Las afrontas a los derechos humanos son actualmente un apartado casi permanente en las noticias de cualquier parte del mundo. Incluido en este catálogo de situaciones atroces e ilegales se encuentran conflictos lejanos, como las situaciones de Ucrania, China, Siria, Myanmar, entre otros, también casos más cercanos como Venezuela, y otros justo al lado, como el caso de nuestro vecino, Nicaragua. En casos como estos es que el derecho internacional debe entrar en acción para que se logren sentar responsabilidades y se haga justicia con las víctimas. Para lograr estos cometidos, es útil aprender de cómo se están organizando los actores relevantes en otras partes del mundo.
A finales de setiembre pasado, la Oficina del Procurador de la Corte Penal Internacional (CPI) y Eurojust publicaron unos lineamientos prácticos con el fin de guiar a las organizaciones de la sociedad civil en la documentación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según sus propulsores, los lineamientos tienen el propósito de empoderar y apoyar a las organizaciones que buscan recolectar y preservar información que pueda contribuir a investigaciones y acusaciones a nivel local o ante cortes internacionales. Adicionalmente, buscan luchar contra la impunidad y lograr que se puedan sentar responsabilidades con una efectiva rendición de cuentas. El Procurador de la CPI recalcó la importancia de que los diferentes actores trabajen de manera conjunta para lograr la protección de los más vulnerables. Los propulsores además presentaron este instrumento haciendo alusión a la guerra en Ucrania, y cómo este es un ejemplo más de las presiones que están sufriendo la paz y la justicia en diferentes partes del mundo.
Estos lineamientos traen recomendaciones sobre diversos aspectos, incluyendo cómo se debe abordar a personas vulnerables, cómo se debe documentar la historia de una persona, cómo se debe lidiar con documentos, información digital y objetos físicos, así como cómo se debe guardar la información recolectada de manera adecuada.
En nuestra región y particularmente en Nicaragua, por años se ha alzado la voz sobre los crímenes que se están cometiendo por parte de ese Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, ha salido condenando “la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país” y ha dicho que le urge al Estado adoptar las medidas necesarias para “el restablecimiento de la institucionalidad democrática”, ya que ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional, por su parte, ha denunciado que los periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguen enfrentándose a un entorno hostil en Nicaragua, que el gobierno sigue deteniendo sistemática y arbitrariamente a activistas políticos y defensores de derechos humanos, que se han dado numerosas desapariciones forzadas y ataques a los derechos de los pueblos indígenas, así como violaciones al derecho a la salud relacionadas con el manejo de la crisis provocada por COVID-19.
Por otro lado, en marzo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que estableció un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua que se hayan llevado a cabo a partir de abril de 2018, cuando estalló la revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Daniel Ortega. Esta resolución fue presentada por varios países, incluido Costa Rica. Esta misión tiene un mandato inicial de un año, con la intención de "recolectar, preservar y analizar información y evidencias" sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, "identificando a sus responsables". El mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado, además, por actores de la sociedad civil.
Como se colige de lo anterior, en Nicaragua ya existen numerosas organizaciones y personas que están luchando por la preservación de los derechos humanos y por el restablecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, ante circunstancias de tal envergadura, es vital que haya una adecuada coordinación entre todos los actores para que los responsables puedan ser procesados y se logre efectivamente sentar responsabilidades. Instrumentos como los lineamientos de la CPI pueden ser una herramienta útil y valiosa para que haya una adecuada preservación de la información, se logre justicia y una verdadera reparación integral a las víctimas.
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