El PPSD argumentó que los diputados incurrieron en una "renuncia tácita" al partido, al externar su apoyo a Aquí Costa Rica Manda.
Ocho de los diputados que conforman la fracción oficialista presentaron, este viernes, un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por su expulsión al Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El amparo está firmado por Pilar Cisneros Gallo, Daniel Vargas Quirós, Waldo Agüero Sanabria, Paola Nájera Abarca, Alexander Barrantes Chacón, Manuel Morales Díaz, Jorge Rojas López y Ada Acuña Castro.
La única de los exdiputados del PPSD que no firmó el amparo fue la legisladora, María Marta Padilla Bonilla.
Según indicó Cisneros:
Todos consideramos que fueron vulnerados nuestros derechos más elementales. Al día de hoy, el comité de ética del partido no tiene ningún expediente abierto contra alguno de nosotros”.
La decisión se tomó luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido declarara, a inicios de octubre, que los nueve oficialistas, quienes meses atrás externaron su apoyo al Partido Aquí Costa Rica Manda (PACR), renunciaron "tácitamente" a la agrupación que los llevó a la Asamblea Legislativa y por ello se acordó retirarles la militancia partidaria.
El PPSD señaló que las decisiones se tomaban amparados en la jurisprudencia del TSE emitida en la resolución 7255-E8-2023, originada a raíz de una consulta formulada por el Partido Gente Montes de Oca.
Según indicó el secretario general de la agrupación, Luis Arturo Chavarría Blanco, el órgano electoral aclaró en ese documento el procedimiento a seguir a lo interno de los partidos para tomar acciones contra militantes que incurran en doble militancia, estableciendo que en caso de evidencias irrefutables o en casos donde una persona manifiesta voluntariamente apoyar a otro partido político, no se necesita realizar un debido proceso pues voluntariamente decidieron dejar "la tienda" de la que provenían.
Sin embargo, para los oficialistas esta medida "lesiona sus derechos, pues al dar marcha a una expulsión del partido, se violentaron los derechos más elementales".
Cisneros agregó que:
Los estatutos del partido no contemplan la supuesta renuncia tácita ni nada parecido para justificar la expulsión del partido”.
Los legisladores del gobierno también plantearon una serie de recursos de revocatoria a lo interno del PPSD por estas decisiones de expulsión; sin embargo, alegan que en este procedimiento interno no obtuvieron respuesta:
Pese a que disponen legalmente de 10 días hábiles para atender dichas solicitudes, las autoridades del PPSD omitieron pronunciarse sobre ellas, violentando los derechos electorales de los diputados oficialistas".
Tras la noticia, la presidenta del PPSD y diputada, Luz Mary Alpízar Loaiza, señaló que:
(El amparo electoral) es algo normal y típico en estos procesos. Recibimos con tranquilidad la noticia y esperaremos la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones. En el partido se siguió lo establecido por la resolución del tribunal para cuando se tiene que es público y notorio la vuluntad de las personas de separarse del partido, que fue lo que los compañeros ejecutaron hace más de dos meses".
