Informe de la Contraloría encontró que Inder carece de planificación y control en inversiones de desarrollo rural y hacía traslado de recursos dejando al beneficiario “la total ejecución del proyecto”.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría sobre el modelo de gestión establecido para el desarrollo de proyectos de desarrollo rural articulados con terceros por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Según señalaron desde la CGR el Inder financia proyectos con sujetos públicos y privados, en diferentes territorios del país, trasladando recursos líquidos que no son reembolsables. Para los años 2021 y 2022, el total de los montos utilizados llegó a los 10.794 millones de colones, aproximadamente.

La auditoria tuvo como objetivo determinar si el modelo de gestión establecido por el Inder cumple razonablemente con un enfoque para resultados y asegura que los proyectos se encuentran alineados con las finalidades institucionales y el marco normativo aplicable, para lo cual se valoraron los elementos esenciales de tres pilares de la Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD): 1. Planificación para resultados; 2. Gestión de proyectos; y 3. Seguimiento y evaluación.

Entre las principales conclusiones del informe la Contraloría destacó que el Inder:

  • No participa activamente de las propuestas de proyectos que se articulan con terceros para el desarrollo rural.
  • Financió proyectos en territorios con nivel de prioridad “Bajo”, aun cuando existen territorios con mayor rezago en su desarrollo que no han recibido recursos para este tipo de proyectos: sólo un 36 % de los proyectos se ejecutaron en territorios con priorización “Alta”.
  • No evalúa el impacto social o económico de los proyectos articulados en el desarrollo rural de los territorios, lo que imposibilita asegurar que la gestión realizada esté cumpliendo con las finalidades establecidas en la Ley N.° 9036.
  • Ejecuta proyectos articulados con sujetos privados mediante el otorgamiento de beneficios patrimoniales de recursos líquidos pero se limita a trasladar los recursos líquidos y deja al beneficiario la total ejecución del proyecto.

Sobre los hallazgos de la auditoria la gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, Carolina Retana Valverde, señaló que “todo esto impide asegurar razonablemente la contribución de esta intervención pública al desarrollo rural integral en el país”.

Sobre el traslado de recursos líquidos, el informe señala que el monto aproximado de beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados entre el 2021 y 2022 asciende a 4.716,21 millones de colones, y para esos beneficios “el Inder ha utilizado como sustento los artículos 15, 16 y 36 de la Ley n.° 9036, que tratan acerca de las funciones, competencias y potestades de la institución, así como la posibilidad de suscribir convenios, contratos o alianzas con sujetos privados, nacionales o internacionales. Sin embargo, ninguno de estos artículos refiere a la posibilidad de trasladar recursos líquidos a sujetos privados”.

Por tal motivo, entre las disposiciones del informe la Contraloría ordeno a la Junta Directiva de Inder “adoptar y comunicar un acuerdo para suspender el otorgamiento beneficios patrimoniales consistentes en recursos líquidos a sujetos privados, así como la suscripción de convenios con esta finalidad a partir de la comunicación de este informe de fiscalización”, para lo cual se dio como plazo el 31 de agosto.

Mientras que a la Presidencia Ejecutiva del Inder se le ordenó:

  • Definir e implementar los mecanismos de medición de los resultados esperados y del valor público alcanzado con las intervenciones del Inder, que incluyan al menos: la periodicidad de su aplicación, los indicadores y parámetros a utilizar.
  • Revisar las normas que utiliza el Inder para el otorgamiento de recursos líquidos a sujetos privados y derogar aquellas que resulten incongruentes con los alcances de la Ley n.°9036.

La Contraloría también ordenó a la Dirección de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural del Inder “elaborar un diagnóstico del impacto generado en los territorios rurales que permita determinar el valor público agregado por los proyectos articulados de los últimos 5 años que fueron financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Rural Territorial, identificando en forma separada el aporte de los proyectos con sujetos públicos y con sujetos privados”.