Exclusión de proveedores de redes aumentaría costo de implementación de tecnología 5G en el país.

El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe) presentó esta tarde el estudio Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica, del cual concluyen que la exclusión de empresas chinas derivadas del Decreto Ejecutivo 44.196 generaría graves perjuicios económicos y sociales.

Según indicaron desde el Cinpe-UNA la aplicación de ese decreto ejecutivo que excluye a proveedores de China en la participación del mercado de telecomunicaciones de quinta generación (5G), produciría “incrementos en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios de Internet y telefonía móvil, pérdidas económicas en distintos sectores productivos del país y una mayor brecha digital que aumenta la desigualdad social”.

Dato D+: El Decreto 44.196 excluye como participantes del mercado de telecomunicaciones 5G a las empresas que provengan de países que no hayan ratificado el Convenio de Budapest Sobre Ciberseguridad, incluyendo a China.

Sobre las implicaciones del Decreto 44.196 el director del Cinpe, Olman Segura Bonilla señaló:

Si bien las políticas de ciberseguridad son esenciales para proteger la integridad y seguridad de las redes nacionales, es fundamental equilibrar estas medidas con el potencial impacto económico y tecnológico que podría surgir en el sector y en el país, al limitar la competencia en el despliegue de la red 5G. Es vital que Costa Rica evalúe cuidadosamente las implicaciones de tales decisiones en su trayectoria hacia una economía más conectada y moderna”.

Según indicaron desde el Cinpe del estudio se desprende la afectación directa que percibirán los usuarios finales de los sistemas de telecomunicaciones en un mercado de desarrollo de la 5G, las que generarían un incremento de hasta un 40% en las tarifas para los servicios de Internet y telefonía móvil, en comparación con un escenario donde el país no aplique lo establecido en ese decreto ejecutivo.

El informe realizó ese cálculo a partir de la consideración de diversas variables que requieren emplear los operadores de servicios de telecomunicaciones y que incluyen gastos operativos, de mantenimiento, administración, inversión necesaria, rentabilidad y depreciación de equipos.

Según señalaron el efecto del incremento de las tarifas tendría una repercusión directa sobre la cantidad de usuarios que tendrían acceso a las soluciones basadas en 5G, y según detalla el informe la modalidad de telefonía móvil podría pasar de 7.876.163 abonados en el 2022 a 4.331.890 en el 2030, lo que representa una disminución del 43% de suscripciones, lo cual para Cinpe significaría “un retroceso en los avances por una penetración eficaz de la tecnología 5G en el país, en momentos en que se calcula que para el 2025 en América Latina se alcanzará el porcentaje del 12%, mientras que en el caso de Europa sería de un 34%”.

Adicionalmente el informe destaca que el efecto de la implementación de la red 5G tiene demostradas implicaciones positivas sobre la economía de los países, sin embargo, en el escenario donde se aplique la exclusión de proveedores de China en soluciones 5G, utilizando la misma base para el cálculo que la del estudio citado, el país sufriría un costo económico de hasta 1360 millones de dólares al cabo de cinco años.

Según el estudio los principales sectores que se verían afectados en los primeros 5 años son el de los servicios de manufactura provenientes de zonas francas (con un costo económico de 483,6 millones de dólares), el de información y comunicación (161,9 millones de dólares) y el de comercio (123,6 millones de dólares).

El informe también concluye que como Huawei ya ha realizado importantes inversiones en el despliegue de infraestructura de redes en el país, su exclusión se traduce en un “incremento en la inversión que debe realizarse de aproximadamente 1474,68 millones de dólares en un periodo de cinco años por parte de los operadores, lo que se traduce en un aumento de un 44% en los costos de inversión”.

El informe concluye que “es imperativo que Costa Rica y otros países adopten una política de neutralidad tecnológica al considerar la implementación de la tecnología 5G. Esta neutralidad no solo garantizará una adopción eficiente y económica, sino que también posicionará al país de manera óptima, para capitalizar las oportunidades de la próxima era digital”.

Nota del autor: una versión actualizada de documento "Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica", dada a conocer posterior a la publicación de esta nota reconoce que  la investigación "fue solicitada y contratada por la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A.".

Controversia con China

El pasado mes de octubre la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora negó ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa que el decreto 44.196-MSP-MICITT estuviera dejando por fuera a algún país en específico, ya que cualquiera puede adherirse al Convenio de Budapest, y minimizó los efectos que tendría el dejar por fuera a empresas chinas del mercado 5G:

Yo soy la primera que aplaudiría en tener más empresas chinas invirtiendo en el país, lamentablemente, esto es un Tratado de Libre Comercio que se firmó hace poco más de 15 años y en el país cuento con una mano las inversiones chinas que han hecho; y uso el mal ejemplo de la ruta 32, que irónicamente China es un país reconocido mundialmente por ser muy hábil con lo que tiene que ver con infraestructura pública, pero bueno, Costa Rica lamentablemente es una excepción a esto”.

En esa misma comparecencia el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado aseguró que las razones por las cuales había que considerar dejar a China por fuera de la implementación de la tecnología 5G se debían a que en se país todas las empresas están obligadas por ley a colaborar con el Gobierno en temas de inteligencia, por lo que no era comparable a otros países que han incurrido en espionaje, y añadió:

Yo entiendo que se dice que hay otros países que han espiado a otros, y eso será pues una situación geopolítica que requiere análisis, pero hay países de estos que ustedes han indicado que no tienen una normativa así de sólida que permite la intervención de una compañía por parte de un gobierno, o un Estado, que es totalitario como China”.

Las declaraciones de ambos jerarcas fueron calificadas por la Embajada de la República Popular China en la República de Costa Rica como "acusaciones irresponsables e infundadas".