OEA indicó que intento de anular las elecciones constituye la "peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político".

El Ministerio Público de Guatemala ha presentado este viernes los resultados sobre la investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y ha insistido en la retirada de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo. Además aseguró que los comicios no fueron válidos. 

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.

"Se confirmaron siete hallazgos de violación a la normativa electoral", ha explicado, agregando que además faltan documentos por pagar, como préstamos sin intereses, firmados por el secretario general, Andrés Pérez Álvarez.

En estos momentos se está presentado el retiro de antejuicio en contra del señor César Bernardo Arévalo de León por el delito de lavado u otros activos al no esclarecer fehacientemente el origen y destino de 44.000 dólares".

Curruchiche también ha asegurado que pedirán a las agencias de Estados Unidos que rastreen dicha cantidad de dinero. Asimismo, ha exigido la retirada de la inmunidad de Pérez Álvarez, así como de la secretaria general adjunta Ligia Iveth Hernández Gómez por la posible comisión de delitos de financiación ilegal.

Curruchiche afirmpo que el  Ministerio Público ha sido atacado por medios de comunicación nacionales e internacionales, por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea.

Se nos ha tratado de (atacar por) fraguar un golpe de Estado, pero ustedes van a ver quiénes han violentado la democracia de este país".

En el marco de su presentación sobre la investigación contra el Movimiento Semilla, el Ministerio Público también ha solicitado órdenes de aprehensión contra Jaime Gabriel Gudiel Arias y Cinthia Alejandra Rojas Donis por "falsedad ideológica con agravación".

Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.

Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, ha asegurado que "es una falacia" que el organismo "quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular".

Esto se produce después de que la presidenta del TSE de Guatemala, Irma Palencia, denunciara una "persecución política" contra el organismo que busca alterar los resultados de las últimas elecciones, en las que resultó ganador Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.

El Congreso dio 'luz verde' a retirar la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, entre ellos la presidenta del órgano, en el marco de una investigación contra el organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.

La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor "que hubiera permitido ahorrar 34 millones" (4,1 millones de euros).

OEA condena intento de golpe

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala.

Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen "una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país", señaló la OEA en un comunicado a la prensa.

El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".

El organismo hizo un llamado al Presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones "contra los perpetradores de este atentado" en orden de preservar la democracia en el país centroamericano.

*Con información de Europa Press.