El primer artículo que decidí escribir en mi vida se tituló “Mujeres en la ruralidad: barreras y oportunidades” y esto no fue una simple ocurrencia de una mañana de domingo. El tema es que, si bien es cierto, soy una mujer joven que crecí en medio de las idas y vueltas de la GAM, un día de tantos decidí enrumbar mi formación profesional al sector agropecuario y la ruralidad. Con el pasar de los años, esta decisión me abrió las puertas a una realidad totalmente distinta lo que me llevó a considerar necesario visibilizar el papel de la mujer dentro de este sector.

Y es que es bien sabido que la discriminación y violencia contra las mujeres se encuentra a la vuelta de la esquina, pero resulta quizá más fácil visibilizar las demandas de un sector mientras otras luchas están en el mapa, pero no con la misma fuerza. No quería dejar pasar este mes de marzo para ampliar algunos aspectos que he hablado en otros espacios anteriormente pero no con la profundidad o enfoque que me gustaría.

Altos niveles de pobreza, acceso limitado a la justicia y la discriminación arraigada son algunos de los factores que impactan en un mayor riesgo de violencia para las mujeres y niñas de las zonas rurales, en comparación con aquellas que viven en las ciudades. A veces parece que algunos sectores no recuerdan que, en un país tan pequeño territorialmente como Costa Rica, los espacios de desarrollo y formación de las mujeres rurales son sumamente distintos y tenemos un abandono sistemático a estas zonas que podría llegar a considerarse política de Estado.

La seguridad social, salud, educación y seguridad laboral son áreas donde las mujeres deben ser visibilizadas, reivindicadas y sus derechos deben ser respetados y salvaguardados. Es importante destacar que constantemente la inseguridad alimentaria y la pobreza energética, así como el acceso digital, refuerzan la desigualdad de género en estos ámbitos. La equidad continúa siendo una meta lejana que requiere acciones que compensen y moderen la discriminación que afecta a las mujeres, es por esta razón que simplemente es fundamental incorporar el enfoque de género en cualquier iniciativa, proyecto, programa o política.

ONU Mujeres, señala que las mujeres rurales velan por la seguridad alimentaria en sus comunidades, generan resiliencia ante el clima y fortalecen las economías, pero las desigualdades en aspectos de leyes y normas discriminatorias a las que se ven sometidas limitan su pleno potencial.

Empoderar al colectivo de las mujeres rurales es clave para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, así como para la productividad económica general debido a su importante presencia en la mano de obra agrícola mundial. Para el año 2019, según datos de las Naciones Unidas, las mujeres constituyeron más del 42% de la mano de obra agrícola rural en los países de ingresos medianos bajos, una tasa que asciende al 64% en los países de bajos ingresos. Es decir, la agricultura es el sector empleador más importante para las mujeres que habitan en zonas rurales en países en desarrollo. Esto representa barreras tales como bajos salarios, limitado acceso a servicios rurales y pocas posibilidades de ascenso social razones por las cuales es fundamental impulsar voces colectivas y de intermediación por los derechos de estas mujeres.

Fuente. Conozca los datos: Mujeres y niñas rurales, ONU Mujeres.

Cuando entendemos que, en la ruralidad, a nivel mundial, menos del 15% de las personas que poseen tierras son mujeres o que solo el 30% de las mujeres rurales tienen la oportunidad de dar a luz asistidas por una persona profesional de la salud, así como el limitado acceso al agua potable y la responsabilidad de buscar agua recaída sobre mujeres y niñas en estas comunidades, podemos dimensionar que sí, sus luchas existen, son distintas, válidas y dignas. El abanico de temas a abanderar es tan diverso que va desde el trabajo decente, acceso a crédito, asistencia sanitaria y protección social hasta el aumento de la resiliencia de las mujeres ante el clima.

En el caso de Costa Rica, para el año 2021, cerca del 26% de las mujeres residieron en zonas rurales. El proyecto titulado “Trabajo y Crisis: aportes desde una economía política crítica heterodoxa para la vida” expuso un análisis que permitió visibilizar las dificultades a las que se exponen las mujeres rurales costarricenses. En este documento se evidenció que las condiciones laborales de informalidad a las que se expone esta población son realmente preocupantes en relación a las condiciones precarias en las que son empleadas, para finales del 2021, cerca del 32% de estas personas percibía menos de un salario mínimo como ingreso. Además, a nivel educativo, en promedio más del 70% no culmina la educación secundaria, por lo que las posibilidades de movilidad social y de disminuciones de desigualdades se ven aminoradas para estas mujeres que, por causas sumamente diversas no pudieron concluir su educación lo cual implica directamente una desventaja con el resto de la población.

Como es bien sabido, muchos de los desafíos a los que se enfrenta la población femenina rural son consecuencia de falencias estructurales y políticas de desarrollo que olvidan contemplar las características y realidades de la ruralidad. Desde sistemas de movilidad pública que dan vergüenza hasta el desinterés de la regionalización de la educación y capacitación son obstáculos que incrementan la brecha. Ya es bastante difícil hablar de la disminución de la brecha social entre hombres y mujeres, pero tenemos que recordar y agregar a este planteamiento la realidad de que las diferencias sociales y económicas también implican luchas distintas.

Como bien señalaron las Naciones Unidas en ocasiones anteriores “conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición”.

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