La Defensoría de los Habitantes, institución baluarte de nuestra democracia, actualmente ha sido objeto de un juego de poder del cual ya vivimos un episodio similar hace 26 años. La Defensoría nació en 1992 con la aprobación de la Ley 7319, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los habitantes de Costa Rica. Quien ocupó por primera vez este cargo fue Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, distinguido defensor de derechos humanos.

En 1997, esta institución se enfrentó a un segundo procedimiento de nombramiento para elegir al sucesor de Carazo Zeledón, ahí se presentaron discusiones que hoy, más de dos décadas después, se reeditan de manera peligrosa. En aquella época, quien ocupaba la Presidencia de la República era Jose María Figueres Olsen y las fuerzas políticas estaban marcadas por el bipartidismo en la Asamblea Legislativa, Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

El escenario se politizó, concursaron dos presidentes ejecutivos del gabinete de Figueres Olsen, también la ex primera dama (1986 a 1990) y ex precandidata a la presidencia (1994) Margarita Penón Góngora, así como Sandra Piszk Feinzilber, quien ocupaba una diputación en ese momento. Resalto el papel de esta última, debido a que la señora Piszk ocupaba una curul en el congreso, lugar donde se nombra a quien lidere la Defensoría de los Habitantes.

Las fuerzas políticas se enzarzaron entonces en una fuerte pugna, las elecciones nacionales para el periodo 1998-2002 estaban a meses de realizarse por lo que hubo involucramiento de figuras políticas partidarias y aspirantes a la presidencia de la República donde manifestaban su apoyo a una u otra, como si se tratase de un puesto de elección popular. El procedimiento se contaminó con la coyuntura política del momento. La imparcialidad quedó de lado.

Finalmente se designó a la diputada Piszk, quien renunció a su curul para evitar cualquier sombra de “parcialidad”. Esto marcó un punto de inflexión ya que en el 2014 se aprobó una reforma para que estos casos no se repitieran, por lo que se prohibió que diputados y diputadas del mismo periodo aspiren a este cargo. Aprendimos la lección.

Hoy, 26 años más tarde, nos encontramos en un escenario similar, el procedimiento de nombramiento se contaminó, se priorizó a aspirantes con vínculos directos con partidos políticos, como una excandidata a la vicepresidencia de la República, una ex ministra de Salud, un ex defensor de los Habitantes y actual asesor legislativo de una bancada parlamentaria y un miembro de una junta directiva nombrado por el actual gobierno.

Además, se dejaron de lado a personas que concursaron, con atestados, imparcialidad y trayectoria en esta institución. El procedimiento de los últimos meses supone un retroceso, primero por respaldarse nuevas candidaturas que no pasaron por un escrutinio y por la falta de criterios de evaluación, cosa que sí existió en 1997.

La comisión en su momento -1997- hizo una evaluación mínima, entrevistó y analizó atestados y sí estableció una metodología de evaluación, se valoraron aspectos como atestados (50%) entrevista (30%) y el reconocimiento público (20%) en el concurso actual no hubo calificación y las personas que la comisión recomendó al plenario estuvo basada, únicamente, en acuerdos entre los miembros de dicha comisión. Incumpliendo esto con estándares internacionales.

Es urgente, demandar reformas a los requisitos y al mecanismo de elección del defensor o defensora de los habitantes, la cantidad de votos para alcanzar la designación es la mayoría absoluta de los presentes, así lo establece la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Desde 1997 diferentes actores sociales manifestaron los riesgos de esa cantidad de votos pues más bien debería ser calificada. De ahí la especial atención para que la Defensoría, cuente con rango constitucional y que la votación para la designación pase a mayoría calificada de 38 votos.

Finalmente, debemos exigir a la actual Asamblea Legislativa que reconsidere las opciones que se han valorado para este cargo, como lo dije anteriormente, concursaron personas con formación, experiencia y que dan la impresión que son imparciales. Naturalmente todas y todos tenemos afinidades políticas, es válido pero lo que no es aceptable es que se pretenda nombrar una persona con vínculos directos con agrupaciones políticas o también personas que no concursaron.

Así las cosas, nuestro país retrocede más de dos décadas en la elección de un defensor o defensora de los Habitantes. Está en juego nuevamente la institución que nos debe defender de manera imparcial, objetiva y contundente ante casos que violen nuestros derechos, así sea contra el presidente de la república, contra sus ministros y ministras, contra la Corte Suprema de Justicia, contra los mismo diputados y diputadas o contra cualquier actor social. Parece ser que olvidamos nuestra historia y estamos cíclicamente condenados a cometer los mismos errores del pasado.

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