Proyecto no amplía penas de la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero modifica plazos de investigación y aplicación de medidas cautelares.

El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, presentó un proyecto de ley (expediente 24.006) que pretende actualizar la Ley Penal Juvenil, debido a la probada participación de personas muy jóvenes en los hechos violentos ligados a crimen organizado, especialmente el sicariato por parte de menores de edad, según indicó Campos.

Según señala la exposición de motivos del texto, la propuesta habilitaría "la declaratoria de crimen organizado juvenil, para que al momento de perseguir estos casos, se puedan utilizar herramientas existentes para investigar, ampliar plazos para investigaciones en caso de ser necesario, imponer medidas cautelares, asegurar que los casos sean juzgados por jueces especializados de la jurisdicción penal juvenil y no jueces por recargo”.

Sobre esta propuesta, el diputado Campos señaló:

La Ley de Justicia Penal Juvenil cumple ya 25 años de haber sido promulgada. Evidentemente, no es una norma que esté adecuada para los tiempos actuales, en los que vemos a jóvenes, casi adolescentes, vinculados con las mafias locales que se disputan territorios para la venta de drogas. Este proyecto otorga suficientes herramientas al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia para que persiga y juzgue los actos de estas personas con éxito”.

El diputado proponente añadió que uno de los puntos significativos de la iniciativa de ley es que propone la creación de un sistema integrado de datos de personas menores de edad que hayan participado en actividades de crimen organizado, que estaría en poder del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, establece la obligación al Ministerio de Justicia y Paz de crear una plataforma de información que contenga los datos de personas menores de edad involucradas en crimen organizado con el fin de otorgarle seguimiento a su rehabilitación.

Según el texto presentado, con esta reforma el juez penal juvenil podría decretar, a partir del momento en que se reciba la acusación, la detención provisional como una medida cautelar, cuando el menor esté siendo investigado por un delito grave, haya utilizado armas de fuego de grueso calibre (legales o ilegales), o que forme parte de un grupo criminal organizado.

Además, el texto propone regular y/o restringir el uso de medidas cautelares alternativas al internamiento en centros penitenciarios bajo el régimen cerrado en casos de crimen organizado juvenil, en razón de que “una persona menor de edad vinculada a crímenes violentos amerita abordajes especializados que también protejan a la comunidad”.

El diputado enfatizó en que el texto presentado no incluye modificaciones al esquema de penas existentes en la Ley de Justicia Penal Juvenil, ya que según el diputado su finalidad es que las sanciones ya existentes se cumplan de forma efectiva.

El texto fue presentado a la corriente legislativa con las firmas de respaldo de Jorge Eduardo Dengo Rosabal, Kattia Cambronero Aguiluz, Johana Obando Bonilla, Luis Diego Vargas Rodríguez y Eliécer Feinzaig Mintz del PLP; así como de Gloria Navas Montero de Nueva República (NR); Horacio Alvarado Bogantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y los oficialistas Alexander Barrantes Chacón y Jorge Rojas López.