El tema ya escaló, pues la Presidencia Ejecutiva de la Caja remitió la información a su Auditoría Interna y al Ministerio Público para que realicen las investigaciones correspondientes.

La Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) contradijo las declaraciones que brindó la presidencia ejecutiva de la institución, en conjunto con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la jerarca del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Jéssica Martínez Porras, y defendió el terreno adquirido para construir el nuevo hospital de Cartago.

En el oficio GIT-0777-2023, firmado por el Gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS, Jorge Granados Soto, la dirección señaló que:

De los múltiples y detallados estudios técnicos que se han realizado al terreno, ninguno establece que el terreno no pueda ser utilizado para la construcción del hospital".

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del miércoles anterior, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, se unió a los cuestionamientos que pesan sobre el proceso que llevó a la compra de este terreno.

El caso es de larga data pues desde el 2012, el Colegio de Geólogos de Costa Rica viene pidiendo cautela con el terreno comprado para esta obra, debido a que este se ubica sobre la falla geológica de Agua Caliente (que fue la que provocó el terremoto de Cartago en 1910) y en una zona industrial cercana a una empresa de agroquímicos, lo que afectaría directamente la atención de los usuarios del hospital.

Por este tema, personeros de la Asociación Pro-Hospital de Cartago (que fueron quienes pusieron la denuncia ante la Caja y ante el Ministerio Público) han comparecido en espacios como la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron en octubre del año anterior, en un encuentro en el que expusieron sus preocupaciones ante autoridades de la CCSS.

Si bien dicha compra ha sido defendida por la Gerencia de Infraestructura de la Institución, la semana anterior tanto Esquivel Rodríguez como Martínez Porras, del INVU, hicieron suyos los cuestionamientos sobre la compra, asegurando que en los estudios previos ni se verificó la factibilidad vial del proyecto, ni se realizaron los estudios de suelo correspondientes.

En el espacio con la prensa, la presidenta de la CCSS señaló que:

Entre las denuncias que nos señalan estos ciudadanos (de la Asociación Pro-Hospital de Cartago) se indica que dentro de los estudios técnicos no se verificó ni la factibilidad vial, ni la capacidad de suelos, por lo que los terrenos no tenían condiciones óptimas al encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias como sísmica destructiva y de riesgo por eventual ceniza, así como con riesgo por inundaciones debido a la cantidad de ríos que atraviesan los terrenos".

A su vez, Martínez indicó que:

Aquí es muy curioso porque el criterio que originalmente había dado el señor director de Urbanismo había sido negativo pero una semana después dijo 'Ahí sí', a solicitud de una nota que envió el señor alcalde de la municipalidad, en ese momento (...) Nosotros nos dimos a la tarea de revisar el expediente y de ver cuál fue la razón por la cual el criterio cambia y básicamente nos dimos cuenta de que es que la Dirección de Urbanismo señaló que el terreno ya no está inmerso en la zona industrial, si no que está en la periferia de la zona. Para poder señalar eso tenía que haberse hecho un estudio de compatibilidad de usos de suelo y eso nunca se hizo porque no hay evidencia en el expediente de que eso se haya elaborado ni hay fotografías o registro de que se hiciera una inspección de campo, lo cual era requisito indispensable para poder cambiar de criterio".

Este lunes, sin embargo, trascendió una consulta realizada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) para la provincia de Cartago, Paulina Ramírez Portugués, en la que Granados Soto defendió la compra del terreno y señaló como incorrectas las aseveraciones realizadas las semana pasada.

En el oficio, el gerente indicó que:

El proceso de adquisición del terreno para el nuevo hospital se realizó mediante una licitación pública abierta en la cual se recibieron 11 ofertas de las cuales 5 cumplían con los requisitos de elegibilidad y por tanto pasaron a la segunda fase de evaluación técnica. Estas 5 ofertas tenían un costo que rondaban entre 8,799,570,000 colones la más alta a 2,037,929,400 colones la más baja, siendo que la oferta finalmente adjudicada ofertó un monto de 2,729,011,638.83 colones, ubicándose en la zona baja del rango de precios ofertado. Sin embargo, si bien estos fueron los montos ofertados, el precio final pagado fue mucho menor ya que el valor de las propiedades fue establecido mediante avalúo realizado por la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda tal cual lo dictaba la ley de Contratación administrativa vigente en el momento, estableciendo dicho avalúo que el monto a pagar por la propiedad seleccionada era de 1,594,737,580 colones".

A su vez, Granados indicó que la compra sí contó con el certificado de uso de suelo correspondiente, el cual, según señaló "fue emitido mediante resolución municipal 008-2011 firmada por el señor Alcalde de El Guarco Lcdo. Víctor Arias Richmond", al tiempo que señaló que durante el proceso de análisis de los terrenos se contrató un estudio de factibilidad vial, el que se consigna en la compra directa 2011CD-000012-4402, cuyos resultados "sirvieron como insumo fundamental para la selección del terreno finalmente adquirido".

El tema ya escaló, pues la semana anterior Presidencia Ejecutiva de la Caja anunció que remitió la información a su Auditoría Interna para que realice una investigación al respecto, al tiempo que se puso a las órdenes del Ministerio Público para lo que competa en esa área.