OCDE considera que ratificación del Acuerdo de Escazú garantizaría la democracia ambiental en el país.

El pasado 6 de octubre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) volvió a recomendar a Costa Rica la ratificación del Acuerdo de Escazú.

A través del "Primer Informe de Evaluación de Desempeño Ambiental Costa Rica 2023" dado a conocer en la Primera Cumbre Ministerial de la Organización para la OCDE sobre Sostenibilidad Ambiental, resaltaron que, pese a que el país ha tomado varias medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales y a los Pueblos Indígenas, sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú

Al igual que lo hicieron en su reporte sobre Negocios Responsables para el país en febrero del presente año, el organismo señaló que la ratificación "consolidaría aún más los importantes esfuerzos del país para construir un marco legal avanzado para gestionar el medio ambiente y garantizar la democracia ambiental".

Costa Rica fue uno de los impulsores del Acuerdo Regional junto a Chile, sin embargo su ratificación no se ha dado. Al contrario, el proyecto de ley que se encontraba en la Asamblea Legislativa para este fin, fue archivado por las diputaciones a inicios del presente año.

En ese momento las fracciones señalaron que el tratado interfería con el "desarrollo económico", que podría ser una carga para el Estado al llevar casos a litigio internacional o incluso que buscaba "darle poder a los comunistas, hasta que puedan expropiar a empresas, al estilo de Hugo Chávez", según el diputado de Nueva República, David Segura.

Además desde el Poder Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves Robles dejó clara su negativa al proyecto desde el inicio de su mandato. Inclusive cuando se le consultó al respecto dijo que "el sector privado puede estar tranquilo de  el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno". 

Mientras que el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ha sostenido que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Mencionó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país.

En el futuro, de querer llevar la ratificación del Acuerdo otra vez a discusión, debe ser el Poder Ejecutivo quien tiene presentar otro proyecto para que inicie el trámite legislativo. Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.

 

Costa Rica altamente vulnerable al cambio climático

En el informe la OCDE enfatizó que Costa Rica es altamente vulnerable a las consecuencias ambientales, sociales y económicas del cambio climático. Entre los datos destacaron que, según el Instituto Meteorológico Nacional, los fenómenos climáticos extremos cobraron la vida de unos 546 costarricenses entre 1980 y 2017.

Además que la falta de un uso de la tierra y de una planificación urbana adecuada, exacerba el impacto de los desastres naturales en la infraestructura y los asentamientos y aumenta la vulnerabilidad de las personas a los fenómenos relacionados con el clima.

Agregaron que de 2016 a 2020, las pérdidas por desastres naturales ascendieron a 820 millones de dólares. En el caso de la tormenta tropical Nate, de 2017, causó las mayores pérdidas de los últimos 25 años, equivalentes al 1% del PIB del país.

Además, recordaron que la Política Nacional de Adaptación 2018-2030 indicó que los costos de los fenómenos meteorológicos relacionados con el clima podrían alcanzar entre el 1,6% y el 2,5% del PIB para 2025, incluida la reparación de infraestructuras de agua y transporte dañadas.

Imagen: CNE

La OCDE motivó al país a seguir lo dispuesto en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2022-26, que tiene como enfoque en reducir la vulnerabilidad climática del turismo, los recursos hídricos, la biodiversidad y la silvicultura.

Destacaron que el PNACC reconoce la urgente necesidad de generar información robusta sobre los riesgos e impactos climáticos e hidrológicos, así como mejorar las capacidades de las instituciones para desarrollar medidas de adaptación basadas en el conocimiento científico.

Agregaron que se han logrado algunos avances con el establecimiento del sistema nacional de monitoreo del cambio climático (Sinamecc), que también mapea acciones de adaptación.

Costa Rica debería aprovechar este sistema para monitorear la efectividad de las acciones de adaptación. Una mejor colaboración con el sector privado, las instituciones científicas y las comunidades locales ayudaría a generar información sólida para respaldar las políticas de adaptación climática y aumentar la conciencia pública”.