Cuesta imaginar un brazo del Estado más grande que aquel destinado a combatir la criminalidad. Intentemos dimensionar, aún de manera somera, de qué estamos hablando: el Ministerio de Seguridad Pública a cargo de los cuerpos policiales; el Ministerio de Justicia y Paz a cargo de las cárceles; el Poder Judicial donde confluyen la Sala III, los tribunales y juzgados penales, la Defensa Pública, la Fiscalía, el OIJ; y las comisiones legislativas encargadas del tema de seguridad. Como se puede ver, los tres poderes de la República tienen una alta cuota de participación en el diseño e implementación de la política criminal del país, quienes operan con poca coordinación en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.

A partir de los años 80, Costa Rica comenzó a importar un modelo punitivista de política pública para combatir la inseguridad ciudadana. Esto se tradujo en un aumento de la pena máxima de 20 a 50 años, la creación de nuevos delitos —en su mayoría relacionados con drogas— y, más recientemente la creación de tribunales de flagrancia. Todas estas acciones fueron impulsadas por un sentir colectivo de miedo, donde la inseguridad desde entonces figura entre los principales problemas que aquejan a los habitantes del país.

A pesar de que no existen informes gubernamentales ni estudios ciudadanos que determinen el monto total del presupuesto público destinado a combatir la criminalidad, existen voces que justifican la poca eficacia de las políticas alegando una falta de presupuesto y de rigurosidad para aplicar la cada vez más dura ley contra la delincuencia. Sin embargo, más allá de la poca transparencia en temas presupuestarios, es más preocupante aún la falta de investigación sobre las causas de la criminalidad en Costa Rica.

Pero… ¿qué dicen los datos?

La inseguridad ciudadana y la criminalidad tienen la particularidad de ser multifactorial, con orígenes en condiciones sociales, económicas y hasta individuales. Por eso, cualquier política orientada a combatir la criminalidad deberá contar con información precisa de sus causas y de las acciones destinadas a atacarlas. Cualquier política o discurso que ignore tomar en cuenta esta complejidad, pecará de populista.

Por eso preocupa la falta de interés del Estado por recabar información que permita atacar esta problemática con base en evidencia. De acuerdo con la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), dentro de sus fines está la investigación de las causas de criminalidad (artículo 3°). Sin embargo, las estadísticas recabadas por este órgano omiten identificar aspectos clave para entender la criminalidad, como lo son la condición socioeconómica, la composición familiar, si están inscritos en la seguridad social, entre otros.

A pesar del desinterés estatal por sistematizar información que permita comprender mejor los alcances y efectividad de las políticas de seguridad, los escasos datos existentes sí permiten identificar hacia quién dirige el gobierno estas políticas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Criminología (adscrito a la DGAS), las personas privadas de libertad son jóvenes (más del 50% son personas entre los 18 y 39 años), de baja escolaridad (a menor grado de escolaridad, mayor probabilidad de ser criminalizado) y contaban con empleos de baja remuneración. Asimismo, la mayoría de los delitos sentenciados son aquellos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos, es decir, delitos asociados a la pobreza.

Una conclusión simplista —o para muchos conveniente— podría indicar que las personas en condición de pobreza son más propensas a cometer acciones delictivas por su condición de necesidad. Sin embargo, una conclusión de este tipo estaría ignorando la vasta bibliografía y evidencia que muestra la selectividad con la que la policía y los cuerpos de seguridad operan, muchas veces guiados por prejuicios y estigmatizaciones basadas en la clase social. Es decir, pensar que la policía persigue por igual a personas en barrios marginales que aquellos de residenciales privados es, por decir lo menos, inocente. Lo irónico del asunto es que quienes están impulsando estas políticas están siendo investigados por delitos electorales con abrumadora evidencia en su contra.

La impericia de quienes están impulsando las políticas del plan “Costa Rica Segura” se evidencia en que las leyes propuestas duplican esfuerzos ya existentes y/o son abiertamente inconstitucionales, además de que va en contra de la conocida experiencia de que el punitivismo es una política fallida contra la criminalidad.

Si para la construcción de una política criminal basada en la evidencia tomáramos como base las características socio-económicas de las personas privadas de libertad, tendríamos como resultado que lo primordial es atender la pobreza y la desigualdad, así como ampliar y mejorar nuestra red educativa, pues a estas alturas es muy difícil ignorar que la represión y el punitivismo lo único que genera es mayor exclusión y marginalidad, lo que a su vez son caldo de cultivo para la inseguridad que busca combatir.

Nota: los datos aquí presentados son resultado de la tesis de licenciatura en Ciencias Políticas del autor.

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