El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 42 votos a favor y ninguno en contra, el expediente 24.682, impulsado por la diputada Katherine Moreira Brown, que reforma el artículo 330 del Código Penal para imponer penas más severas en casos de receptación de bienes cuyo valor exceda los cinco salarios base.

La normativa pretende introducir una nueva sanción de entre cuatro y seis años de prisión para quienes adquieran, reciban u oculten bienes de origen delictivo de alto valor, sin haber participado en el delito original. Además, mantiene las penas actuales y contempla agravantes específicas, como la habitualidad en la comisión del delito.

Según se argumenta en el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el proyecto responde a un fenómeno creciente de criminalidad organizada, especialmente en el robo de contenedores. Según la Comisión, los receptadores operan de forma profesionalizada, conocen rutas logísticas y utilizan métodos para burlar la vigilancia de las autoridades.

La acción que realmente debe atacarse con severidad es de quien ordena el robo de la mercancía, siendo en la mayoría de los casos quien recepta la mercadería. Al ser este un delito con una sanción muy baja, seis meses a cinco años o veinte a sesenta días multa, muchas veces no llega ni afectar el récord criminal de quien comete la acción".

El Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la UCCAEP, la Cámara de Transportistas Unitarios y otras entidades respaldaron el proyecto durante su trámite. En sus criterios, destacaron que el aumento de penas permitirá clasificar estos casos como delitos graves, abrirá la posibilidad de usar técnicas especiales de investigación y facilitará la persecución penal contra redes de receptación y contrabando.

"Este proyecto representa un paso esencial en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra las redes de receptación vinculadas a delitos como el robo de contenedores, hurtos a gran escala y el tráfico de mercancías robadas. Estos actos delictivos afectan profundamente la operación cotidiana de las empresas en nuestro país, especialmente aquellas vinculadas al comercio exterior, logística, transporte y distribución de bienes", expresó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en su respuesta ante la audiencia escrita que se le dio sobre este proyecto.

Por su parte, el Ministerio Público señaló que las nuevas penas permitirán sancionar con mayor severidad y activar herramientas jurídicas adicionales para casos complejos.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica fue la única entidad que se manifestó en contra del proyecto, argumentando que carece de justificación técnica suficiente. Sin embargo, la Comisión Legislativa no solicitó audiencias durante el trámite y dictaminó de forma afirmativa y unánime el texto el pasado 29 de abril.

El proyecto aún debe votarse en segundo debate y enviarse a firma presidencial, antes de entrar a regir cuando se publique en La Gaceta.

Según la exposición de motivos del proyecto, en el año 2023 se presentaron decenas de denuncias por robos a contenedores o furgones, siendo las mercancías más afectadas los materiales metálicos, electrodomésticos, papel higiénico y licor.

Breves

— Con 33 votos a favor y 6 en contra se aprobó en primer debate y se envió a consulta preceptiva constitucional el expediente 24.117 "Reforma al artículo 2 de la Ley 9430 Aprobación del protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre facilitación del comercio) para la inclusión del Ministerio de Economía Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Costa Rica en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio". 

Proyectos dictaminados

Este jueves no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

En La Gaceta N.° 107 del jueves 12 de junio de 2025 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:

— Ley 10.701 "Declaratoria del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como Institución Benemérita de la Patria" que se tramitó bajo el expediente 23.679. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Tercerea el 9 de abril de 2025, por lo que transcurrieron 64 días para que se publicara en el diario oficial.

— Ley 10.722 "Ley para el establecimiento del Protocolo Nacional Obligatorio de Alerta y Rápida Acción ante la desaparición o no localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica" que se tramitó bajo el expediente 24.311. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 29 de abril de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que se publicara en el diario oficial.