El próximo 20 y 21 de febrero, arrancará el proceso en el cual Costa Rica deberá demostrar que cumple con las obligaciones de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres derivadao de la convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

CEDAW es una herramienta que promueve cambios en la vida cotidiana de las mujeres para superar los efectos de la discriminación (incluyendo la violencia).

Este órgano que evaluará al país lo conforman 23 personas independientes. Tendrán la tarea de supervisar y monitorear la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por Costa Rica al ratificar la CEDAW.

Dato D+: En 1986, Costa Rica ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW (Ley N° 6968). Al hacerlo tiene la obligación de presentar informes sobre los esfuerzos de su implementación.

Previo a esta visita un grupo de organizaciones, colectivas y grupos de sociedad civil de mujeres, presentaron un informe de manera paralela. En el documento hicieron énfasis en denuncias sobre los incumplimientos estatales necesarios para alcanzar la igualdad y para garantizar todos los derechos de las mujeres. El reporte será insumo para el Comité CEDAW en el proceso de análisis al Estado costarricense.

Algunas de las deficiencias que adelantaron son:

  1. Acceso a la justicia: El Sistema de Justicia no es accesible para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad (condición migratoria, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, lugar de procedencia, entre otros) y reproduce estereotipos y prácticas discriminatorias y revictimizantes en contra de las víctimas de violencia.
  2. Plataforma de datos: No existe una plataforma de datos públicos que recopile toda la información sobre las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres desde un enfoque de género e interseccionalidad, lo que debilita las políticas públicas, además, en los gobiernos locales no se cumplen con políticas de género y se debilitan las Oficinas de la Mujer.
  3. Prácticas discriminatorias: La normativa aplicable sobre pensiones alimentarias permite la violencia patrimonial, y reproduce una visión sexista y estereotipada de la responsabilidad del cuido, por lo que se requiere reformar el Código Procesal de Familia, desde un enfoque de género. Por otra parte, se requiere reformar y actualizar la ley 5811 pues la violencia contra las mujeres en la publicidad no está siendo atendida por el Estado de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
  4. Libres de violencia de género: Distanciamiento y desarticulación del INAMU con los grupos de mujeres y feminismos, que debilita los mecanismos de consulta y participación en la agenda de mujeres. Además, el Estado incumple con la Opinión Consultiva 24/17 al discriminar a las población trans menor de edad al no reconocer su derecho a la identidad (únicamente se reconoce y tramitan casos para personas mayores de edad).
  5. Participación en vida política: En Costa Rica hay subrepresentación en todos los espacios de participación política de las mujeres, además de la normalización de la violencia política a lo interno de las estructuras de participación y el recrudecimiento de esta en las redes sociales contra las mujeres en cargos públicos o de representación.
  6. Empleo: La brecha en todos los indicadores de empleo evidencia que es en las mujeres donde más se concentra el desempleo, la informalidad, subempleo, se recibe menor pago por trabajo de igual valor en comparación con los hombres y se recarga el trabajo doméstico y de cuidado sin reconocimiento económico alguno, situación agravada por la pandemia por COVID-19. En el sector cooperativo y de economía social solidaria se dan prácticas de violencia política y discriminación, no se reconoce la paridad, lo que decanta en el desincentivo para la participación de las mujeres y su empoderamiento económico.
  7. Salud: No se garantiza el cumplimiento del lineamiento para la atención de mujeres lesbianas, bisexuales y no heterosexuales en los servicios de salud, ni se registran datos actualizados sobre estos ni sobre los procesos de hormonización de mujeres trans. Además, el aborto sigue siendo penalizado y no se cumple con la garantía de un servicio accesible para las mujeres en la aplicación de la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal. En el caso de las mujeres con discapacidad el Estado no registra datos desagregados, sobre los servicios a los que acceden y las condiciones, por lo que no se cumple con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la garantía del acceso a la salud.
  8. Mujeres rurales: La propiedad y la tierra están concentradas en los hombres, las mujeres rurales no representan ni el 15% de personas propietarias de las parcelas de producción agrícola, además no cuentan con créditos diferenciados ni condiciones materiales o apoyo de programas que les permita la sostenibilidad de su producción, comercio y aseguramiento de sus cosechas.
  9. Mujeres indígenas: No hay acceso a la justicia para las mujeres indígenas, existe una falta de información apropiada, representación letrada gratuita y accesible, además de que estas mujeres viven episodios de violencia por parte de ocupantes ilegales de sus territorios, llegando incluso a casos de violencia física, sexual o el asesinato de compañeros, todo esto ante un Estado que opera estructuralmente desde el racismo.
  10. Migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo: Las mujeres en condición migratoria irregular son explotadas laboralmente en la mayoría de los casos, además los trámites para su regularización no son accesibles económicamente. Una mayoría labora como trabajadoras domésticas recibiendo el salario más bajo existente o mucho menos que este, esta situación además significa la exclusión y barreras para garantizar el acceso y la prestación de servicios en salud, educación y otros.

El documento está suscrito por las siguientes organizaciones: ACCEDER, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), Agenda Política de Mujeres con Discapacidad, Alianza de Mujeres Costarricense, AMUCOODE, Casa Rara, CIPAC, Escuelita de Formación Feminista Saberes Cómplices, Grupo Poder Ciudadano, Museo de las Mujeres Costa Rica, MUSADE, Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica y REMISOD. Además colaboraron con información: ALAMUD, ACODEHU, CEFEMINA, FECODIS, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, IXA CA VAA y Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

Es preocupante que el mecanismo nacional y ente rector de la política para la igualdad y la equidad de género ha perdido respeto debido a la falta de liderazgo para la defensa de los derechos humanos de lasmujeres. Las actuales jerarcas han mostrado una carencia significativa de conocimiento y capacidad para dar seguimiento al trabajo que han ganado las mujeres por años. Ante un Estado de retroceso es alarmante que el mecanismo nacional no involucre a las organizaciones de la sociedad civil y atienda las necesidades de las mujeres desde una visión interseccional", afirman en el informe. 

Por su parte, el Centro de Derechos Reproductivos en Costa Rica pidió a la Cedaw escalar la recomendación de legalizar aborto que habían realizado en su última visita al país, con el fin de que soliciten un régimen de aborto compatible con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que adopte rápidamente medidas para abordarlo como un tema de salud pública y no desde el derecho penal.

Resaltaron que, aunque el Sistema Centralizado de Recaudación costarricense (SICERE), ha registrado algunas interrupciones legales del embarazo bajo la figura de “aborto terapéutico”, no hay suficiente información que permita contrastar la cantidad de interrupciones solicitadas frente a las que efectivamente fueron aprobadas y practicadas.

Adicionalmente, añadieron que, según datos de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC), en Costa Rica ocurren unos 27.000 mil abortos inducidos por año. Según estas cifras, en el país habría una tasa de 22,3 abortos por cada mil mujeres, en edades de entre 15 y 49 años, así como un promedio de 38 abortos por cada cien nacidos vivos. Todo esto, por fuera del sistema de salud formal.

La falta de datos es un factor clave que impide una política pública seria sobre aborto.La falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de mujeres y niñas tiene graves consecuencias sobre ellas que, entre otras, incluyen perjuicios físicos, embarazos no deseados, mortalidad materna, estrés postraumático, depresión y suicidio".