoria impulse un reconocimiento continuo y respeto a nuestros derechos, marcando un hito en la promoción de la inclusión y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad costarricense.
Hoy, la comunidad sorda ha dado un primer paso para ganar esta batalla, pero, aun así, la lucha por la igualdad y la inclusión está lejos de terminar. Este fallo será un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que no seremos ignorados. La comunidad sorda merece más que un rincón oscuro en el silencio; merecemos ser escuchados, merecemos participar y merecemos igualdad.
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