Este trabajo investigativo es parte del libro "Fiscalizando el Poder Local" publicado por Urnas Abiertas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). El libro es un esfuerzo colaborativo entre la sociedad civil, la academia y el periodismo independiente. A través de investigaciones académicas y periodísticas se realizó una radiografía de la corrupción en los gobiernos locales de Nicaragua. Descargue el libro completo aquí.
Sin lugar a dudas consolidar la democracia ha sido una de las más grandes aspiraciones de los nicaragüenses. A lo largo de la historia han realizado diversos esfuerzos para alcanzar esa meta y los más recientes datan de entre 1990 y 2006. En esos tres períodos presidenciales de tendencia liberal, apoyados por organismos internacionales y mientras medían fuerzas con una oposición liderada por Daniel Ortega, impulsaron la democracia participativa a través de la participación ciudadana; y sentaron las bases para transparentar la gestión de los gobiernos municipales. Todos estos esfuerzos se frenaron a partir de 2007 cuando Ortega retornó al poder, la transparencia se convirtió en opacidad y de esos logros solo quedan algunos vestigios.
El secretismo que actualmente caracteriza la gestión de las 153 municipalidades del país —todas gobernadas por sandinistas escogidos por Ortega—, es tal, que nadie sabe por qué ahora la prioridad de las alcaldías es construir instalaciones deportivas. Esta decisión se agudizó tras el estallido social de 2018 y ni siquiera la pandemia de COVID-19 provocó que cambiara.
Además, estas obras se caracterizan por surgir en medio de decisiones que dejan al descubierto la intromisión del poder Ejecutivo. Muestra inequívoca de que la autonomía por la que tanto se luchó ya no existe. Esto ensombrece aún más las turbias operaciones que conllevan estas millonarias inversiones.
¿Qué se hizo en favor de la autonomía y la transparencia?
Entre 1990 y 2006 hubo esfuerzos para trastocar el modelo consolidado por Ortega durante su primer mandato en los años 80. En ese entonces, la relación entre el Ejecutivo y las alcaldías se guiaba por los intereses del FSLN, grupo guerrillero que se convirtió en partido político.
Para la periodista y feminista Patricia Orozco lo que se buscaba con estos esfuerzos, no era divorciar a los municipios del gobierno Central, sino evitar que la dependencia económica los obligara a obedecer órdenes.
"El concepto de autonomía municipal es nuevo en la vida política de Nicaragua. Busca que los municipios tengan vida propia, adquieran y profundicen su identidad, desarrollen sus propias políticas de desarrollo y progreso… La autonomía es para que cada municipio pueda definir su propia visión del desarrollo y para que su ciudadanía participe en esa definición”, explicó Orozco en el artículo “Ha sido herida la autonomía municipal ¿y qué ganamos las mujeres?”, publicado en la revista Envío en abril de 2012.
La consolidación de la democracia se realizó en dos vías: la de la transparencia activa, que viene del Estado y está relacionada a la divulgación de la información y cumplimiento de compromisos con organismos internacionales. Y de la transparencia pasiva, que consiste en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la fiscalización de la gestión municipal.
Estos esfuerzos incluyeron la creación de un marco legal, de mecanismos e instancias oficiales, el fortalecimiento de algunas instituciones y empoderar y animar a los ciudadanos a involucrarse en la toma de decisiones de sus municipios. Los mayores avances se registraron en la fiscalización de la administración de los recursos. Se divulgaba la información y se podía saber en qué invertían la mayoría de los recursos las alcaldías.
“Durante los gobiernos de doña Violeta Barrios de Chamorro (1990-1995), Arnoldo Alemán (1996-2001) y Enrique Bolaños (Q.E.P.D.) entre 2001 y 2006 se desarrolló la autonomía municipal. Pero inicialmente era una autonomía sin recursos económicos, con poca capacidad de hacer cosas. Era una autonomía más política que financiera”, explica el politólogo Silvio Prado en el artículo “Retrocedemos a los años 80, la autonomía municipal está más amenazada que nunca”, publicado en agosto de 2010 en la revista Envío.
¿Cuáles fueron los principales avances?
Esa brecha entre la autonomía política y la financiera según Prado, se fue cerrando en la medida en que se estableció y entró en vigencia el marco normativo de los municipios. “Se aprobaron una serie de leyes que fortalecieron la capacidad de autogobierno y también la capacidad de autofinanciamiento”, dice Prado, que en esa época dirigía el Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) que integraba la Red de Desarrollo Local (RDL).
Ese marco jurídico le permitió a los municipios gestionar su propio desarrollo. Entre las leyes más importantes que se aprobaron están la Ley 40 o Ley de Municipios, la Ley 475 o Ley de Participación Ciudadana y la Ley 466, Ley de Transferencias Presupuestarias. Esta última ordena entregar anualmente un porcentaje del Presupuesto General de la República a los gobiernos municipales. Ese porcentaje creció progresivamente hasta alcanzar el 10%en 2010. Así se mantuvo hasta antes del estallido social de 2018 y desde entonces ha variado considerablemente.
Según la normativa, estas transferencias deben asignarse a partir de cuatro criterios: capacidad de ingresos, eficiencia recaudatoria del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cantidad de población, y ejecución de las transferencias.
En su escrito, Prado explica que se establecieron esos criterios para que las transferencias no fueran utilizadas como arma política por los gobiernos centrales. Pero actualmente se desconoce si se aplica alguno de estos parámetros, ya que las revisiones indican que priva la conveniencia partidaria.
En 2006 tomaron auge las auditorías sociales
Una especialista en transparencia municipal consultada por Urnas Abiertas, dice que aunque se venía trabajando por la transparencia desde 1990, fue a partir de 2006 cuando tomaron auge las auditorías sociales.
Descubrimos que era posible trabajar con los ciudadanos en los territorios e involucrarlos en proyectos cercanos a ellos, como el mejoramiento de calles, escuelas y servicios de agua potable y alcantarillado. La gente se dio cuenta que era posible incidir en las decisiones del municipio. Además, se convenció de que era necesario hacerlo”, dice la especialista que por temor a represalias pide no ser identificada.
Además, en el año 2000 se celebraron las primeras elecciones municipales separadas de las presidenciales. Todos estos esfuerzos permitieron que durante la administración Bolaños (2002-2006) se fortaleciera la autonomía municipal.
No solo porque reconoció a los actores locales en el diálogo político, sino porque (Bolaños) fue el primer presidente de la República que tuvo la valentía de proponer la Ley de Transferencias Municipales, para garantizar autonomía financiera a los municipios”, dice Prado en su escrito.
La participación ciudadana es un derecho
Otras de las leyes que se aprobaron en esa época fueron la Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal y la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal.
“Esos avances se vieron acompañados por un alto grado de institucionalización de procesos de participación de la ciudadanía. Se fortalecieron los Comités de Desarrollo Municipal (CDM) y las Mesas Sectoriales. Y hasta se empezó a hablar en los municipios del presupuesto participativo”, detalla Prado en su escrito “La autonomía municipal no es una concesión, es un derecho que este gobierno ha socavado”, publicado por la revista Envío en junio de 2016.
Prado también admite que la cooperación internacional jugó un rol importante en el fortalecimiento de la autonomía local; y un papel decisivo en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las alcaldías. Esto sirvió como herramienta clave para el desempeño autónomo de los gobiernos locales. También impulsó los procesos de participación ciudadana, considera elemento fundamental para la consolidación de la democracia.
En cuanto a la autonomía financiera, el primer desembolso de las transferencias se hizo con un apoyo importante de recursos de la cooperación al desarrollo, que también respaldó la autonomía administrativa y desarrolló programas e instrumentos de fortalecimiento institucional y de transparencia. Entre ellos el Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal y el Plan de Fortalecimiento Institucional Municipal. La cooperación internacional, incluso, certificaba a las alcaldías por su capacidad de gestión”, detalla Prado.
Auditorías sociales para fiscalizar uso de los recursos municipales
Por su parte, la especialista explica que adaptaron a la realidad de cada municipio, metodologías que habían tenido éxito en otros países; y diversas organizaciones comenzaron a ejecutar proyectos relacionados a la auditoría social, vinculada a la fiscalización de recursos públicos. Estos proyectos los impulsaron las Organizaciones de la Sociedad Civil y hubo intercambios de experiencias con diversos países, entre ellos México y Brasil.
No se podía hacer todo lo que se quería, pero en ese momento existía cierto grado de apertura a la participación ciudadana”, dice la especialista.
La meta de estas organizaciones era garantizar el mayor grado de transparencia en la gestión municipal, por eso se trabajaba en dos vías: la de la transparencia activa que la debe generar el Estado y está relacionada con garantizar el acceso a la información pública. Y la transparencia pasiva, que surge de la ciudadanía y está vinculada al uso de la información disponible y a solicitar la que no está visible.
Por el lado de la transparencia activa durante la administración Bolaños se comenzó a publicar más información de la cooperación internacional, del presupuesto, de los planes de modernización y también información más detallada y de mejor calidad de los presupuestos municipales. Aunque nunca la información fue perfecta, porque por tradición el Estado se resiste a brindar la totalidad de lo que los ciudadanos tenemos derecho a recibir”, señala la especialista.
Como parte de esos esfuerzos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) creó el sitio web de las Transferencias Municipales (Transmuni), que hasta el 2017 reportó los presupuestos vigentes de las 153 alcaldías del país. Además, detallaba los gastos corrientes, los de capital y actualizaba constantemente su ejecución y la del Plan de Inversión Anual (PIA).
En esos años también se impulsó la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública cuya iniciativa surgió en 2004 por impulso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En 2006 Ortega la hizo parte de sus promesas de campaña para garantizar “cero tolerancia” a la corrupción.
En mayo de 2007 los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 621, es decir, cuatro meses después del retorno de Ortega al poder. Esta, entró en vigencia en agosto de ese mismo año. Pero representantes de diversos sectores aseguraron que el oficialismo que la aprobó, no tardó en matarla.
El aporte de Transmuni y Nicaragua Compra
Para la especialista, el establecimiento de los sitios web Transmuni y Nicaragua Compra fue un “esfuerzo interesante”, porque antes de que existieran, el MHCP solo publicaba los montos de las transferencias municipales.
En estos portales, a las transferencias presupuestarias se agregó el detalle de los ingresos municipales y también de los planes de inversión; además, la ejecución era actualizada con regularidad. A esto se sumó la publicación a detalle de las compras públicas en el sitio web Nicaragua Compra, aunque inicialmente solo incluía las compras nacionales, luego incorporó las municipales.
Estos fueron esfuerzos interesantes desde la transparencia activa. No eran perfectos, pero ayudaban y si se hubieran mantenido, a esta fecha Nicaragua estaría equiparada al promedio de transparencia de la región”, asegura la especialista.
Como complemento a estos esfuerzos surgió el portal web Mi Presupuesto Municipal, donde por un tiempo los ciudadanos pudieron dar seguimiento al funcionamiento de las alcaldías. Este se alimentaba de información oficial procedente de Transmuni. Este proyecto fue apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través del Programa de Gobernabilidad Local. Se impulsó en coordinación con el extinto Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (Ieepp), la Red de Desarrollo Local (RDL) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI por su sigla en inglés).
Desde la oposición apoyó y desde el poder destruyó
Entre 1990 y 2006 la mayoría de estas acciones, sino es que todas, fueron apoyadas por los operadores políticos que Ortega tenía en todos los poderes del Estado, mientras lideraba la oposición. Pero a partir del 2007 cuando regresó al poder, Ortega frenó este proceso del que ahora solo quedan vestigios.
Sus primeras acciones se enfocaron en restablecer el modelo que impuso durante su primer gobierno en los años 80, cuando en la relación entre el poder Ejecutivo y las alcaldías imperaba el interés partidario. Así llegó el fraude electoral del 2008 para apropiarse de las principales alcaldías del país, entre ellas la de la capital.
El resto es historia, en los comicios municipales de 2012, 2017 y 2022, simplemente se perfeccionó el fraude y con apoyo del poder Electoral y Judicial se destituyó a los pocos opositores que lograron asumir sus cargos. Así se llegó al 2022 cuando las 153 alcaldías del país quedaron en poder del oficialismo.
Pero mientras se allanó el camino para llegar al escenario electoral municipal del 2022, se desarrollaron otras estrategias. En reiteradas declaraciones a medios de comunicación, el municipalista Manuel Ortega Hegg aseguró que Ortega demolió la autonomía del poder local.
También afirmó que la independencia municipal desapareció desde que se impusieron los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los Gabinetes de la Familia y a los secretarios políticos por encima de las autoridades legítimamente electas. Además, se consolidó la figura de un superalcalde que “domina y controla” a los del resto del país.
El todopoderoso Fidel Moreno en sustitución de la autonomía
Para comprender este esquema impuesto por Ortega, basta con echarle un vistazo a la actuación del poderoso secretario general de la Alcaldía de Managua (ALMA), Fidel Moreno, considerado por algunos analistas,dirigentes políticos y sociales, como el operador político de confianza de la primera dama.
En los últimos cinco años, él tuvo la última palabra en las decisiones que tomaban 136 alcaldes sandinistas; y desde el 10 de enero del 2023, su poder lo extendió hasta las 153 municipalidades donde Ortega colocó a subordinados suyos. Su función consiste en imponer la agenda nacional del presidente y verificar que se cumplan las órdenes “de arriba”.
La actuación de Moreno es tan relevante que durante el estallido social de 2018, fue el encargado de dirigir, en todos los municipios del país, la operación “Limpieza” y el “Vamos con todo”, con lo que el régimen frenó las protestas. Represión que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provocó más de 350 asesinatos.
En julio de ese año, Estados Unidos lo sancionó aplicando la Ley Global Magnitsky. Un año más tarde, en junio de 2019, Canadá lo incluyó en su lista de sancionados y Reino Unido lo hizo hasta noviembre de 2021.
El ascenso de Moreno empezó cuando asumió la secretaría general de la ALMA en enero de 2009. Era un secreto a voces que él “susurraba al oído” del entonces alcalde y campeón de boxeo, Alexis Arguello, las órdenes que debían seguirse. Tras la muerte del deportista, el 1 de julio de ese mismo año, Moreno asumió el mando de la comuna capitalina.
Esto, a pesar de que oficialmente la vicealcaldesa Daysi Torres fue la que, por decisión del Concejo Municipal ocupó la silla edilicia tras la muerte de Argüello. Desde entonces su carrera siguió en ascenso y ha sido el poder tras el trono sin importar quien sea electo como alcalde de la capital de Nicaragua.
Se perdió la autonomía y con ella la transparencia
Además de imponer a Moreno, que también es secretario político del partido, Ortega siguió allanando el camino para asumir el control absoluto de las municipalidades. A partir del fraude electoral municipal del 2012, en el que se quedó con 127 de las 153 alcaldías del país, se impuso entre otras cosas la Ley del 50/50, que establece que las candidaturas de alcaldes y concejales sean repartidas equitativamente entre hombres y mujeres.
Esto, a criterio de especialistas, le garantiza la lealtad de los elegidos. Además, los alcaldes de todo el país viajan a Managua una vez a la semana a reunirse con el gobierno central, representado por Moreno, para recibir las orientaciones bajadas “desde arriba”.
También, a partir de ese momento los planes de Desarrollo Municipal, en su mayoría financiados por la cooperación internacional desaparecieron. Los sustituyeron por el Plan Nacional de Desarrollo Humano que debe adaptarse, en cada municipio, por orden de Ortega.
A todo esto hay que sumar que entre 2008 y 2022 Ortega destituyó al menos a 40 alcaldes opositores. Aunque lo hizo con el apoyo del Consejo Supremo Electoral (CSE), el Poder Judicial y la Policía, en la mayoría de los casos, Moreno apareció siempre en escena cuando había problemas. No obstante, hay que aclarar que él simplemente ejecuta en el terreno las órdenes de la pareja Ortega-Murillo.
Para los especialistas, los súper poderes de Moreno por encima de los 153 alcaldes del país dejan al descubierto cómo Ortega sepultó la autonomía municipal. Y, con ello, atropelló lo establecido en la Constitución Política del país que en su artículo 176 establece que el municipio es la unidad base de la división política administrativa del país; y en el 177 que el gobierno y la administración de los municipios corresponde a las autoridades municipales, las que gozan de autonomía sin detrimento de las facultades del gobierno central.
La falta de transparencia en la gestión edilicia que actualmente caracteriza a las 153 alcaldías del país empeoró a partir del estallido social del 2018, cuando gran parte de la información que se publicaba desapareció y se cerraron todos los espacios de participación ciudadana. Incluso, para los opositores que integraban los Concejos Municipales resultaba prácticamente imposible saber cómo se estaban manejando los recursos, ya que en las reuniones de los Concejos se dejaron de leer las actas y se incluía en la agenda únicamente los temas de interés del partido.
A partir del 10 de enero, cuando inició el periodo actual, ni siquiera se sabe cómo funcionan los Concejos Municipales. El nuevo modelo dominado totalmente por el oficialismo ha vuelto imposible que los medios de comunicación independiente participen en las sesiones o al menos consigan declaraciones de los concejales opositores. Ya que estos se deben al oficialismo, que por alianzas y arreglos con Ortega recibieron mínimas cuotas de poder en esos espacios.
En los últimos años la prioridad son las instalaciones deportivas
En medio de la falta de información agudizada a raíz de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el 2018, la prioridad evidente de las alcaldías ahora es construir instalaciones deportivas. Así lo hicieron en pleno 2020 mientras el país era impactado por la pandemia de COVID-19, a la que le restaron importancia, como también lo hacen con la falta de agua y mal estado de las calles, que afectan a los pobladores de la mayoría de los municipios del país. Pero por encima de cualquier problema hay otras prioridades. Por ejemplo, en 2020 la alcaldía de Masaya —que registró entre las víctimas de la COVID-19 a su alcalde Orlando Noguera— incluyó en su presupuesto 231,000 dólares para “remodelar” el estadio de béisbol Roberto Clemente.
A las pocas semanas desistió de remodelar y anunció que construiría uno nuevo, pero fue hasta mediado de 2021 que iniciaron las obras. Hasta ahora, no hay detalles sobre el costo real ni el origen de los fondos para la construcción de la nueva instalación deportiva que ya reporta un avance del 40%. Tampoco se sabe qué fin tuvo la partida asignada cuando se anunció la restauración del Roberto Clemente.
Cuando se anunció la construcción del nuevo estadio de Masaya, el entonces concejal opositor Carlos Brenes, explicó que la ausencia de información no sólo afectaba a esta obra, sino a una gran cantidad de proyectos. Ya que muchas se venían arrastrando por varios años y ni siquiera a ellos les informaban porque no se ejecutaban; tampoco, qué uso le daban a los recursos asignados para ellas en el presupuesto.
El concejal Brenes, militante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), lamentó que ahora la prioridad de las alcaldías sean las obras que sirven para propaganda oficial. Ya que incluso cuando se inauguran no se hacen en nombre de la municipalidad, sino de la pareja Ortega Murillo.
Estadios son la voluntad de Ortega
Algo similar ocurrió en León bajo la administración del exalcalde Roger Guardián. En 2020 el Programa Anual de Contrataciones (PAC) incluyó una partida de 100 millones de córdobas (unos 2.88 millones de dólares al cambio oficial de ese momento) para remodelar el estadio de béisbol Héroes y Mártires de Septiembre.
Pero luego le traspasaron las responsabilidades administrativas a la directiva del equipo de la liga profesional de béisbol de Leones de León. Y anunciaron que construirían otro estadio. Después del traspaso, no se supo que pasó con los 100 millones de córdobas y la comuna tuvo que buscar dinero para comprar el terreno para la construcción de la nueva instalación deportiva. De esta obra tampoco hay detalles sobre el costo real ni el origen del financiamiento.
En 2022, Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), supervisó los avances de la construcción del estadio de León. Durante su visita aseguró que dicha instalación es uno de los cinco proyectos que contempla la primera etapa del Plan Especial de Intervención en Infraestructura Deportiva. Este plan supuestamente inició en 2022 y concluirá en 2026; y las cinco obras que incluye son los estadios de béisbol de León y Masaya; los de fútbol de Estelí y Chinandega, y el polideportivo de Matagalpa.
Esta es una inversión sin precedentes en la historia del deporte y la voluntad de nuestro presidente (Daniel Ortega) de dotar a los departamentos con infraestructura de calidad de primer orden. Estadios avalados por las grandes ligas de béisbol con estándares y normas internacionales, que nos van a permitir realizar cualquier tipo de evento internacional”, dijo Torres durante la visita de supervisión de avance de las obras del estadio de León.
No obstante, la construcción de cuatro de esas cinco obras anunciadas por Torres comenzaron en los últimos meses de 2021. Y en el caso de Estelí, el estadio de fútbol está construido desde hace veinte años; sin embargo, año con año la alcaldía le asigna millonarias partidas para su remodelación y mantenimiento. Detrás de este estadio está el poderoso operador político Fidel Moreno que hasta 2018 también presidía el equipo de fútbol Real Estelí, pero renunció al cargo a raíz de la sanción que le impuso Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky.
La voluntad de Ortega la pagan las municipalidades
Y mientras el director del IND asegura que es la “voluntad” de Ortega que se construyan estas instalaciones deportivas, son los municipios los que pagan estos deseos del dictador. De acuerdo a los Planes Anuales de Contratación (PAC) publicados en el sitio web del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), en 2020 la alcaldía de León asignó 100 millones de córdobas para reconstruir el estadio municipal de béisbol Héroes y Mártires de Septiembre; 30 mil córdobas para comprar colchonetas para la barda del estadio; 1 millón para comprar equipo deportivo; y 50 mil córdobas para comprar bases con platinas. Ese mismo año, según concejales opositores, la administración del estadio pasó a manos del equipo profesional de béisbol Leones de León.
En 2021, la comuna leonesa destinó 970 millones de córdobas (unos 27 millones de dólares al cambio oficial de la época) para la construcción del nuevo estadio y 25 millones de córdobas para la consultoría de supervisión de la obra.
Pero también destinaron 400 mil córdobas para comprar material ferretero y herramientas; 200 mil córdobas para comprar productos de limpieza; y 100 mil córdobas para comprar un tractor cortacésped. Estas compras se realizaron para cubrir necesidades del estadio municipal Héroes y Mártires de Septiembre, cuya administración traspasaron un año antes al equipo Leones de León.
En 2022, volvieron a entregar recursos al Héroes y Mártires de Septiembre. Este año el PAC incluyó diez partidas de 50 mil córdobas cada una, es decir un total de 500 mil córdobas. Con este dinero compraron palas y mangueras, carpas de vinil, bases, pintura, material de limpieza, gasolina, material ferretero, banderas y arena. Además, una de las partidas se destinó para el mantenimiento del tractor cortacésped. El PAC de 2023 no reporta partidas asignadas relacionadas a los estadios.
Masaya también anunció remodelación y luego construcción
La historia de las inversiones en el estadio de Masaya es muy similar a la de León. En 2020 el PAC incluyó una partida de 8 millones de córdobas para la rehabilitación del estadio municipal Roberto Clemente. Pero al año siguiente, dejaron de lado la rehabilitación y anunciaron que se construiría de nuevo, pero en el mismo sitio del anterior. Destinaron 538 millones de córdobas (unos 15.30 millones de dólares al cambio oficial), para la construcción y 18 millones de córdobas para la supervisión.
En el 2022 el PAC reflejó una partida llamativa. 2.94 millones de córdobas para la adquisición de viviendas para el desarrollo de la construcción del nuevo estadio que se supone mantendrá el nombre de Roberto Clemente. La partida no incluyó más detalles, por lo que se desconoce si las usaron los trabajadores que estaban construyendo el centro deportivo. El PAC de la alcaldía de Masaya de 2023 no refleja compras relacionadas al estadio.
Las interminables inversiones en el estadio Independencia de Estelí
En el caso de Estelí las asignaciones para el mantenimiento y mejoras del estadio de fútbol Independencia datan desde hace casi dos décadas, cuando se inauguró. En los últimos cinco años la alcaldía de Estelí asignó 264.42 millones de córdobas para estas obras de las que no se conocen mayores detalles. Y lo poco que se ha trascendido, ha dejado al descubierto el tráfico de influencias y actos de corrupción en los que siempre ronda la figura del secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
En 2018 la comuna de Estelí invirtió 5 millones de córdobas en la compra e instalación de sillas para el Independencia. En 2019, no se registraron asignaciones. En 2020 destinaron 21 millones para sustituir la grama artificial y 135 millones para el mejoramiento de la infraestructura.
En 2021 la comuna le asignó al Independencia, 170 mil córdobas para comprar plástico negro para proteger la grama; 402,500 para servicios de topografía como parte del proyecto de mejoramiento; 40 mil para impresora y 15 mil para tinta, para uso del proyecto de mejoramiento; 82 mil para levantar el informe final sobre sistema eléctrico del sector de graderías; 316,800 para el diseño del sistema eléctrico; 320,160 para servicios de topografía del proyecto de mejoramiento; y 432 mil córdobas para el rediseño estructural del edificio de graderías del costado este.
En el 2022 se destinaron 98 millones para mejoramiento de infraestructura y mantenimiento; 2.26 millones para el mantenimiento de la grama artificial; 391 mil córdobas para pagar el traslado de material selecto desde el estadio independencia hacia el proyecto Bismark Martínez. Hasta el 20 de febrero el PAC de 2023 tiene previsto invertir 1 millón de córdobas en el mantenimiento de la grama artificial del estadio Independencia.
En Nagarote la prioridad no es estadio sino los bulevares
En Nagarote las eternas obras inconclusas no son deportivas, sino ornamentales. Se trata de los bulevares de acceso a la ciudad. En 2021 el concejal opositor Nicolás Narváez, también militante del PLC explicó que en los últimos cinco años las remodelaciones a esa calle se incluyeron en todos los presupuestos y sin ninguna explicación la obra nunca se concluyó.
Según Narváez en 2018 asignaron en el presupuesto 44 mil dólares para ese fin; en 2019 la cifra subió a 52 mil y en 2020 a 77 mil dólares. Lo más llamativo del presupuesto es que un municipio tan pequeño destine hasta 22 mil dólares para la compra de plantas ornamentales e insumos de jardinería. Nagarote es un municipio del departamento de León, tiene 598 kilómetros cuadrados de extensión y unos 32 mil habitantes.
El concejal aseguró que en muchas ocasiones pidió las actas de las sesiones para entender por qué destinaban tanto dinero a la remodelación del boulevard; ya que durante las sesiones los sandinistas aprovechando su poder de mayoría, omitían la discusión de ese punto.
De acuerdo a la información publicada en los PAC, efectivamente, en 2018 se asignó 1.50 millones de córdobas (unos 44 mil dólares al cambio oficial de la época) para la construcción del boulevard. En 2019, la inversión relacionada a la obra fue de 700 mil córdobas (unos 20 mil dólares) para construir un monumento a Sandino. En 2020, se destinaron 100 mil córdobas para la compra de material ferretero para mantenimiento del boulevard. En 2021, la inversión superó el millón de córdobas: 200 mil para la construcción y se incluyó el término “obra de arrastre”; 500 para comprar adoquines, y 349,198 en pago de mano de obra. Entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2023 la comuna ha invertido 1 millón de córdobas en los bulevares. 500 mil en la construcción de un andén marginal y otros 500 mil en mantenimiento y ornato de las áreas verdes.
Consejos municipales no rinden cuenta porque son mayoría
Hasta el año pasado, mientras los alcaldes sandinistas con apoyo de sus bancadas mayoritarias en los Concejos Municipales complacía la “voluntad” de Ortega, los concejales opositores lamentaban que en lugar de priorizar la construcción de centros de salud tan necesarios durante la pandemia, en casi todos los municipios el interés se mantuvo alrededor de las instalaciones deportivas.
Además, lamentaron que desde el estallido social del 2018 prácticamente los borraron del mapa. Ni siquiera le otorgaban la palabra durante las sesiones de los consejos municipales y muchos menos los dejaban ver las actas. Y, si intentaban reclamar, los amenazaban con desacreditarlos ante la población diciendo que se oponían a aprobar las obras de progreso y beneficio.
Quedan vestigios de transparencia activa, la pasiva pasó a la historia
A criterio de la especialista en transparencia el régimen ha castigado distintos niveles de transparencia activa, especialmente en lo relacionado a la divulgación de la información, el cumplimiento de compromisos con organismos internacionales y lo referido a los programas sociales, que son el gran hoyo negro de tanto a nivel central como municipal.
Con respecto a la transparencia pasiva, a los ciudadanos les cercenaron todos sus derechos referidos a la participación. “Además, al suprimir la información terminaron de matar la posibilidad de participar y de fiscalizar la gestión municipal”, asegura la especialista.
Ella admite que entre 2018 y 2019 al suspender las publicaciones de Transmuni mataron la posibilidad de fiscalizar la gestión municipal. Sin embargo, considera que lo poco que aún publica el portal del SISCAE, el detalle de las transferencias del Presupuesto General de la República, los reportes de ejecución de los informes de ejecución y liquidación presupuestaria y la información que divulga el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), aún permiten conocer un poco del manejo de los recursos municipales, por lo que considera que no se puede hablar de opacidad total.
Nunca hubo transparencia total, pero tampoco ahora podemos decir que hay opacidad total porque aún queda cierto grado de transparencia, aunque muy bajos y de manera especial en algunos temas mayoritariamente relacionados a los presupuestos. En cierta medida la información nacional existe, pero definitivamente la más castigada es la información municipal”, sostiene la especialista.
Además, considera que la poca información que aún se publica muchas veces al revisarla “grita que atrás hay corrupción”, entonces da una pista de por dónde seguir buscando. “A Ortega no le interesa la transparencia, nunca le interesó. Tampoco le interesa la participación, entonces eliminando la información quiso matar todos los espacios de participación y fiscalización. Además, como las decisiones se toman centralizadas para él no tiene razón de ser la transparencia, entonces simplemente dijeron no queremos que nos fiscalicen”, concluye la especialista.
En medio de la poca información que aún se divulga, lo más lamentable es que junto a la represión oficial con la que sofocó las protestas ciudadanas, el régimen Ortega Murillo le arrebató a los ciudadanos nicaragüenses todos sus derechos ciudadanos, incluido el de participar en la gestión de sus municipios.
Este trabajo investigativo es parte del libro "Fiscalizando el Poder Local" publicado por Urnas Abiertas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). El libro es un esfuerzo colaborativo entre la sociedad civil, la academia y el periodismo independiente. A través de investigaciones académicas y periodísticas se realizó una radiografía de la corrupción en los gobiernos locales de Nicaragua. Descargue el libro completo aquí.
