Este proyecto pretende habilitar la declaratoria de crimen organizado juvenil, para que al momento de perseguir estos casos, se puedan utilizar herramientas existentes para investigar, ampliar plazos para investigaciones en caso de ser necesario, imponer medidas cautelares, asegurar que los casos sean juzgados por jueces especializados de la jurisdicción penal juvenil y no jueces por recargo, y regular o restringir en estos casos el uso de medidas cautelares alternativas al internamiento en centros penitenciarios bajo el régimen cerrado, lo anterior en razón de que una persona menor de edad vinculada a crímenes violentos amerita abordajes especializados que también protejan a la comunidad y a otras personas menores de edad que asisten a la escuela, colegios y espacios públicos