Este artículo fue elaborado con apoyo de LatinClima, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro Científico Tropical por medio de la iniciativa Historias que cuentan cambios.

En enero de 1998, la Municipalidad de Guazacapán, ubicada al oriente de Guatemala y presidida por Manuel de Jesús Vásquez, comenzó la preparación del terreno para la construcción del Balneario La Curvina, cercano a la aldea Agua Dulce.

Los trabajos realizados por personal de la municipalidad a finales del siglo XX representaron la degradación de 4 kilómetros de bosque de mangle; en total fueron 60,60 m de ancho en los primeros 2 km y 30,60 m en los últimos 2 km, de acuerdo con un informe publicado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2012.

Se talaron 20.041 árboles (7.636 de mangle rojo y 12.405 de mangle blanco) con un valor de 1.422.170 quetzales (aproximadamente 189.622 dólares estadounidenses), lo que provocó un profundo daño al ecosistema de humedal de la zona.

Fue cuando el lugar pasó a ser conocido como “el dragado” y su impacto en las zonas aledañas fue considerable. Según el mismo informe de 2012, “uno de los principales resultados es el cambio en las características hidrológicas del área”, ya que se interrumpieron “los flujos acuíferos que inundan los bosques de manglar”, lo que provocó la muerte de la vegetación. Hasta dos kilómetros de terreno se secaron, según dicho informe.

Restauración de mangle con ayuda comunitaria

Por otro lado, las condiciones sociales presentes en la zona también son difíciles. La mayoría de la gente que habita los poblados de la línea costera en Guatemala sobrevive gracias a actividades artesanales de subsistencia como la pesca, en actividades de construcción y como empleados en las fincas azucareras de la costa sur guatemalteca.

“A veces nos dedicamos a lavar ropa ajena” dicen Norma Carias y Jéssica Soraya, dos mujeres residentes en las aldeas Agua Dulce y Papaturro en Guazacapán, quienes deben buscar la manera de generar ingresos debido a la escasez de medios de vida que los habitantes del lugar experimentan.

Ambas forman parte del programa Alimentos por Acciones del Ministerio de Agricultura (APA) y Ganadería (MAGA), creado para promover el desarrollo local por medio de la realización de proyectos comunitarios con impacto socioambiental, y que les permitió ser seleccionadas para integrar el proyecto del Fondo de Desarrollo Verde (FDV) manejo integral del paisaje en la Costa Sur.

“Sabemos que los medios de vida de las personas del sector playa son muy limitados y dependen del manglar, por ello decidimos trabajar con beneficiarios del programa APA del MAGA para recuperar unas 40 hectáreas de zonas degradadas”, explica María Fernanda Ramírez, bióloga encargada del programa de restauración.

María Fernanda Ramírez es una bióloga guatemalteca que acompañó a los habitantes de las aldeas Papaturro y Agua Dulce en el proceso de aprendizaje en monitoreo, construcción y mantenimiento de chinampas, y ecología básica de la zona degradada. Foto: Jorge Rodríguez

Norma, Jéssica y otras 200 personas integraron cuadrillas dedicadas a la construcción y mantenimiento de unas 600 pequeñas isletas hechas a partir de madera y bambú, conocidas como chinampas, que es un sistema artificial de cultivo para la siembra de mangle rojo. “Me sentí feliz, porque iba a trabajar”, dijo emocionada Carias, de 30 años, para quien esta sería su primera oportunidad laboral remunerada.

La degradación del ecosistema de manglar ya ha tenido un impacto significativo en la región. “Hay veces que no hay pesca y no tenemos otras fuentes de ingreso”, se lamentó Soraya. Esto se da debido a la ausencia de cobertura forestal y tiene un impacto en los hábitos de reproducción de ciertas especies de valor comercial como los pargos y los bagres, por mencionar a algunos.

Además de la pesca, la restauración del bosque de manglar en esta zona de Guatemala procura fortalecer otros servicios ecosistémicos que este ecosistema presta, como la captura de carbono, el resguardo de la biodiversidad marino-costera y su capacidad de mitigar los impactos del cambio climático, que en esta región se manifiestan mediante intensas tormentas tropicales y huracanes.

“Hay que movilizar a todos los sectores, incluyendo a la iniciativa privada, para que puedan contribuir con el mantenimiento (del ecosistema manglar), porque también se benefician de los servicios ecosistémicos que provee”, afirma Jan Bock, director del FDV para la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Una técnica ancestral para la restauración del mangle

Las chinampas, cuyo nombre viene de la palabra nahuatl chinampan, que significa “en la cerca de cañas”, son un sistema artificial de cultivo construido en zonas donde el agua es el principal recurso natural presente en el medio. Su efectividad e impacto en la seguridad alimentaria de las poblaciones dependientes de este sistema, hizo que la Oficina de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (FAO) reconociera este sistema como parte de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Esta técnica se utilizó desde la época de los toltecas en el Valle de México antes de la llegada de los españoles, haciendo de la entonces Tenochtitlán una ciudad flotante. Luego, para inicios del siglo XVI, los mexicas la utilizaron para cultivar en el lago Xochimilco, vestigios que aún se mantienen.

Para la restauración del ecosistema manglar en el Pacífico guatemalteco, se construyeron 600 chinampas a base de bambú y otros materiales orgánicos para asegurar el crecimiento de los nuevos árboles. Foto: Jorge Rodríguez

De vuelta en Guatemala, además de El dragado, el proyecto seleccionó otras áreas cercanas como “El barrigón” y “Comalcahuite” para implementar sus acciones de restauración. “Se eligió esta parte entre las muchas zonas degradadas que existen en la región, porque está dentro de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM) y nos permite tener al ecosistema de referencia. También tenemos acceso a semillas y otros insumos”, comentó Ramírez.

Este ecosistema depende del flujo hídrico que, en el caso de El dragado, fue interrumpido. En ese sentido, el programa cuenta con cuadrillas boqueteras, encargadas de rehabilitar el flujo hídrico a través de 22 boquetes que permiten el paso del agua constante hacia las chinampas y el mangle en regeneración. “Estamos volviendo a regenerar el parche natural, tratando de devolver ciertos servicios”, añadió la bióloga.

Según el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Guatemala cuenta con unas 25 809 hectáreas de cobertura de manglar que se distribuyen en San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Izabal y Petén. Sin embargo, el estudio Dinámica de la cobertura de manglar y del carbono asociado en Sipacate-Naranjo, Guatemala, publicado en 2018, calculó que la verdadera extensión de mangle en el país es de 18.839 ha, con una tasa de pérdida anual de 1,68%.

A esto se suma que, en 2009, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló que el país ya había perdido una extensión aproximada de 26 500 ha de manglares, que representan el 70% de su extensión histórica.

La incertidumbre del futuro

El Fondo de Desarrollo Verde manejo integral del paisaje en la Costa Sur fue financiado por la Unión Europea y otras entidades del viejo continente, e implementado a nivel regional por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y, a nivel nacional, por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG).

Cientos de personas y sus familias se vieron beneficiadas durante el tiempo en el que el proyecto estuvo en su fase operativa; cada cual recibió un incentivo económico que les permitió mejorar sus condiciones de vida. “El dinero lo usamos para pagar la mano de obra y los materiales para construir nuestra casa”, contó Carias, quien además asiste a su esposo en las actividades de pesca.

Después de invertir 2,2 millones de euros para la recuperación de 10.500 hectáreas de bosque en ocho municipios de la costa sur guatemalteca, el proyecto concluyó en marzo de este año y plantea un escenario para la mayoría de proyectos de desarrollo que se implementan en Guatemala y el resto de Centroamérica, financiados por la cooperación internacional, y es la falta de seguimiento.

“Nos gustaría que volviera el proyecto”, expresó María Luisa Ibarra, madre soltera que se dedica a la pesca artesanal de camarón. La falta de recursos económicos ha hecho que el trabajo de mantenimiento y supervisión de las chinampas se haya detenido “porque las personas necesitan ir a trabajar y no da tiempo de venir a supervisar”, añadió Ibarra.

María Luisa Ibarra y Jessica Soraya son dos mujeres residentes de la aldea Papaturro, en el suroccidente de Guatemala. Ambas son madres solteras y se dedican a la pesca artesanal de subsistencia, así como a otras tareas domésticas remuneradas. Foto: Jorge Rodríguez.

Pero Guatemala cuenta con el programa de incentivos forestales (PROBOSQUE) manejado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), que podría ser clave en este seguimiento. “Es un instrumento muy innovador. En Guatemala, los incentivos forestales se financian del presupuesto nacional. Es un sacrificio en un país donde hay muchos problemas, mucha pobreza, pero apartan una suma considerable para los incentivos forestales”, reconoció Bock.

Según anunció INAB, los pagos de incentivos forestales evitaron la deforestación de 70 736,91 hectáreas de bosque natural en todo el país. Además, PROBOSQUE ha apoyado directa e indirectamente a 9.015 familias y generado 4635 empleos en el área rural.

Sin embargo, no todo el mundo conoce acerca de este programa o la forma de ser parte de él. “Hemos escuchado algo, pero no sabemos cómo funciona”, se lamentó Ibarra.

En el otro extremo de la RNUMM, en la aldea Las Mañanitas, la población organizada del lugar ha conseguido formar parte de PROBOSQUE, aunque necesitan tener claros los procedimientos para poder gozar del incentivo forestal. “Tenemos pendiente algunos trámites para poder acceder al incentivo, pero esperamos que este año podamos dar inicio con ello”, dijo José Ávila, de la Asociación de Pescadores de Las Mañanitas.

Al igual que Bock, María Schoenbeck, bióloga guatemalteca que lidera un proyecto de restauración del paisaje junto al Programa de Soluciones Costeras de la Universidad de Cornell, ve en PROBOSQUE una herramienta para continuar con la protección de los recursos forestales de Guatemala. No obstante, sugiere que el proceso se socialice aún más porque “el programa es complejo de entender, los métodos de pago son confusos al inicio y la gente se queda con muchas dudas”, dijo.

Se requiere de unos 15 años para que los árboles de mangle sembrados en esta parte de la costa sur guatemalteca se vean ya como parte integral del paisaje. Los pobladores, sin embargo, saben que, aunque los medios de vida y las fuentes de ingreso continúan escasas, el beneficio ambiental siempre será bien recibido por ellos y sus familias.

“Todos ellos son conscientes que están restaurando un ecosistema y saben que se van a beneficiar tanto ellos como las especies que dependen del manglar. Ellos mismos se han dado cuenta de que, cuando están dando mantenimiento a las chinampas, varias especies acuáticas ya están reconociendo este sitio como sitio de anidación y de resguardo. Eso ya nos da indicios de los posibles impactos del proyecto”, concluyó Ramírez.

Este artículo fue elaborado con apoyo de LatinClima, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro Científico Tropical por medio de la iniciativa Historias que cuentan cambios.