Una ASADA del distrito de Cipreses de Oreamuno presentó altos índices del plaguicida Clorotalonil.
La Municipalidad de Oreamuno afirmó a este medio de comunicación que apoyan la prohibición del plaguicida clorotalonil que perjudica a vecinos del cantón "siempre y cuando se capacite a los agricultores y se brinde una alternativa que sustituya a este producto", indicaron desde la oficina de comunicación del gobierno local.
Actualmente la comunidad de Cipreses de Oreamuno se encuentra afectada debido a la contaminación en el agua de las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de una ASADA que abastece a 4980 habitantes.
Desde 2021, estudios del laboratorio del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) han encontrado moléculas de la sustancia. Posteriormente, tanto la cartera de Salud como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) indicaron que los resultados no eran oficiales debido a que el IRET no cuenta con la Acreditación de la Norma Internacional, por lo que debían estudiar mejor la situación.
Desde octubre de 2022, el Ministerio de Salud clausuró de forma inmediata las fuentes de agua de ambas nacientes. La situación mantiene a las personas afectadas recibiendo agua para consumo humano por medio de camiones cisterna.
A través de la orden sanitaria DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022, se especificó que el agua no podrá ser utilizada para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal como parte de un principio precautorio. Solo se puede puede considerar el uso del agua para el funcionamiento de inodoros y otras actividades de limpieza y desinfección intradomiciliaria.
Incluso los últimos análisis hechos en diciembre de 2022 por el IRET-UNA, revelaron la presencia de degradados del plaguicida Clorotalonil 240 veces más de lo permitido. Tiempo atrás, el investigador del IRET a cargo e integrante de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas, Fernando Ramírez, explicó que lo encontrado son derivados que se utilizan en agricultura en cultivos de zanahoria, papa y culantro principalmente.
También detallaron que el Acueducto Municipal brinda el servicio a 35.000 personas del distrito de San Rafael y que realizan constantes estudios para garantizar la potabilidad del líquido al sector.
Recientemente, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (DIGECA) afirmó que también apoya la prohibición del Clorotalonil en el país.
En el oficio DIGECA-143-2023, enviado al diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, tras la consulta del congresista sobre la valoración del producto, afirmaron que la molécula plaguicida es de peligrosidad alta, "principalmente para organismos acuáticos tanto a nivel de toxicidad aguda como crónica".
En el documento, la DIGECA detalló que ha recomendado crear un equipo que debe estar conformado por Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Acueductos y Alcantarillados para subsanar el ambiente y la salud de las personas afectadas. También pidió realizar muestreos y análisis de aguas superficiales en causes de la localidad con el fin de indagar si se está dando una afectación más amplia al ambiente.
Al mismo tiempo solicitó al MAG que el Servicio Fitosanitario del Estado, como autoridad competente en la gestión del uso de agroquímicos, que desarrolle un plan de acción para velar por el uso seguro del Clorotalonil en la zona afectada en busca de una solución al problema de contaminación de aguas; el cual cuente con las acciones específicas, los respectivos indicadores que demuestren que se reduce la afectación de la población y los recursos necesarios para su ejecución.
Meses atrás más de 2500 personas y organizaciones enviaron un manifiesto dirigido al presidente Rodrigo Chaves Robles y a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, en el que pidieron prohibir el agroquímico Clorotalonil en Costa Rica, tal como sucede en la Unión Europea desde 2019.
Adicionalmente los legisladores por la provincia de Cartago de los Partidos Liberación Nacional, Rosaura Méndez, y del Frente Amplio, Antonio Ortega, pidieron cuenta a las autoridades de la cartera de Salud y de Acueductos y Alcantarillados para esclarecer la situación.
En un foro legislativo organizado por la diputada Méndez, el 25 de enero anterior, el Coordinador de Programa de Vigilancia y Control de Calidad de Agua Potable en Ministerio de Salud de Costa Rica, Albin Badilla, indicó que preparan un informe para que los jerarcas de los ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ambiente y Energía (Minae) y Salud, tomen la decisión o no de prohibir el plaguicida en territorio nacional.
