En el cambiante escenario de la innovación, surge una pregunta fundamental que genera cierto grado de intriga: ¿debe considerarse al Estado como un enemigo de la empresa privada, o, por el contrario, como un actor innovador en las compras públicas? Esto plantea un debate continuo sobre el papel del Estado en la promoción y desarrollo de la innovación en las compras públicas, factores que se consideran con la implementación de la nueva Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) la cual plantea que se deben generar criterios de innovación que se encuentren alienados con el progreso económico y social del país.
Es fundamental abordar los criterios de compras públicas de innovación de manera objetiva, verificable y en consonancia con el propósito del contrato. Por esta razón, el artículo 22 de la Ley 9986 establece que estas compras se refieren a la adquisición de obras, bienes y servicios que estén en proceso de mejora en términos de producción y métodos de realización, es crucial garantizar la búsqueda de soluciones que contribuyan al mejoramiento del interés público.
Entonces, surge la pregunta de hasta qué punto el Estado puede establecer los parámetros disponibles para las compras públicas orientadas a la innovación. En este punto, recae la responsabilidad de las administraciones en evaluar qué áreas requieren innovación y determinar las estrategias que se pueden llevar a cabo para el seguimiento y evaluación del proceso de contratación.
Entonces, ¿puede el estado puede ser un ente innovador y romper el esquema tradicional de que no posee habilidad de innovación?
Sí puede, tal y como lo menciona la economista Mariana Muzzucato en su libro El Estado Emprendedor; Mitos del sector público frente al privado, puesto se reconoce que los gobiernos, a través de sus procesos de adquisición, ejercen una influencia económica sustancial, lo que les otorga una posición estratégica para impulsar la innovación. Sin embargo, en el paradigma tradicional, las empresas han sido consideradas las principales impulsoras de la innovación, mientras que al sector público se le ha asignado un papel de inercia, a menudo descrito como un actor burocrático y pesado en lugar de un motor de dinamismo. Esta percepción ha llevado a la noción de que el Estado es esencialmente un actor básico, en lugar de un agente activo de cambio.
Pero el cambio se encuentra en que la innovación se ha convertido en una herramienta para el progreso de las sociedades y una posibilidad de competitividad del estado. Ya que, se entiende que las Compras Públicas Innovadoras (CPI) ocurren cuando el sector privado innova para satisfacer la demanda pública porque los productos o servicios existentes en el mercado no son capaces de satisfacer dicha demanda. Por lo que la compra pública innovadora ha surgido como una estrategia para impulsar la innovación a través de la adquisición de bienes, obras y servicios por parte de las administraciones en los procesos de contratación, donde el sector público puede generar políticas de CPI que cumplan dos objetivos al mismo tiempo: promover la innovación y el desarrollo regional, y no se queden obsoletos en un mundo tan cambiante, sino que estos sean parte de cambio y del avance.
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