Congresistas que denunciaron el caso celebraron las acciones de la Fiscalía.

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó este 30 de noviembre un operativo en las instalaciones de la Municipalidad de Paraíso, así como en dos oficinas privadas ubicadas en la provincia de Cartago, como parte de una investigación que se tramita por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y facilitación culposa de sustracciones.

Como parte de las diligencias, correspondientes al expediente22-003051-0345-PE, la Fiscalía ordenó detener a un hombre de apellidos Rodríguez Bonilla, quien es asesor legal municipal. Esta persona se encuentra a las órdenes del Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará la respectiva solicitud de medidas cautelares.

De igual manera, dentro de la causa figura como investigado el alcalde de Paraíso, Carlos Ramírez Sánchez por su función como administrador general y jefe de la Municipalidad, el cual debe velar por el cumplimiento de la ley, enfatizó la Fiscalía. En los trabajos también se investiga a dos abogados privados de apellidos Quirós Brenes y Rodríguez Alvarado.

En un comunicado de prensa la Fiscalía indicó que entre el 2020 y el 2021, un grupo de personas funcionarias y exfuncionarias del gobierno local paraiseño presentó demandas laborales ante el Juzgado de Trabajo, en contra del ayuntamiento, por cobros de derechos labores que alegaban les habían sido violentados.

En apariencia, en condición de demandada, el municipio recibió 18 notificaciones judiciales, las cuales fueron remitidas a Rodríguez Bonilla, quien debía proceder a contestar dichos documentos.

De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, se sospecha que esa última persona y los abogados privados investigados (Rodríguez Alvarado y Quirós Brenes) idearon un plan para que el asesor no realizara las contestaciones en el tiempo establecido y el municipio perdiera esas demandas.

Por esa razón, se presume que la Administración Municipal no logró defenderse de las demandas y se dictó una sentencia en su contra por parte de los jueces laborales, según lo establece el artículo 506 del Código Laboral, causando a la municipalidad un perjuicio económico de 176 millones de colones, que debió ser pagado en cumplimiento a la sentencia judicial.

Diputados de Cartago celebraron allanamientos

La congresista del Partido Liberal Progresista (PLP) por la provincia de Cartago, Johana Obando Bonilla expresó su satisfacción ante la acción llevada a cabo. La diputada recordó que desde el 1 de agosto del presente año presentó una denuncia ante el Ministerio Público a raíz de un posible caso de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, tras descubrir que el abogado de la municipalidad ha descuidado la defensa en denuncias laborales, e indicó que "curiosamente, estas denuncias involucran casos en los que el primo hermano del abogado municipal representa a la parte contraria".

Adicionalmente, el congresista cartaginés del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega Gutiérrez, quien había presentado una denuncia la semana anterior también reconoció las acciones de la Fiscalía. El diputado señaló un "presunto modus operandi criminal" que incluye los delitos de estafa, patrocinio infiel, enriquecimiento ilícito y corrupción, dentro del municipio, actos que en principio también verían implicado al asesor legal de la institución.