Fumigación aérea habría causado emergencia en escuela de Upala.

El pasado 27 de abril se dio a conocer que al menos 27 personas estudiantes, profesores y administrativos de la escuela Villa Nueva de San José de Upala, sufrieron una intoxicación y tuvieron que ser trasladados al hospital de la localidad.

Un olor químico en el ambiente que provenía, aparentemente, de una fumigación aérea en plantaciones vecinas provocó  problemas respiratorios y la posterior atención de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos.

No es un caso aislado

Un caso similar se dio en agosto de 2019 en Platanar de Florencia de San Carlos en donde el Semanario Universidad reportó que 21 integrantes de la Escuela La Ceiba fueron trasladados a unidades de salud locales debido a la utilización de agroquímicos en una piñera cercana.

El grupo ambientalista Bloque Verde, junto con la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), alzaron la voz y pidieron por la desintoxicación de la niñez costarricense. En un comunicado a la prensa recordaron que en 2015 un trabajo de maestría de la Universidad de Costa Rica  estudió la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina, Limón.

El principal hallazgo: hay clorpirifós en las aulas. Se trata de un insecticida que la Unión Europea prohibió por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas. La investigación se desarrolló en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 plaguicidas rociados por las avionetas.

Además, mencionaron que en 2014 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) encontró “elevadas cantidades de etilentiourea (ETU)” en la orina de 445 mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano en el mencionado cantón limonense.

Mientras que el Programa Infantes y Salud Ambiental de la UNA, actualmente realiza una investigación con niños menores de 9 años en el cantón de Talamanca y ha encontrado significativas concentraciones de sustancias como el Mancozeb en la orina.

El fungicida Mancozeb, figuró entre los plaguicidas con más productos registrados en territorio nacional según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De mayor a menor estos son el clorotalonil (con 983), el glifosato (con 892), y el mancozeb (con 839), los tres con antecedentes de peligrosidad para la salud humana y el ambiente.

Dicho estudio resaltó quelos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen usos promedio de 2 kg de plaguicidas activo por hectárea de uso agropecuario, mientras que Costa Rica registra valores por encima de 9 kg.

¿Qué plantea la legislación?

Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola en Costa Rica, en su artículo 70, se establece que las aplicaciones aéreas deben dejar una franja de no aplicación no menor de 100 metros, entre el campo a tratar y cualquier carretera, casas,  centros de población, fuentes de agua o cultivos aledaños.

Además, la legislación establece que la distancia podrá reducirse de 100 hasta 30 metros si se dispone de una zona de amortiguamiento.

Un estudio realizado en Argentina en 2013, reveló que sólo un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida da en el objetivo, el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba dirigida. También se tiene estimado que tan solo el 32% de los plaguicidas asperjados fueron retenidos por las plantas objetivo de la aplicación, mientras un 49% se depositó en el suelo y un 19% viajó por el aire a otras áreas vecinas.

Al respecto, las agrupaciones ecologistas enfatizaron en la urgencia de contar con medidas para restringir o evitar que se fumigue con sustancias peligrosas en los sectores aledaños a de centros de salud, escuelas o  zonas habitacionales. La Fecon señaló que en 2019 instaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería a incluir dentro del Manual de “Buenas Prácticas Agrícolas” ampliar los radios a al menos 200 metros de cualquier centro de estudios, puntos de salud o centro de población. Sin embargo, la recomendación no fue adoptada.

En América Latina, existen países que tienen mayor regulación con respecto a las áreas de aplicación. Por ejemplo, en Argentina se prohíbe el radio de aplicación de 1500 m alrededor del límite de las plantas urbanas, además su legislación establece límites a la fumigación aérea en diferentes provincias como Buenos Aires (2 km), La Pampa (1km y no podrán sobrevolar cerca de ciudades), Santa Fe (3km), Santiago del Estero (3km y 500m bajo casos excepcionales) y San Luis (1km).

En Colombia existen límites de 100 metros en el caso de aplicación terrestre y 1 km cuando se trate de fumigación aérea. Mientras que en Uruguay se dispone la distancias de 500 metros y en Chile la única regulación que existe es de no aplicación cuando la velocidad del viento supere los 15 km/h.

En medio de esta discusión, la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”.

Bajo el expediente 23697, detallaron que la iniciativa pretende que la fumigación aérea no violente el derecho de las personas a un ambiente sano, garantizado en la misma Constitución Política y en fallos de la Sala Constitucional, citados en texto de ley.

Según la justificación, busca "proteger los derechos humanos a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado de las personas de zonas rurales y agroproductivas donde se hace uso de la aviación agrícola cerca de escuelas, colegios, zonas residenciales, centros de población o zonas de importancia biológica, principalmente expuestas a los efectos de plaguicidas de aplicaciones áreas cercanas a monocultivos o cultivos que utilizan este tipo de práctica agrícola”.

Desde Bloque Verde y Fecon consideran que la iniciativa va en la dirección correcta, pero debe de incluir además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Para las organizaciones, "el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud".