Agua contaminada no podrá ser utilizadas para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal.
La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, solicitó clausurar de forma inmediata las fuentes de agua para consumo humano que utiliza la ASADA de Cipreses de Oreamuno, en específico las fuentes Plantón y Carlos Calvo que abastecen a 4980 habitantes de la zona.
La orden se da debido a la aparente contaminación de las fuentes con derivados del plaguicida clorotalonil y la ausencia de información sobre los riegos entorno a la ingesta de ese producto.
A través de la orden sanitaria DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022, girada el 20 de octubre, se especificó que el agua no podrá ser utilizada para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal como parte de un principio precautorio.
El Ministerio de Salud también indicó al presidente de la ASADA, Virgilio Ulloa, que debe comunicar "urgentemente" a la comunidad de Cipreses de manera correcta y asertiva sobre los moléculas del Clorotalonil y la aplicación del principio precautorio, con la finalidad de prevenir problemas de salud en la población.
En otros dos informes dirigidos a la Jefatura Oficina Regional Central Este del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) piden presentar un plan de acciones correctivas en el que se especifique el responsable de llevarlo a cabo y el cronograma respectivo. Adicionalmente, el AyA deberá brindar agua a la comunidad de Cipreses de Oreamuno, de manera inmediata, por medio de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo que asegure disponibilidad de agua segura para consumo humano.
Las autoridades de salud señalaron que por el momento solo se puede puede considerar el uso del agua de estas fuentes para el funcionamiento de inodoros y otras actividades de limpieza y desinfección intradomiciliaria.
Desde el colectivo Frente Ecologista de Cipreses, quienes posicionaron el tema y le dieron difusión desde un inicio, solicitaron realizaron una auditoría con participación ciudadana de las fuentes de agua de la parte Norte y altas de Cartago "donde es muy posible que exista el mismo problema de contaminación", puntualizaron.
También piden prohibir el clorotalonil en el país, tal como lo hizo la Unión Europea desde el 2019. Adicionalmente enfatizaron en que se debe regular la autorización de agroquímicos, de manera en que solo se autoricen los que puedan ser monitoreados en las aguas por el ente oficial del AYA. "Es importante señalar que sin la presión cuidada seguiríamos de por vida tomando esa agua pues el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad de monitorear la mayoría de agroquímicos que hay en el país", manifestaron en un comunicado a la prensa.
El Ministerio de Salud y el MINAE deben ser parte activa de la evaluación integral de un plaguicida antes de emitir un registro para su uso y venta en Costa Rica", exigieron.
Descubrimiento de laboratorio no autorizado
En marzo de este año, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) dio a conocer la contaminación del agua con el plaguicida. Los resultados hallaron, en la toma de agua para consumo humano en el Plantón, las cantidades de 6,6 microgramos por litro (ug/L) para 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y de 0,13 ug/L para el 4-hidroxiclorotalonil, sustancias que contienen derivados del clorotalonil
En el caso de la naciente Carlos Calvo, el instituto pudo cuantificar la presencia de 0,8 ug/L de 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno.
Según detalló el Ministerio de Salud, la reglamentación de Costa Rica sobre las concentraciones de plaguicidas en el agua no permite la presencia mayor a 0.1 ug/L de plaguicida único o de 0.5 ug/L como suma de todos los plaguicidas detectados.
Tras los resultados, en la cartera de Salud solicitaron por orden sanitaria a la ASADA de Cipreses la realización del estudio hidrogeológico y la realización de análisis de laboratorio.
Por su parte, el AyA dijo a este medio de comunicación en mayo anterior, que conocían el estudio del IRET-UNA, pero que el laboratorio de la UNA no cuenta con la Acreditación de la Norma Internacional. Situación que respaldó el Ministerio de Salud en ese momento
Es decir, los resultados del IRET no fueron prueba suficiente para las autoridades porque no era oficiales ante el Laboratorio Nacional de Aguas que se rige bajo la norma internacional mencionada.