Hoy tenemos el privilegio de observar, a través de un ultrasonido, el desarrollo de una vida en gestación. El ultrasonido no es solo una ventana mágica al mundo invisible del vientre materno, sino que permite además verificar el desarrollo del bebé o identificar posibles complicaciones o padecimientos. El médico no solo se basa en sus conocimientos de clínica, sino que cuenta con imágenes que le permiten detectar con mayor facilidad lo que podría ocurrir para tomar decisiones acertadas.

Durante la concepción de una empresa también es importante contar con herramientas prospectivas, que permitan tomar decisiones y administrar eficientemente los recursos. La herramienta que se utiliza para tomar decisiones en relación con potenciales impactos y riesgos ambientales se llama evaluación de impacto ambiental (EIA). Es un ejercicio que se hace antes de iniciar un proyecto y que, según su complejidad, involucrará a un mayor o menor número de expertos en temas sociales, arqueológicos, geológicos, biológicos, e ingenieriles.

La EIA es un ultrasonido ambiental a partir del que se toman decisiones sobre posibles riesgos, que podrían ocurrir durante la construcción u operación de un proyecto. Permite anticipar. Evitar sorpresas.

Modificación de reglamento

Cualquier desarrollador serio sabe que es mejor prevenir que lamentar. Sabe que sus partes interesadas, financistas, clientes, y la comunidad, exigen cada vez más que los riesgos ambientales del proyecto están bien controlados. Además, entiende que, si quiere desarrollar un proyecto en un país como Costa Rica, que se presenta como respetuoso del ambiente, debe actuar en consecuencia.

Lastimosamente, el gobierno de Costa Rica ha confundido la EIA con exceso de tramitología y modificó el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental (EIA), el pasado mes de abril. Como consecuencia de esta modificación, ciertas industrias de riesgo ambiental alto, como la manufactura de productos farmacéuticos, la fabricación de textiles, papel y cartón, no están obligadas a recibir una aprobación por parte de la autoridad gubernamental, la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), para empezar a operar.

¿Qué riesgos ambientales podrían presentarse en este tipo de industrias y por qué debería preocuparnos que no estén sujetos a aprobación por parte de SETENA? Para responder a esas preguntas, imaginemos un proyecto farmacéutico que se establece en un parque industrial de Costa Rica.

Impactos de un proyecto imaginario

Imaginemos que la empresa farmacéutica Pills Inc instala en Costa Rica un centro de investigación y desarrollo y una planta de manufactura de tabletas, óvulos y disoluciones. Esa empresa utiliza compuestos inflamables, como alcoholes y disolventes, para sintetizar o extraer algunas de las materias primas. Un mal manejo de esas sustancias podría generar un incendio o una explosión y daños graves a personas e infraestructura.

Por otro lado, Pills Inc necesita mucha agua para lavar los tanques en los que se sintetizan los componentes. En consecuencia, se generan aguas residuales con principios activos y antibióticos. Al descargarse a los ríos, estas aguas podrían generar problemas reproductivos en especies acuáticas y resistencia antimicrobiana, que es una de las mayores preocupaciones de salud pública mundial, según ONU Medio Ambiente. Estos son solo dos impactos ambientales potenciales de este proyecto imaginario. Ahora veamos lo que ocurre en la realidad.

Realidad y legislación costarricense

El pasado 8 de mayo hubo una explosión en una planta farmacéutica, en Massachussetts, Estados Unidos, que lanzó un tanque de acero a través del techo, mató a un trabajador y lesionó a otros cuatro. Este no es un incidente aislado. Una investigación publicada en 2020, en la Revista de prevención de pérdidas en las industrias de procesos, identificó 73 incidentes en la industria farmacéutica a nivel global, que provocaron 108 muertes entre 1985 y 2019. Varios de estos incidentes han ocurrido en países que cuentan con legislación robusta, como la de Estados Unidos.

Nuestra legislación no brinda lineamientos claros para el manejo de sustancias químicas peligrosas, incluyendo las inflamables. Esta deficiencia fue señalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal como se consigna en la hoja de ruta de 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Para finales de 2023, Costa Rica se comprometió a cumplir con un Plan de Gestión de Productos Químicos, que incluye la elaboración de un decreto de buenas prácticas de gestión de productos químicos en la industria. Este decreto aún no ha sido publicado.

Es muy ambicioso pensar que, en el corto plazo, tendremos en Costa Rica normativa para todos los posibles escenarios industriales. Este ha sido un trabajo arduo de algunos países latinoamericanos como México y Brasil. Por esta razón es fundamental que quienes asesoran a posibles inversionistas en el país, recomienden la elaboración de una EIA que incorpore mejores prácticas internacionales.

No confundamos EIA con burocracia, papeleo u obstáculo. Por el contrario, conviene recordar que este ultrasonido ambiental es una pieza clave de cualquier proyecto que quiera orientarse hacia el éxito empresarial.

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