El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, declaró a la agencia internacional de noticias AFP que su gobierno hará "lo posible" por evitar recurrir al "estado de excepción" como lo hizo su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele en El Salvador para afrontar los niveles de criminalidad que vive el país.

Chaves dio una entrevista a la agencia francesa de noticias en medio de las críticas por el aumento sostenido de la criminalidad, que dejó el 2022 como el año con mayor homicidios (654) en el país y la actual tendencia de que para el 2023 ese récord se rompa nuevamente con unos 800 u 900 homicidios.

De acuerdo con la versión oficial de la noticia publicada por AFP, Chaves declaró que:

Haremos lo posible para no tener que llegar al estado de excepción”.

Esa afirmación generó críticas por parte de diputados de la Asamblea Legislativa, quienes uno tras otro se apresuraron a adelantar su eventual voto negativo a la pretensión de hacer una declaratoria de ese tipo.

El "estado de excepción" en los términos de lo aplicado en El Salvador solo puede ser declarado en Costa Rica por la Asamblea Legislativa "en caso de evidente necesidad pública", por un plazo máximo de 30 días, con al menos 38 votos a favor, y solo para ciertos derechos consagrados en la Constitución.

Esa potestad asignada al Congreso está señalada en el artículo 121 inciso 7) de la Carta Fundamental, el cual establece que los derechos y garantías que pueden ser suspendidos son los establecidos en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37.

Esos artículos consagran los derechos de la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y de cualquier otro recinto privado, el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, para discutir de negocios, política, o de la conducta de los agentes estatales; la garantía del principio de Reserva de Ley para regular las acciones de las personas; la libertad de expresión y de Prensa; el libre acceso a los departamentos administrativos con fines de obtener información; y el derecho de no ser detenido o aprehendido previa orden judicial -o de autoridad competente- mediante comprobación de indicio que presuma que es autor o participe de un delito.

La Constitución indica que si la suspensión de derechos y garantías es declarada por el Congreso, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar la detención de las personas en establecimientos no destinados a reos comunes, o decretar su confinamiento en lugares habitados. Asimismo deberá dar cuentas a la Asamblea de las medidas tomadas para "salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado".

El Poder Ejecutivo solo puede declarar la suspensión de derechos y garantías cuando la Asamblea Legislativa se haya declarado en receso, y al hacerlo, se genera una convocatoria automática al Congreso para que sesione dentro de las siguientes 48 horas, y vote por si ratifica o no dicha suspensión.

Jonathan Acuña Soto, diputado del Frente Amplio fue el primero en anunciar su eventual voto y señalar que "esta desafortunada frase nunca debió salir del mandatario de este país".

Pero desde ya señalo que desde la Asamblea, que es donde corresponde definir la suspensión de garantías, NO permitiremos que en Costa Rica se cometa el repetido error que se ha cometido en otros países de la región.

Su compañero Ariel Robles Barrantes se sumó a la negativa y recordó a Chaves que "esa no es solamente una decisión de su mandato".

En Costa Rica, aunque a él le duela, existe democracia y esto que parece insinuar pasa por la Asamblea Legislativa. Para que vaya contando señor Presidente, no cuente con nuestro apoyo.

Alejandra Larios Trejos, diputada de Liberación Nacional, también anunció su negativa a los pocos minutos: "No hay una palabra más que lamentable [para] estas declaraciones. El Presidente debe centrarse en plantear acciones inmediatas, dejar atrás amenazas absurdas que nada ayudan a solventar la violencia que atravesamos. ¡Con mi voto no contará!"

La diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, dijo ante las declaraciones de Chaves que "debería hacer lo posible por tener planes reales en materia de seguridad", mientras que la liberacionista Andrea Álvarez Marín fue tajante en que no votará a favor de algo así.

Presidente: con mi voto no cuente para una ocurrencia así. Su deber es establecer una política pública en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Le ha agarrado ya un año tarde.

Kattia Rivera Soto, exjefa de fracción del PLN afirmó que solo una persona que desconoce lo básico de la historia del país podría pensar que el estado de excepción es una alternativa válida, dijo que a Chaves no le cabe en la mente el concepto de desarrollo humano integral, y que "jamás" podrá contar con su voto para una suspensión de derechos y garantías:

Solo alguien que no tenga en su ADN costarricense ese sentir de democracia puede creer que esto es respuesta. ¿Por qué mejor no prepara una política nocional de seguridad que tenga que ver más allá de la parte punitiva? Las políticas de prevención son ausentes, el tema de la poca inversión actualmente en educación o en el viceministerio de Justicia y Paz donde sabemos que la respuesta se da desde la formación de niños y jóvenes dándole espacios alternativos, donde sientan que son parte de la sociedad, y no fallarles como actualmente se está haciendo, totalmente excluidos. Este es el menor presupuesto en 15 años en el MEP, una cosa va de la mano con la otra.

La diputada Vanessa de Paul Castro de la Unidad Social Cristiana repudió que Chaves, tan siquiera, mencionara el estado de excepción como una posibilidad.

"El estado de excepción implica suspenderle a las personas, a los ciudadanos costarricenses, los derechos y garantías y el estado de excepción yo creo que incluso él desconoce que el artículo constitucional es muy claro, el 121 inciso 7, que es una facultad de la Asamblea Legislativa, pero dista mucho de la intención o lo que él está señalando", dijo.

Yo creo que aquí sí se le fue la mano al presidente Chaves y dejó entrever una figura que no debería estar en la mente de un presidente costarricense. Es una afirmación demasiado fuerte; además un estado de excepción implica que ya no existen las posibilidades de atender con facultades ordinarias una situación como la de seguridad, y aquí lo que ha faltado es acción del propio Poder Ejecutivo. Y entonces, pues realmente preocupa una afirmación de esas, porque yo creo que en la mente de un costarricense jamás podría estar la posibilidad siquiera de suspender derechos y garantías individuales”.

Gilberto Campos Cruz, diputado del PLP en declaraciones a Noticias Monumental, reiteró que la potestad de suspender derechos y garantías es del Parlamento y que dicho levantamiento no es antojadizo, pues debe reunir requisitos y cumplir condiciones establecidas en los mismos artículos de la Constitución.

Desde esa perspectiva Costa Rica no está en este momento para pensar en estados de excepción, sino que deberíamos pensar en buscar la mejora administrativa y buscar mejorar la asignación de recursos tendientes a mejorar la seguridad en nuestro país, mejorando la condición de nuestros cuerpos policiales.

Eliecer Feinzaig Mintz, jefe de bancada del PLP también se refirió a las observaciones del presidente:

Me preocupa y mucho la ligereza con la que el presidente de la República se refiere a la posibilidad de implementar un estado de excepción. Un mandatario de vocación democrática, más bien debería decir, eso no es algo que estamos considerando, la situación en Costa Rica es compleja y requiere de acción decidida, pero no necesitamos llegar a esos extremos, la situación aquí no es comparable con la de El Salvador. Y en todo caso, pues, habrá que explicarle al presidente que esa situación de excepción no la puede determinar el Poder Ejecutivo por sí solo, ¿verdad?, de acuerdo con la Constitución política”.

Por su parte, el diputado oficialista Manuel Morales Díaz, nuevo segundo secretario del Directorio del Congreso dijo a Monumental que Chaves lo que manifestó es que precisamente se busca evitar llegar a ese estado, y que una declaratoria de esa índole no se debe tomar a la ligera.

De verdad estoy seguro que se agotarán todas las vías posibles primero antes de llegar a un estado de excepción. De igual manera hay una responsabilidad de nosotros en el Poder Legislativo de aprobar o no esa solicitud, pero es importante destacar que no es una medida inmediata y que no será una decisión que no se piense de manera integral previamente, siempre con un trabajo en equipo y buscando el bienestar del país.

Al cierre de edición de esta nota diputados de Nueva República no se habían referido a las declaraciones del presidente.

De acuerdo con el investigador Carlos Brokmann Haro, Costa Rica integra junto con Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y la República Dominicana el grupo de países de la región que permiten la suspensión de garantías expresamente numeradas en la Constitución.

En países como Argentina, Bolivia, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela la suspensión puede hacerse de todas las garantías, salvo aquellas consideradas expresamente "fundamentales"; mientras que en Chile, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Paraguay y Uruguay sus constituciones no contemplan la suspensión ni limitación de garantías, aunque algunos de ellos limiten las libertades individuales.