El país presenta actualmente una importante brecha en infraestructura, la cual según el BID hasta el año 2030 requiere aproximadamente una inversión del 39% del PIB (2019). Exigiendo una inversión del 3.86% anual, siendo la inversión histórica del 2.76%, lo que conlleva un aumento anual de por lo menos el 1.10% del PIB. Pero el gran endeudamiento y alto déficit fiscal hacen poco probable un aumento en la inversión pública en infraestructura en el mediano plazo.

La experiencia y recursos financieros del sector privado ayudarían a cerrar esta brecha como ha sucedido con éxito en muchos países. Pero para lograr involucrar al sector privado de una forma eficiente en el suministro de infraestructura y beneficiarse de la reactivación económica que generaría la misma, es necesario rediseñar el programa de Asociación Público-Privada (APP) como lo hizo Colombia, para asegurar la estructuración de proyectos bajo las mejores prácticas y de esta forma poder atraer a los mejores inversionistas privados y financiadores.

En los últimos años el aumentar la participación privada en la inversión de infraestructura ha sido uno de los principales objetivos de los gobiernos de Latinoamérica dado los altos endeudamientos y déficits fiscales que estos han presentado. Donde las APP cada vez juegan un papel más relevante para la participación del sector privado en el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura. El avance en la calidad de la infraestructura que presentan países como Chile, Colombia, Brasil, Perú y México, se debe en gran parte a que han podido diseñar modelos exitosos de APP para la participación privada en el suministro de infraestructura.

Según el Banco Mundial, el financiamiento del sector privado proporciona dos funciones clave en una APP. En primer lugar, complementa el financiamiento del sector público y permite que avancen proyectos que de otro modo habrían sido descartados debido a restricciones fiscales. En segundo lugar, crea un mecanismo de incentivos que alinea los intereses públicos y privados durante toda la vida del proyecto, lo cual produce que se provea infraestructura y servicios de mayor calidad para los usuarios. Esta alineación se produce vinculando los ingresos del operador privado a un conjunto de indicadores de rendimiento previamente acordados y exigiendo a este último que invierta un capital significativo a largo plazo.

Si bien los recursos que aporta el privado para financiar las obras son un factor de mucho peso, la mayor eficiencia e innovación que aporta el privado, son igualmente importantes, además de que los proyectos de APP tienden a estar mejor estructurados y ser más transparentes. Por esto las APP hacen que los países puedan disponer de más y mejor infraestructura, desarrollada en menor tiempo.

Dado que el déficit en infraestructura en nuestro país es muy grande y la situación de las finanzas públicas no permite financiar las grandes inversiones en infraestructura que necesitamos, es imprescindible acudir al sector privado para aumentar los recursos para el financiamiento de infraestructura por medio de las APP, como lo hacen muchos de los países del planeta. Sin la participación del sector privado es imposible para el Estado financiar el faltante de infraestructura del país.

Cuando se estudia como Chile y Colombia crearon programas de APP exitosos, considerados como de los mejores de la región, se encuentra que, ante la incapacidad de los Estados de financiar las grandes inversiones necesarias para mejorar su infraestructura, se decide apostar por atraer los recursos del sector privado. Se llega a un acuerdo nacional de que la forma de hacerlo es desarrollando un programa de APP con los más altos estándares internacionales para poder atraer a inversionistas privados internacionales. Se realizaron importantes cambios regulatorios, institucionales y de percepción en el suministro de infraestructura, y se crean Unidades de APP (equivalentes al Concejo Nacional de Concesiones) con los más altos estándares internacionales.

El caso de la reestructuración del programa de APP en Colombia merece ser estudiado con atención. En el año 2010, debido a la brecha tan grande de infraestructura que tenía el país y la imposibilidad de este de financiarla, se decide atraer al sector privado al financiamiento de infraestructura por medio de una reestructuración del programa de APP, creando un nuevo marco normativo y una nueva Unidad de APP.

Uno de los principales objetivos buscados era mejorar la red de infraestructura vial del país, para lo que se crea el programa llamado carreteras de 4ta generación (4G) en donde se planeó la construcción y rehabilitación de 4,900 kilómetros de carreteras con un costo de, aproximadamente,11,840 millones de dólares, distribuidos en 29 concesiones. El programa fue todo un éxito y logró atraer a empresas constructoras internacionales y entes financiadores internacionales de primer nivel. Actualmente Colombia está estructurando su programa 5G de nuevos proyectos de infraestructura a realizarse por medio de APP, el cual será un paquete multimodal que incluirá carreteras, proyectos de navegación fluvial, ferrocarriles y aeropuertos.

Lo que se busca con estos ambiciosos programas es disminuir la brecha que tiene Colombia en infraestructura. Según estudios de la Unidad de APP de Colombia (ANI), las Carreteras de 4G pueden tener un efecto multiplicador de 1.5% sobre el PIB durante los años de la construcción. Así mismo, pueden aportar un crecimiento potencial del PIB de 4.6% a 5.3% en el largo plazo, y una reducción en la tasa de desempleo del 1%.

Es muy triste ver como Colombia ha podido desarrollar y mejorar la calidad de 4,900 kilómetros de carreteras con su programa 4G en 13 años (equivalente al 94% de la red vial nacional pavimentada de Costa Rica) y como Chile en sus primeros 30 años de existencia del programa de APP logró desarrollar más de 4,000 kilómetros de carreteras. Mientras que Costa Rica tiene 54 años tratando de terminar la nueva carretera a San Carlos de 45 kilómetros y 27 años de tratar de ampliar la carretera de San José a San Ramón de 55 kilómetros. Esto nos demuestra la urgencia de replantearnos el sistema de gestión de infraestructura que tiene el país y analizar implementar esquemas que internacionalmente han demostrado su efectividad.

En 25 años de la ley de APP de Costa Rica solo se han desarrollado 3 proyectos (Carretera SJ a Caldera, Aeropuerto de Liberia y Terminal de Contenedores de Puerto Moín). Otros proyectos fuera de la Ley APP fueron el Aeropuerto Internacional Juan Santa María y Puerto Caldera. Mientras que Chile en 30 años ha firmado 110 contratos de APP y Colombia 129 contratos. El país en 25 años ha desarrollado bajo su ley de APP menos concesiones que lo que Chile y Colombia hacen en 1 año promedio.

En nuestro país, los últimos gobiernos han manifestado su intención en usar las APP para el desarrollo de importantes proyectos, pero sin realizarse el análisis de los elementos necesarios a desarrollar para crear un esquema eficiente que permita la ejecución exitosa de proyectos de APP. La Unidad de APP debe ser un ente experto en definir, priorizar, estructurar y administrar proyectos de infraestructura complejos. Desarrollar un equipo humano capacitado, motivado y mantenerlo en el tiempo, es uno de los principales retos de constituir una Unidad de APP. El mayor desafío de un programa de APP es como lograr constituir una Unidad de APP competente, que se rija por criterios técnicos y que no se vea afectada por las “malas prácticas políticas”.

Si no se diseña un programa de APP eficiente, no se van a poder desarrollar proyectos bien estructurados que atraigan a fuertes inversionistas privados y que sean bancables. Perdiendo el país la oportunidad de mejorar su infraestructura y verse beneficiados de la reactivación económica que la participación del sector privado podría generar en infraestructura.

La OCDE este año recomendó a Costa Rica la implementación de las APP para poder reducir la brecha de infraestructura. Identificando grandes cuellos de botella, particularmente en el transporte por carreteras, que dificultan el desarrollo y perjudican la competitividad, la productividad y el medioambiente. Según la OCDE la red de carreteras es extensa, pero la calidad es deficiente debido a años de gastos insuficientes debido a una gobernanza, planificación y ejecución débiles. La mala calidad de las carreteras aumenta los costos de transporte y las pérdidas de producción y limita la competitividad de los productores a gran y pequeña escala, impidiéndoles acceder a mercados más amplios. Reducir esas brechas ayudaría a extender los beneficios de la integración comercial y la inversión extranjera directa a todo el país.

La única forma en que el país podrá financiar la mayoría de los grandes proyectos de infraestructura que se necesitan para reducir la gran brecha que tenemos es por medio de las APP. Para esto es necesario hacer una reestructuración de nuestro programa al igual que lo hizo Colombia, creando una nueva Unidad de APP que genere la confianza al sector privado de que los proyectos se estructuran bajo los más altos estándares internacionales.

Este artículo se basa en el estudio: Los retos de la Infraestructura en Costa Rica de cara al siglo XXI. Puede leer el estudio completo en este enlace o un resumen acá.

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