“El debate nacional se debe centrar en la prevención, la protección de derechos y el fortalecimiento del tejido social", destacaron desde el colegio profesional.

De cara a las votaciones del próximo 1 de febrero y en media campaña electoral, el Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) hace un llamado público a las personas candidatas a puestos de elección popular para que prioricen en sus posibles agendas de Gobierno, acciones urgentes para abordar las problemáticas que impactan negativamente a la población costarricense.

Alison Salazar, presidenta del CPO, afirma que el debate nacional se debe centrar en la prevención, la protección de derechos y el fortalecimiento del tejido social, como pilares indispensables para la seguridad, la democracia y la convivencia pacífica del país.

Salazar detalla que, desde la Orientación, los retos del país no se entienden únicamente desde la seguridad, sino desde la capacidad del Estado y de la sociedad de anticiparse a la violencia, disminuir riesgos y asegurar condiciones de bienestar para las personas y las comunidades.

De manera puntual, el CPO identifica al menos cuatro problemáticas prioritarias que el próximo gobierno deberá abordar de manera articulada y con visión de largo plazo:

  • Seguridad ciudadana con enfoque integral:

Para los profesionales, la contención de la violencia debe ir acompañada de prevención territorial sostenida, protección efectiva de comunidades y rutas claras para evitar que la criminalidad capture a personas jóvenes. Esto requiere instituciones coordinadas, presencia estatal en territorios de mayor riesgo y oportunidades concretas que reduzcan la exclusión social.

  • Salud democrática e informativa:

La desinformación, los discursos de odio y la polarización digital están deteriorando la conversación pública y normalizando la hostilidad incluso en espacios cotidianos, señalan los orientadores. Ante esto indican que fortalecer la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la responsabilidad digital no es solo un tema educativo, sino una necesidad democrática y una acción preventiva.

  • Bienestar socioafectivo y permanencia educativa:

Puntualizan que los centros educativos y sus comunidades requieren condiciones para prevenir la violencia, fortalecer habilidades para la vida y sostener trayectorias educativas saludables. Según su criterio, la prevención no es un complemento: es una estrategia central para la protección de la niñez y la adolescencia y para el desarrollo social del país.

  • Violencia basada en género y protección efectiva:

Al respecto, destacan que se requiere reforzar la prevención, la atención oportuna y la coordinación interinstitucional, con respuestas que protejan, reparen y reduzcan riesgos en entornos familiares y comunitarios, siempre desde un enfoque de derechos y con acciones verificables en el territorio.

Peticiones

El colegio profesional plantea a la siguiente administración las siguientes peticiones vinculadas a la política pública, prevención y resultados medibles:

  • Un compromiso nacional con la prevención como estrategia de Estado, con presupuesto, metas e indicadores claros, especialmente en los territorios con mayor riesgo social. Prevenir es más efectivo y menos costoso que reaccionar tarde, pero exige planificación, continuidad y evaluación.
  • Fortalecimiento del Servicio de Orientación en los centros educativos, procurando condiciones reales para el acompañamiento preventivo, vocacional y socioafectivo. Esto implica disponibilidad de profesionales suficiente, distribución equitativa y cargas de atención que permitan una intervención cercana y oportuna tanto en primaria como en secundaria, incluyendo zonas alejadas y centros con menor matrícula.
  • Articulación efectiva con fuerzas vivas de la comunidad y la sociedad civil, promoviendo la participación organizada en prevención, redes de cuido y acompañamiento social, bajo marcos claros de coordinación institucional, enfoque territorial y corresponsabilidad. Municipalidades, liderazgos comunales, organizaciones juveniles, culturales y deportivas son actores clave como factores protectores.
  • Un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia, que promueva protección, participación, propuestas claras ante situaciones de violencia y una articulación interinstitucional efectiva, reflejada en servicios y respuestas oportunas.

Las personas profesionales también consideran importante una política nacional de ciudadanía digital y alfabetización mediática, articulada con el Tribunal Supremo de Elecciones y las universidades públicas, que contribuya a proteger la convivencia cotidiana y el proceso electoral frente a la desinformación, el hostigamiento y la manipulación emocional.

En paralelo, el CPO hace un llamado a las personas que integran el padrón electoral a ejercer una participación segura, informada y respetuosa, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales pueden amplificar mensajes que apelan al miedo, la confrontación y la desinformación.

“La democracia se fortalece cuando las personas votan con criterio, contrastan propuestas y sostienen el debate público desde el respeto”, señala la presidenta del CPO. Por ello, invita a verificar información, revisar fuentes y mantener una mirada crítica frente a contenidos diseñados para provocar alarma, rechazo o polarización.

Asimismo, exhorta a rechazar toda forma de amenaza, hostigamiento o violencia política, tanto en espacios presenciales como digitales. “Pensar distinto no convierte a nadie en enemigo; la diversidad de ideas es parte esencial del proyecto país. Cuidar el lenguaje y los vínculos eleva el estándar ético de la convivencia y protege el derecho de todas las personas a participar sin intimidación”.