El proyecto propone penas de prisión para los padres que no avisen al PANI del embarazo de su hija.
Los diputados de Nueva República, Gloria Navas Montero y Fabricio Alvarado Muñoz presentaron el proyecto de ley 24014, "Ley pasa sancionar la acción ilegal de embarazar a una persona menor de edad y la acciones de tutela administrativa a favor de la persona menor de edad en estado de gestación", el cual busca condenar con cárcel a las personas mayores de edad que embaracen a menores de 18 años.
La iniciativa busca agregar un adicional al artículo 161 del Código Penal para que se impongan penas de entre tres y ocho años de cárcel al adulto que embarace a la persona menor, la cual se agravaría cuando el perpetrador haya ejercido violencia contra la víctima o cuando haya existido una relación con abuso de poder.
A su vez, el proyecto busca imponer de uno a tres años de prisión al mayor que durante la relación contagie a la persona menor de una enfermedad venérea; y pide una pena igual para los padres, tutores o cuidadores que no avisen al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) del estado de embarazo de su hija.
El proyecto también señala que la obligación de actuar de oficio cuando lleguen casos de menores embarazadas caería sobre el PANI y se propone instruir a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que desarrolle protocolos de acción especializada cuando atienda en sus centros de salud a una menor en periodo de gestación.
Según los diputados proponentes, la iniciativa nace a raíz del caso de Keibril, la menor de edad cartaginesa que fue secuestrada en abril pasado, y cuyos padres son un hombre de apellido Casasola (principal sospechoso del secuestro) y su madre, una menor que al momento del parto tenía apenas 11 años y quien fue violada por el primero.
En la Exposición de Motivos del proyecto los legisladores señalaron que:
Se debe reforzar no solo en la legalidad, adicionando un nuevo artículo al elenco de abusos sexuales contra menores de edad, si no también agravando dicha conducta para tipificar que el resultado de dicha violación sea el embarazo; situación que cuya consecuencia sea protegida de manera efectiva por las instituciones costarricenses, teniendo que activar protocolos de protección efectivas y determinadas para la mamá menor de edad y el bebé, ambas vidas inocentes y que necesitan todo el apoyo institucional necesario para salir adelante. De igual manera, reforzar el delito de omisión del funcionario público que debe garantizar la protección de las vidas indicadas líneas arriba".
A partir de este primero de noviembre y hasta el 31 de enero del 2024 el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo solo si es convocado por el Poder Ejecutivo para el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la actual legislatura.
