El jefe de fracción del PLP, Eli Feinzag, señaló que "el Banco Central no necesita saber cuánta plata debe cada ciudadano, a quién se la debe y a qué tasa de interés".

La fracción legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP) señaló este martes que la solicitud del Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) respecto a la información completa de las operaciones crediticias de nuestro país, incluyendo el número de identificación (cédula física, jurírica o DIMEX) vinculadas a las distintas transacciones, es algo "mucho peor que lo de la UPAD".

Según indicó el jefe de esta fracción, Eliécer Feinzaig Mintz:

Esto es mucho peor que lo de la UPAD y nos oponemos rotundamente. Respaldamos la posición de la Sugef y vamos a presentar una moción para cerrar este portillo del que se está valiendo el Banco Central, a nuestro juicio, en contra de las leyes vigentes".

Este martes el BCCR realizó una conferencia de prensa para justificar por qué solicitó esta información a la Sugef, un hecho que escaló al punto de que por ello se presentase una denuncia penal en contra de la superintendenta General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya, debido a su negativa a dar dicha información.

En el evento, el economista jefe del BCCR, Alonso Alfaro Ureña, señaló que el Banco Central tiene la potestad de acceder a esa información por la “voluntad del legislador”, ya que a criterio de la entidad es que tanto su Ley Orgánica, como la Ley del Sistema de Estadística Nacional (Ley 9694) los habilita a acceder a esta información, manteniendo la confidencialidad de los datos y para utilizarla con fines estadísticos.

Según Alfaro esa institución ya tiene bases de datos con información individualizada de las personas físicas y jurídicas de país, como por ejemplo el registro de accionistas, y datos tributarios y añadió que estas son “de altísima utilidad en sí mismas, pero adquieren una relevancia todavía superior en el tanto puedan ser vinculadas entre sí” por lo que, según el economista, con el número de identificación que se podrían realizar la vinculación de bases de datos.

Estas justificaciones, sin embargo, no fueron de recibo para el PLP que señaló que su fracción está "preocupada por el pedido" pues la información "está resguardada por la Sugef y contiene datos personales, sensibles, que deben ser protegidos con máximo celo de manejos inadecuados y de posibles ataques informáticos que pongan en peligro la privacidad de los usuarios".

Según la fracción, "la elaboración estadística no incluye el tratamiento de datos personales, tal y como lo estipula el art. 8 (d) de la Ley 8968 de Protección de Datos Personales. Además, los datos relativos a la condición socioeconómica son datos sensibles, y su tratamiento está circunscrito a supuestos muy específicos, que no incluyen la estadística ni el interés público".

Por ello, Feinzaig agregó que "los datos personales de los ciudadanos se deben manejar con el debido respeto a la privacidad y son solo para los fines específicos con que fueron recolectados. La voracidad del Estado por obtener estos datos no puede seguir superando los derechos individuales que la Constitución Política garantiza a los ciudadanos".

Para el PLP, esta solicitud compromete "el resguardo de la privacidad y la defensa de la libertad individual" y "no solo resalta el apetito del Estado por acceder a la información personal de los costarricenses, sino que deja también en evidencia la urgencia de aprobar la reforma integral a la Ley de Protección de Datos (expediente 23.097), que ya está en su fase final de discusión en el plenario":

No podemos permitir que las instituciones públicas sigan queriendo tener acceso a información personalizada de los ciudadanos que no necesitan para efectos de la política pública. Este nuevo episodio donde el Banco Central está reuniendo las bases de datos del Ministerio de Hacienda, de la Caja Costarricense del Seguro Social y ahora también de la Sugef con nombres y apellidos de las personas es absolutamente inaceptable. El Banco Central, para efectos de conducir su política pública, necesita estadísticas confiables y para eso necesita datos pero no necesita saber cuánta plata debe cada ciudadano, a quién se la debe y a qué tasa de interés. Lo que necesita son datos agregados y la información privada de los ciudadanos debe resguardarse".